Los operativos cívico-militares fueron acciones destinadas a paliar diferentes deficiencias en los barrios más pobres de las ciudades y sectores rurales. Consistió en desplazar un contingente militar que, en conjunto con organizaciones civiles, intervinieron esos espacios por un corto período de tiempo, generalmente un día o dos, realizando actividades de ayuda social, desde cortar el pelo o hacer revisiones médicas, hasta reparar averías en las casas de los pobladores o atender animales de compañía.
Las diversas ramas de las fuerzas armadas participaron en la intervención de los espacios públicos y los cuerpos de los ciudadanos; también el contingente de carabineros actuó como protagonista de los operativos, aliados a los sectores más comprometidos políticamente con el régimen: las secretarías y organizaciones de ayuda social controladas por los militares y los grupos políticos afines, principalmente el gremialismo, actuaron como agentes de mediación ante la inexistencia de los partidos políticos debido al receso político.
La dictadura transformó la Oficina de Emergencia, dependiente del Ministerio del Interior, en una organización cuyo objetivo fue atacar los problemas sociales más urgentes. Este organismo se propuso, hacia fines de 1973, una operación militar que erradicaría la pobreza extrema gracias a la cooperación cívica, fundando las acciones que veremos en el desarrollo del régimen, pero sin una clara planificación ni estrategia; de hecho su propuesta descansaba en la colaboración de la empresa privada, cuestión que no cuajó en el tiempo.
Esta instancia gubernamental definió un discurso claramente político para llevar a cabo su acción, declaró su absoluta prescindencia del proselitismo en las acciones que llevaría a efecto y, colaborando con las diversas instancias cívicas de apoyo a su labor, en un primer momento se dedicó específicamente a entregar alimentos, -recordemos que uno de las críticas más fuertes contra la administración Allende fue la escasez de alimentos-, por tanto el nuevo régimen se esmeró en solucionar el desabastecimiento. Claro que obviando el boicot del empresariado y la derecha golpista que provocaron ese desabastecimiento
En los primeros años de la dictadura, el discurso de reconstrucción nacional utilizó a los militares y policías como el sujeto fundamental de la acción política y social que caracterizó esta primera parte del período, en lo sucesivo se llamó a los civiles para integrar el dispositivo de intervenciones que comportaron los operativos cívico-militares.
“Hombres abriendo canales en las comunas de Santiago o mujeres empaquetando alimentos en La Granja son algunos de los efectos de la Campaña Nacional Social puesta en marcha por el Gobierno. Siete Ministerios (Interior, Defensa, Economía, Hacienda, Vivienda, Salud y Educación) junto con la Secretaría General de Gobierno, la Oficina de Planificación Nacional, Intendencias, Gobernaciones y Municipalidades enfrentan la tarea de movilizar el país. Para el ministro del Interior, general de división César Raúl Benavides, en el operativo intervienen desde el Presidente de la República hasta los organismos de base que son las alcaldías de las 286 comunas existentes.
El martes 10 se reunieron en Santiago 200 delegados: Intendentes, gobernadores y alcaldes de la capital y Valparaíso y numerosos funcionarios del Estado para estudiar los alcances del Plan. Este se originó en un oficio -12 de mayo- del Presidente de la República al ministro del Interior para que en 72 horas se coordinara un programa destinado a “aliviar la situación de los más desposeídos, en especial la de los niños y las madres de familia” (Ercilla, Nº 2081: 9).
Los operativos cívico-militares tomaron un carácter relevante como una estrategia dirigida a la ciudadanía, en el contexto de los intentos de constitución del movimiento cívico, engranaje político destinado a dar soporte al régimen de Pinochet. Podemos ver que el entramado de fuerzas militares y de orden colaborando en temas de protección social ejercitó un discurso que siempre había estado muy lejano a la derecha y que el gremialismo incorporó fuertemente a su acción política.
Así, las intervenciones en el espacio poblacional vinieron a sustituir al mediador político anterior, los movimientos sociales y partidos de izquierda, haciendo de los militares y el asistencialismo de la derecha pinochetista nuevos operadores en el barrio, disputando ese rol con sectores organizados desde la resistencia y la oposición, organizadas en gran parte a través de la Iglesia Católica (Chateau, 1987; Salazar, 2012).
Recién iniciada la dictadura vemos la ayuda a pobladores por parte de las fuerzas armadas y carabineros, organismos de gobierno y empresas por orden de la junta militar, esto para paliar la escasez de bienes en el mercado; así mismo se reabrieron postas médicas y se tomó conocimiento, por parte de los militares, de las condiciones de vida en las barrios periféricos. En la prensa se informó de las visitas de las nuevas autoridades, incluidas las tomas de terreno de fuerte presencia izquierdista.
Bajo la organización de la oficina de emergencia del Ministerio del Interior, en noviembre de 1973 se intervino en Concepción, en un plan metódico y anunciado por etapas; las acciones cívicas, por parte del regimiento Silva Renard. Vemos como recién comenzada la dictadura el rol de los militares fue abiertamente político, se acercaron a los barrios y escuelas con la clara intención de remarcar el discurso golpista.
“Efectivos del Grupo de Artillería N 3 “Silva Renard” están llevando a efecto un Plan de acción cívica que dice relación con la urbanización de algunos sectores, hermoseamiento y en general, solución de aquellos problemas de urgencia que afectan a los barrio, colegios y organizaciones comunitarias...
Los soldados del “Silva Renard” conversan con los estudiantes y profesores y directores o rectores con la finalidad de solucionar los problemas que allí se presentan al mismo tiempo que se les explica la forma en que pueden ayudar a la reconstrucción del país. También se abordan los problemas de tipo académico que se presentan” (El Mercurio, 10-11-1973: 11)
El modelo de operativo cívico-militar se construyó progresivamente. Al inicio de la dictadura se probaron diversas formas de intervención que desembocaron, a mediados de los setenta, en el dispositivo que conoceremos con su nombre definitivo. Los grupos de colaboracionistas civiles aparecieron paulatinamente en los años siguientes, en el conjunto de estas acciones, representaron un actor relevante y de intenciones mucho más ideológicas en comparación a los militares.
Acercándonos a los años ochenta, la mayor cantidad de operativos en los que participaron mujeres organizadas, fueron las acciones de Cema y muy por debajo, la Secretaría Nacional de la Mujer, y de la Juventud. La década fue mucho más convulsa que la anterior y estas intervenciones fueron muy valoradas por el poder dictatorial. Pero esa es una parte que aún nos queda por discutir.
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