[​​Ernesto Carmona / Ciap-Felap] Más de medio centenar de periodistas fue asesinado en Honduras desde el golpe cívico-militar contra el legítimo gobierno progresista de Manuel Zelaya, depuesto el 28-02-2009. El informe “Situación de Derechos Humanos en Honduras”*, publicado en febrero por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, confirma que antes de la alteración de la frágil democracia local no existían asesinatos masivos de periodistas, ni otras lacras como las altas tasas de mortalidad por homicidio que hoy imperan en Honduras .

El reporte también identifica a los periodistas y trabajadores (as) de la prensa y la información como a uno de los sectores sociales del país centroamericano de mayor vulnerabilidad frente a la violencia que ejercen el Estado y la corrupción de cuello y corbata a través de las policías, servicios secretos de “seguridad” y la llamada “delincuencia organizada”, de acuerdo a la información recogida en el terreno durante una visita efectuada por la Comisión entre el 1 y el 5 de diciembre de 2014.

El informe de la Comisión ofrece recomendaciones al Estado para que fortalezca sus esfuerzos por proteger y garantizar los derechos humanos, no sólo de los periodistas, sino de todos los hondureños.

Las estadísticas históricas muestran que los asesinatos masivos de periodistas emergieron en Honduras en 2009, una vez consumado el golpe cívico-militar contra el gobierno legítimo de Manuel Zelaya perpetrado el 28 de junio por Roberto Micheletti y los sectores más conservadores de Honduras, respaldados por el gobierno estadounidense de Barack Obama y con apoyo logístico de las fuerzas de EEUU asentadas en Palmerola, sede de la base militar “Fuerza de Tarea Conjunto Bravo (US Military's Joint Task Force Bravo, JTF-B"), Base Aérea "José Enrique Soto Cano", situada a 97 kilómetros de la capital de Honduras.

Todas las fuentes históricas, gremiales y periodísticas muestran como hoy Honduras, un pequeño país de 112.492 km² y escasos 8,5 millones de habitantes, disputa ahora las tasas más altas de asesinatos de periodistas a naciones gigantescas, como México (126 millones de habitantes y 1.964.375 km²), Brasil (208 millones de personas y 8.515.770 Km2) y Colombia (50 millones y 2 129 748 km²).

Según los datos oficiales citadas por el informe de la CIDH, en Honduras fueron asesinados 50 comunicadores (as) y trabajadores (as) de medios de información entre 2003 y 2014. Diez de estos 50 homicidios de 11 años fueron perpetrados en 2014, concluyó la Comisión de la OEA:

• José Roberto Ugarte, locutor radial y productor de televisión;
• Carlos Mejía Orellana, de 35 años, gerente de mercadeo de Radio Progreso;
• Hernán Cruz Barnica, 52 años, comunicador social, Radio Opoa;
• Oscar Antony Torres Martínez, 24, locutor de Radio Patuca Stéreo;
• Luis Alonso Funez Duarte, 47, locutor de la emisora Súper 10;
• Herlyn Iván Espinal Martínez, 32, periodista del noticiero “Hoy Mismo” de Canal 3;
• Nery Francisco Soto Torres, 32, Canal 23 de Olanchito;
• Dagoberto Díaz Suárez, 47, propietario del Canal 20 y de Cable Visión;
• Dorian Argenis Ortez Rivera, 32, locutor de la emisor La Nueva 96.1; y
• Reinaldo Paz Mayes, 48, propietario de RPM TV, Canal 28.

Aunque la visita de la Comisión se realizó a fines de 2015, el informe difundido el 18 de febrero registra “un número preocupante de asesinatos de comunicadores y trabajadores de medios” en el primer semestre 2015. También la Comisión se queja de que “tampoco están esclarecidos los motivos” de estos injustificables asesinatos de periodistas que hasta el momento de la visita eran 8 pero durante todo 2015 fueron diez, de una edad promedio de 35 años y 4 meses, según los registros de Ciap-Felap:

• José Carlos Fernández Umaña, de 54 años, conductor del programa noticioso Ciudad Desnuda en Canal 27, fue asesinado el 5 de febrero de 2015 en el municipio de Roatán, departamento de Islas de la Bahía.
• ErickGeovanyArriaga Casco, de 21 años, operador de Radio Globo, fue asesinado el 23 de febrero de 2015 en Tegucigalpa.
• Artemio Deras Orellana, de 24 años, presentador de radio, asesinado de un disparo el 23 de abril de 2015 cuando viajaba en el auto del juez de Paz Jorge Pérez Alemán, también asesinado, en el departamento occidental de Lempira.
• Cristel Joctan López Bermúdez, de 26 años, editor en Canal 12 de la empresa VTV, fue asesinado en la capital, Tegucigalpa, el 24 de abril 2015, al día siguiente que Deras y Orellana.
• Franklin Johan Dubón, de 23 años, locutor no vidente de Radio Sulaco, fue asesinado el 13 de mayo en Yoro.
• Juan Carlos Cruz Andara, de 51 años, periodista del canal Teleport [y activista LBGT], fue hallado asesinado con arma blanca el 23 de junio de 2015 en Puerto Cortés.
• Deibi Adali Rodríguez, de 22 años, camarógrafo en el Canal 13 Telemás de Copán, fue asesinado el 27 de junio 2015.
• Joel Aquiles Torres Alvarenga, de 48 años, propietario del Canal 67 y accionista de una compañía de televisión por cable en Taulabé, Comayagua, fue asesinado por sicarios el 3 de julio.

Los dos nombres de periodistas asesinados que le faltan a este reporte para completar las víctimas de 2015, según los datos colectados por Ciap-Felap –y salvo error u omisión– son estos dos:

• Adelmo Arturo Cortez Milla, de 42 años, locutor de radio Galaxia 21, en Gracias, departamento de Lempira, fue asesinado el 22 de julio en su vivienda del barrio San Cristóbal, según informes de prensa.
• Jacobo Montoya Ramírez, de 52 años, periodista de radio y televisió17:01 23-02-2016n, asesinado por dos hombres que el 25 de junio 2015 irrumpieron en su domicilio de Copán Ruinas.

La corrupción garantiza impunidad

Tras recoger abundante información en sus encuentros en Honduras con periodistas y organizaciones de la sociedad civil, la CIDH concluyó que “el crimen organizado –en el que se hallarían implicados funcionarios públicos y agentes de las fuerzas de seguridad del Estado– es percibido como la mayor amenaza a la vida e integridad física de aquellos comunicadores en Honduras que cubren noticias locales sobre corrupción, reivindicaciones territoriales, narcotráfico, delincuencia organizada y seguridad pública”.

Asimismo, “la información recabada durante la visita in loco permitió constatar que persiste en el país un alto riesgo a la vida e integridad de comunicadores que ejercen un periodismo de denuncia y son críticos de los gobiernos que siguieron con posterioridad al golpe de Estado de 2009. Esta violencia afectaría de manera especial a comunicadores que trabajan en departamentos al interior del país y en zonas rurales, incluyendo, entre otros, los departamentos de La Ceiba, Yoro y Olancho”.

Las policías no investigan

Según cifras oficiales, “alrededor del 96%” de los asesinatos de trabajadores de prensa no son efectivamente investigados. ¿Por qué? Probablemente para no hacer conexión entre los asesinatos y la tarea informativa de las víctimas, tal como ocurre en otros países de la región y, ¿por qué no?, del planeta. Según el informe, “las organizaciones de la sociedad civil consultadas expresaron preocupación dado que en las investigaciones se impulsaría la idea de que los asesinatos no están relacionados con el ejercicio profesional, sin adoptar criterios rigurosos de valoración de la prueba y seguimiento de líneas de investigación”.

“Para la Comisión Interamericana es fundamental que el Estado hondureño investigue de forma completa, efectiva e imparcial estos crímenes que afectan a toda la sociedad hondureña, esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”. En otras palabras, “las autoridades no deben descartar al ejercicio del periodismo como un móvil del asesinato y/o agresión antes de que se complete la investigación.

El ex Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, Frank la Rue, en una visita oficial realizada en 2012 recomendó al Estado de Honduras que “todo caso de violencia contra periodistas, así como contra defensores de derechos humanos, debe presumirse inicialmente como producto de su profesión o actividades hasta que la investigación pueda demostrar lo contrario”. La CIDH insistió en la necesidad de crear protocolos especiales de investigación que exijan la definición y el agotamiento de hipótesis criminales relacionadas con el ejercicio profesional de la persona agredida.

Ernesto Carmona, presidente de la Ciap-Felap, Comisión Investigadora de Atentados a Periodistas de la Federación Latinoamericana de Periodistas.

*) Informe completo: