D. Sandoval Nazal / resumen.cl

Así se sembró la agricultura nacional

Posterior a la Segunda Guerra Mundial y bajo la lógica del discurso del desarrollo, la agricultura se re-significó como agroindustria. Pasó a cumplir la función de producir dinero, primando su valor de cambio en el imaginario colectivo, sobre la de generar alimentos sanos como mecanismo de reproducción de vida, valor de uso, en coherencia con los elementos naturales, culturales y sociales locales involucrados en la actividad. En esa época, el gran victorioso de occidente en el conflicto bélico, EE.UU., diseñó restricciones comerciales para proteger la producción y el mercado agrícola interno, actitud que también fue adoptada en Europa. Así, durante la posguerra se creó un patrón de regulación nacional pero, al mismo tiempo, la libre circulación de capital de inversión tendió a integrar los sectores agroalimentarios de Europa y EE.UU., incluyendo una lógica de exportación y dependencia desde las ex-colonias al hemisferio norte que, por supuesto, continúa hasta hoy.

Además de transformaciones en los aspectos económicos, en este periodo tuvo su inicio la Revolución Verde, la que contempló el aumento de la superficie cultivada a nivel mundial y un cambio en las relaciones laborales; el aumento sistemático de la producción de alimentos por medio de la transformación y la transferencia de nueva tecnología; y la dependencia del “Tercer Mundo” a esta nueva forma de producir. No obstante, no significó en ningún caso un aumento en la calidad de alimentación de la población o una mejor distribución de dicha producción a nivel mundial. En general, los que antes pasaban hambre, no dejaron de sentirla.

En el contexto nacional, la fuerza puesta por los gobiernos se enfocó a la promoción de este tipo de agricultura, incluso previo al periodo de la Reforma Agraria. Ésta se centró principalmente en la redistribución de tierras y no en la re-significación funcional, que venía de años anteriores. Patricio Montaldo, en la página 218 de su libro “Antecedentes históricos y anecdóticos de la agricultura chilena”, cuenta sobre el inicio de la transferencia tecnológica en Chile coherente al contexto internacional:

“En la década de los años 40, el agrónomo Craft publicaba los progresos habidos en el control químico de malezas de California. El tema era toda una novedad y su autor el más destacado especialista.

A comienzos de los 50, la especialista Adriana Ramírez recibía muestras de herbicidas para ensayar en las condiciones de Chile.

Sin embargo su aplicación se veía limitada porque en Chile solamente existían las asperjadoras de espalda con una sola boquilla y se planificaba hacer demostraciones masivas en sementeras (…) En las cercanías de Estación Central en Santiago, había un taller mecánico cuyo dueño Otto Schulze se atrevió a fabricar una barra con seis asperjadores. La barra y su conexión al estanque con herbicidas se instaló en un Jeep del año 1940.

Una mañana de junio de 1951, se reunió un grupo de agricultores e ingenieros agrónomos para ver como trabajaba el primer equipo motor fabricado en Chile para asperjar herbicidas”

Posterior a este acontecimiento que da cuenta de la dirección que comenzaba a tomar la agricultura chilena por esos años, en 1962 entra en vigencia, antecedida por la Caja de Colonización Agrícola desde 1929, la Reforma Agraria de la mano de la ley 15.020. Pocos años después, en 1967, entró en ejercicio la ley 16.640 que profundizó y fortaleció la Reforma Agraria apoyada por la presión de la política exterior de Estados Unidos. Como se dijo anteriormente, la reforma estuvo principalmente enfocada en la redistribución de tierra rural con el fin de incorporar a la “sociedad moderna”, los sectores tradicionales y marginales del campo y, por otro lado, acelerar el proceso de desarrollo económico de ellos mismo y del país. Se crearon instituciones estatales independientes encargadas llevar a efecto la reforma, pero, además, fomentaron el “desarrollo” agrícola desde nueva tecnología. Así se creó la Corporación de Reforma Agraria (CORA), el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y el Consejo Superior de Fomento Agropecuario (COSFA). No obstante el objetivo primario que era la redistribución de tierra, bajo la dirección de estas instituciones, especialmente Indap, continuó el traspaso de tecnología y financiamiento-endeudamiento a los campesinos durante la década del 60´ e inicio de los 70´.

Posterior a septiembre de 1973, la contra-reforma agraria de la dictadura militar, aceleró la transferencia tecnológica al promover la inversión nacional e internacional y devolver -asignar- las tierras a personas con el capital económico suficiente para mantenerlas bajo las nuevas condiciones agrícolas mundiales y nacionales. Durante este periodo, la “normalización” de tierras expropiadas o en trámite de expropiación conllevó a que en el 7,48% de ellas se reconociera el derecho de reserva a favor de los antiguos dueños; el 27,19% se vio afectada a una revocación administrativa de expropiaciones. Del 65,33% de tierras disponibles el 8,15 se asignó a cooperativas; 5,11% a venta directa y 21,31% a parcelas bajo la forma de propiedad privada. Por último, el 30,76% restante es rematado y llega a las nuevas elites empresariales que dirigen hoy el país. Por consiguiente, las transformaciones en el tiempo que ha presentado la agricultura nacional desde la década del 40, y más fuertemente desde el 73´ en adelante, son el origen de las características económicas, laborales, sociales y culturales que tiene actualmente.

En los últimos años, Chile presenta una progresiva apertura económica que se ve reflejada en el aumento sistemáticamente suicida de acuerdos comerciales de desprotección (TLC y posiblemente el TTP, por ejemplo) con distintos países de América, Europa y Asia. Una transnacionalización de la agricultura. Concordante a ello, en los últimos 10 años Chile exhibe un desarrollo en la agricultura industrial exportadora que se condice con la intención del gobierno de perfilar al país dentro de los mayores productores de alimentos a nivel mundial, bajo la política pública que lleva por lema “Chile Potencia Alimentaria 2020”.

Escenario de la agricultura orgánica en Chile

Las sociedades hacen una selección entre las posibilidades alimentarias que les ofrece el medio ambiental y político, y los recursos técnicos disponibles. Así surgen algunas agricultoras/es que se inclinan a ocupar técnicas más convencionales, otras optan por recursos más naturales al momento de producir y un tercer grupo circula en este marco. Es necesario evidenciar que no existe información sistemática y extensa con respecto a la agricultura no convencional; la que existe se encuentra fragmentada, metodológicamente es poco confiable, hay periodos sin información y con incoherencias entre distintas instituciones públicas para los mismos periodos. Así, con lo que se dispone, nos enfocaremos en la agricultura no convencional con mayor información accesible: la orgánica. Este año se cumple una década de la entrada en vigencia, con su respectiva ley y normativa, del primer Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas. Es justo preguntarse cuál es el escenario de la agricultura orgánica y que dice la ley con respecto a ella.

Según datos entregados por la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), en Chile la superficie orgánica certificada durante los años 2000 y 2012 pasaron de 4.190 a 111.218 hectáreas. Del total de superficie orgánica el 2012, 12.472 se destinaban a cultivos y plantaciones, y 98.746 a pastoreo, recolección, praderas, etc. Mientras que para el mismo año, en datos entregados por el INE a la ODEPA, se estimaba a nivel nacional una superficie solo con respecto a siembra -convencional y alternativas- de 698.251 hectáreas. Estas cifras, si bien confirman el hecho que se trabaja la tierra principalmente con técnicas agroindustriales convencionales, también reflejan como los y las agricultoras están asumiendo una conciencia eco-política que los lleva a desprenderse de la producción con agro-tóxicos históricamente internalizada en el campo chileno:

Aumento de la superficie orgánica del 2000 al 2012

Fuente: elaborado a partir de datos obtenidos en Recabarren (2013) y disponibles en www.odepa.cl y www.sag.cl.

Es relevante observar que posterior al periodo 2008/2009 se produce, hasta el 2011, una baja constante de la superficie orgánica registrada por los organismos públicos. Esto se puede deber a tres motivos, por un lado a problemas administrativos de los departamentos encargados del registro de las hectáreas orgánicas, lo que generaría vacíos de información, como sostienen algunos investigadores rurales como Cea, Fernández y Recabarren. Por otro lado, luego del auge de producción orgánica impulsada el año 2006 por la ley 20.089, muchos agricultores decepcionados del modo productivo ante los altos costos de certificación y los problemas de comercialización, optaron por abandonar la producción orgánica y no volver a certificarse. Y, tercero, es más atractivo para los y las campesinas certificarse bajo normativas internacionales que nacionales, así pueden alcanzar directamente mercados extranjeros.

La superficie trabajada con lógica orgánica ha ido en aumento, si bien no es frenético, ha sido constante, posicionándose la región del Biobío como la mayor poseedora de hectáreas orgánicas a nivel nacional. No obstante, la producción, en su mayoría, está focalizada a la exportación a mercados norteamericanos y europeos -y ahora último a Asia-, relegando, aunque suene ilógico, a un segundo plano el abastecimiento local de productos más saludables. Es necesario recalcar que, aunque ésta es la generalidad en el campo chileno, existen agrupaciones campesinas y campesinxs individuales que se posicionan políticamente desde y para lo local. Son expresiones de resistencia multidimensional: económicas, tecnológicas, ambientales, discursivas, formativas, entre otras, que en otra oportunidad profundizaremos.

Ahora bien, la Ley 20.089 creó el año 2006 el primer Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas, en el marco del Programa de Desarrollo para la Agricultura Chilena 2000 – 2010, específicamente, en el área de agricultura limpia y de calidad. Este sistema único, regula la producción, elaboración o transformación, almacenamiento, manejo y envasado de vegetales, animales, productos pecuarios, apícolas y fúngicos procesados y no; con el fin de asegurar y certificar que sean productos orgánicos de estándar internacional y entren al juego competitivo donde pocos ganan a costa de muchos.

Los instrumentos públicos definen la agricultura orgánica según sugerencias del Codex Alimentarius (compilado internacional de estándares, prácticas, guías, etc. relativos a la alimentación). La ley conceptualiza lo orgánico desde la producción, es decir, entiende por orgánico a los alimentos que tienen un origen en “(…) sistemas holísticos de gestión de la producción en el ámbito agrícola, pecuario o forestal, que fomenta y mejora la salud del agro-eco-sistema, y en particular, los ciclos biofísicos y la actividad biológica del suelo”. Por otro lado, la normativa define la “Agricultura orgánica, ecológica o biológica como un: “(…) sistema integral de producción silvoargropecuaria basado en prácticas de manejo ecológico, cuyo objetivo principal es alcanzar una productividad sostenida en base a la conservación y/o recuperación de los recursos naturales de acuerdo a lo establecido en esta Norma” (Norma técnica Ley N° 20.089, 2011; p. 4).

En Chile el sistema productivo orgánico se define desde premisas comunes generales y la prohibición y autorización de ciertos insumos. No obstante, espacialmente encuadran la actividad agrícola y los efectos del cultivo orgánico en los límites del predio cultivado, sin mencionar a los campesinos que habitan, trabajan y rondan el lugar, ni la flora y fauna –flotante- local que interactúa directa o indirectamente. Direccionan los efectos positivos de cultivar o criar animales orgánicamente sobre los consumidores de dichos productos, y sobre la naturaleza que participa evidentemente de forma directa en el proceso productivo. Además, legalmente la noción de lo orgánico no involucra elementos culturales, sociales, políticos y económicos.

Es destacable la no distinción semántica que realiza la normativa entre agricultura orgánica, ecológica y biológica. Explícitamente, “Se hacen sinónimos las expresiones, productos orgánicos, productos ecológicos o productos biológicos para ser utilizadas por aquellos que cumplan con las normas de la agricultura orgánica” (Historia de la Ley N°20.089, 2006; p. 11). En este sentido, el Estado posee un control hegemónico sobre los conceptos, institucionalizando su noción y uso, y extendiendo un velo que invisibiliza las múltiples expresiones y construcciones locales de estos.

Ocurre una apropiación conceptual por parte de la normativa, que trae como consecuencia la ilegalidad del uso de estos términos en los envases o embalajes producidos en Chile por quien no esté adscrito al Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos Agrícolas o un sistema de certificación internacional. No obstante, es posible trabajar de forma autónoma bajo esta lógica productiva, pero los alimentos entrarán al mercado local sin un distintivo o sello que los diferencie de la producción convencional. Esta situación provoca segregación entre los agricultores, ya que además, los altos costos de certificación, difícilmente son pagados por los pequeños productores, limitando las posibilidades para ser reconocidos por su forma de trabajo.

Concordante a la homogenización conceptual, se tornan ilegales los insumos elaborados tradicionalmente no inscritos en el registro nacional que el Servicio Agrícola y Ganadero de Chile (SAG) posee para éste fin. Esto desemboca en una estandarización cultural, social y de los insumos tradicionales utilizados en el cultivo de alimentos. Además de imponer que, en el extenso y geográficamente diverso territorio nacional chileno, se producirán los mismos insumos, de la misma forma y bajo las mismas condiciones culturales.

Por último, cabe mencionar que el sistema de certificación nacional no reconoce prácticas tradicionales específicas, lo que, nuevamente, nos lleva a observar múltiples expresiones vernáculas invisibilizadas o directamente ilegalizadas. Por ejemplo, se suelen observar casos de producción de alimentos tradicionales elaborados en tierra o ceniza que entran en tensión con la normativa de salud, al no cumplir los requisitos legales para obtener la Resolución Sanitaria que autoriza la comercialización.

Existe diversidad agrícola en un mismo territorio e incluso, dentro de una misma categoría de sistema agroalimentario. No reconocerlo, sería excluirlos y violentarlos al invisibilizarlos y homogeneizarlos como ocurre, lamentablemente, en múltiples escenarios de nuestras vidas. Se requiere una apertura y flexibilidad de criterios y de la normativa del mal gobierno, para incluir la diversidad de sistemas agrícolas existentes por territorio, considerando que no todos los agricultores –y no agricultores- tienen como expectativa entrar en la lógica competitiva del mercado. En otras palabras, se debe respetar al pequeño campesino y no excluir, ni absorber, hasta hacerlos desaparecer en la duermevela de la agricultura orgánica.