A pesar de que el Estado chileno tiene los recursos suficientes (luego de años sostenidos de crecimiento económico), existe la percepción de que hay una barrera ideológica que impide que las autoridades asuman una posición desde un Estado garante de derechos, y frente a eso prefieran reproducir y profundizar el modelo de Estado subsidiario con el único objetivo de reducirlo, dándole protagonismo al sector privado y no a los actores sociales. En este sentido la cooperación publico-privada ha sido la tónica. De hecho debiéramos hablar para el caso del proceso de reconstrucción en Chile, en algunos casos de cooperación privada-pública, poniendo en primera posición al sector privado.

Desde el minuto de afrontar la emergencia han existido cuestionamientos e investigaciones sobre la relación “incestuosa” entre sector público y privado. Algunas casos han sido: el sobrepago[1] de las viviendas de emergencia o “mediaguas”;  la falsa ayuda humanitaria[2] ingresada al país por una de las cadenas más grandes de supermercados, pertenecientes a uno de los grupos económicos más poderoses del país, llamado Cencosud; el sobreprecio pagado por un puente mecano por el Ejército[3], entre otros escándalos salidos a la luz pública.

El proceso de reconstrucción ha sido cuestionado también por los planes de reconstrucción realizados por empresas privadas con conflictos de interés en los territorios y sin licitaciones públicas. Pero quizás el caso más emblemático de relación de complicidad entre el sector público de vivienda y ciudad y el sector privado, ha sido la antigua relación entre el Minvu y la Cámara Chilena de Construcción (CchC). Hay indicios que la CchC en la década de 1960 habría participado en el diseño del Minvu. Así como su protagonismo en la definición de las políticas subsidiarias instaladas desde 1975 hasta hoy, de las cuales las grandes empresas de la construcción organizadas en el CchC han sido unas de las más grandes beneficiarias. El poder y la influencia de la CchC ha quedado en evidencia en el proceso de reconstrucción desde 2010. Presiones políticas secretas al Minvu, para aumentar los “incentivos” a las empresas, que sólo se han llegado a conocer a través de filtraciones o investigaciones de la prensa.

La reconstrucción como excusa para erradicar a los pobres de los centros de las ciudades o de los bordes costeros.

Unos de los hechos más dramáticos de la instalación de la política urbana neoliberal hace 30 años debe ser la erradicación forzada de más 150.000 pobladores en Santiago[4]. Esta cifra nos parece conservadora, porque se basa en un estudio de 1984, claramente el alcance de esta política segregadora debe haber afectado a muchos más pobladores. “The state, with its monopoly of violence and definitions of legality, plays a crucial role in backing and promoting these processes”.(Harvey :35)[5]

Se trató de “erradicaciones, pero con metralleta, fusiles y subiendo a los pobladores a camiones. Hasta 1973 y luego también, las comunas que más campamentos tenían o asentamientos informales, eran Las Condes, Santiago Centro y Quinta Normal. Hubo una erradicación planificada, una política de Estado de expulsión, como el “apartheid sudafricano”, de sacar a los pobres de algunos sectores de la ciudad para “limpiar” y crear las condiciones para el mercado de suelo, y que así se generaran todos los desarrollos inmobiliarios que vinieron después y eso trae como resultado la “guetización” o construcción de toda la periferia pobre del sur de Santiago: La Granja, La Pintana, Puente Alto, La Florida, San Bernardo, Maipú y todo el norte y norponiente de Santiago: Quilicura, Conchalí, Renca, Cerronavia…Estos cambios legales, estructurales y políticos que empiezan desde 1979 en adelante, se ven reflejados física y socialmente en la ciudad…es el origen de los altos niveles de segregación que tenemos hoy en Santiago”. (Pulgar, 2010)[6]

“Uno de los criterios para erradicar fue el de las potencialidades inmobiliarias de los lugares que se habían ocupado: sobre esa base se despejaron grandes zonas, sentándose las bases para un desarrollo inmobiliario que abarca desde los años noventa a la fecha. Otro de los criterios de las erradicaciones fue reordenar el espacio político urbano y dispersar a los pobladores, que habían sido un actor social y movilizador importante…Erradicar no significaba trasladar a todos lo pobladores a una nueva localización, sino dispersarlos en distintos lugares de la ciudad”. (Rodríguez, 2009)

Una parte importante de los “erradicados” fue “beneficiario” de las viviendas sociales subsidiadas, “la localización de estas casas de 24m2 en comunas perifericas de bajos recursos agregan a la pobreza y hacinamiento, el desarraigo y el aislamiento”. Otro grupo ni siquiera recibió vivienda y fueron abandonados en sitios eriazos o canchas de fútbol de la periferia donde debieron reconstruir sus campamentos. En muchos casos los habitantes de un mismo campamentos fueron trasladados a diferentes puntos geográficos, ubicados a grandes distancias, demostrando así el objetivo de “atomizar y desarticular a los pobladores” (Hechos Urbanos, 1984).[7]« Ce que l’accumulation par dépossession permet, c’est la libération d’un ensemble d’actifs (force de travail comprise) à  un coût très réduit (dans certains cas égal a zéro)».  (Harvey, 2010:177)[8]

Hoy en pleno proceso de reconstrucción vemos como estos procesos de expulsión de los pobladores de la ciudad se están replicando. Los casos más emblemáticos en la región del Bíobío son las poblaciones Villa Futuro de Chiguayante y Aurora de Chile de Concepción. Un agravante para el caso de ambas es que no fueron directamente afectadas por el terremoto (a excepción de un edificio de la Villa Futuro), sino que se trata de “falsos” damnificados del 27F, escándalo que le costó el puesto a la ex Intendenta de la región.  Lo paradójico es que hoy estos pobladores son damnificados de la propia política habitacional y de la especulación, dado que han comenzado a demoler sus barrios.

Además de los casos de los centros históricos de Talca y Curicó, así como los bordes costeros de Constitución y Dichato, aunque en menor medida. En el caso de Talca impresiona visitar los barrios del centro y darse cuenta como a 3 años del 27F en los terrenos que habitaban pobladores empobrecidos, pero bien localizados, empiezan a emerger torres de departamentos y condominios de casas de alto valor. Desarrollándose un proceso conocido como gentrificación, es decir, cambio del nivel socioeconómico de los habitantes, pero en este caso facilitado por el terremoto y la no-reconstrucción.

Vemos entonces como se replica la política de vivienda subsidiaria, que expulsa a los pobres a las periferias y genera ciudades segregadas, dejando a los pobladores afectados desarraigados de sus lugares de origen, donde mantenían redes y tejidos sociales, además de poder acceder a servicios públicos e infraestructura inexistente en las periferias. Al parecer los “desastres socio-naturales” como maremotos, terremotos o incendios se utilizan como oportunidades para “limpiar” terrenos de sus habitantes originales y darles plusvalías para el mercado inmobiliario. Esto se ve reflejado en las mismas declaraciones del Ministro de Vivienda, quién destaca como un logro de la reconstrucción “la vitalidad del sector privado”, pero a costa de los de siempre, los pobres de la ciudad.

Frente a este panorama renacen procesos de organización y resistencia desde los territorios, que demandan el derecho a la vivienda y el derecho a la tierra, ambos protegidos por instrumentos del derecho humano internacional, en tratados ratificados por Chile. El desafío  ahora es como diseñamos una nueva política urbana, que sea capaz de resguardar los barrios y sus habitantes y evitar estos procesos de expulsiones, ya sean por el mercado o por las propias gestiones de los actores del estado. El enfoque del derecho a la ciudad y desde la justicia espacial son una alternativa, ya que plantean la función social de la ciudad, y la especialización de la justicia social, respectivamente.