"Este año pretendemos adentrarnos en los hechos históricos que, en torno al golpe de Estado y la dictadura de Pinochet, tuvieron un impacto relevante en la comunidad regional. Si bien los efectos de la represión y las políticas derivadas del régimen militar son múltiples y difíciles de explicar en detalle, pretendemos enfocar las efemérides en el contexto histórico para comprender la rica herencia que nos entergan aquellos luchadores que nos precedieron".
Cuando se produjo la octava protesta nacional, llamada para el 27 de marzo de 1984, el país se encontraba en medio de un ciclo de movilización social y política que hacía sospechar a muchos en una guerra civil desatada por el régimen, una segunda opción era la radicalización por la vía de la movilización, instalando la necesidad de democratizar el país; la tercera posición se dio en torno a la “politización” de la dictadura, abriendo una transición moderada. Otros pensaban que se produciría un autogolpe, como se expresa en la prensa de la época.
“Las alternativas que se sugieren son, muy gruesamente, cuatro. En primer lugar, el autogolpe. Es decir, la militarización total del Gobierno. Incluso hay quienes sostienen que eso significa que Pinochet gobernaría sólo con el Ejército, el fin de cualquier apertura y un proceso represivo a fondo. Algunos síntomas de esto se perciben, según los analistas. El recrudecimiento de la represión en sectores poblacionales. La inusitada violencia desplegada, otra vez, por Carabineros, tanto en pequeñas manifestaciones como contra los comerciantes ambulantes” (Análisis, Nº 78: 17)
Si bien el proceso, sabemos ahora, se fue definiendo entre la segunda y tercera de estas opciones, los excesos del pinochetismo contra el pueblo movilizado, ya sea por sus demandas históricas (trabajo, vivienda, derechos sociales) o por la lucha política de resistencia contra la dictadura. Miles de estudiantes y pobladores sufrieron el rigor de una represión desmedida contra los sectores que se manifestaron abiertamente contra el régimen y sus políticas neoliberales, enmarcadas en la doctrina de seguridad nacional.
La movilización social se gestó en los barrios pobres y en los centros de estudiantes universitarios y secundarios, también en algunos centros de trabajo, nuevas formas de protesta se habían instalado en el país, además de la resignificación en el repertorio de movilización, prueba de ello son los caceroleos en las noches de protesta. Así lo señalaba el medio de comunicación de la Vicaría de la solidaridad.
“En las poblaciones se vivía también un clima de intranquilidad. Apenas terminado el toque de queda, en diversos barrios periféricos se habían levantado barricadas en las avenidas más importantes, para evitar el acceso de las fuerzas policiales. Todos querían protestar tranquilos, según señalaron a SOLIDARIDAD. Media hora antes de iniciarse el toque de queda, a las ocho de la noche en punto -mientras el jefe de Estado sobrevolaba la ciudad- un fuerte caceroleo expresó la protesta ciudadana, especialmente de los sectores medios” (Solidaridad, Nº 174: 18).
Es en este contexto en el que las zonas urbanas de Concepción se suman vigorosamente a las protestas nacionales, la octava convocatoria dejó dos hechos de represión; justamente entre los estudiantes y los pobladores se definió el mayor odio de los militares y la derecha en el poder. Caupolicán Inostroza y las hermanas Torres Aguayo fueron víctimas de esa política de la dictadura.
En el primer caso, la gran participación estudiantil en las protestas obedeció a un desarrollo de la organización estudiantil que se venía haciendo patente desde inicios de los ochenta. Las expulsiones de estudiantes ya habían indignado a los jóvenes; mientras los trabajos voluntarios, reorganización de la FEC, entre una activa vida política y social en la Universidad de Concepción fueron logros que indignaron al gobierno. La muerte de Caupolicán Inostroza se dio en ese contexto, la verdad oficial lo recoge en los siguientes términos.
“Caupolicán Humberto INOSTROZA LAMAS, de 26 años, estudiante de Ingeniería Mecánica en la Universidad de Concepción, participó con otros estudiantes universitarios en manifestaciones de protesta en el Barrio Universitario de Concepción, pretendiendo marchar hacia el centro de la ciudad. Carabineros impidió esta marcha y los estudiantes respondieron con piedras. Uno de los carabineros hizo uso de su escopeta Winchester Anti-Motín, disparando un proyectil balín de goma que lo hirió causándole la muerte poco después, a causa de anemia aguda.
Los testimonios analizados por la Comisión le permiten presumir que, aunque la alteración del orden público podía ameritar intervención policial, los agentes de Carabineros hicieron uso excesivo de la fuerza, violando el derecho a la vida de Caupolicán Humberto Inostroza”(Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 1095).
Los estudiantes respondieron a este asesinato con la radicalización de la primavera política iniciada en 1983. El paro fue absoluto en abril, tomas de facultades y la exigencia de renuncia al rector designado Clericus llevó a la suspensión del semestre, el movimiento social estudiantil no pararía en su enfrentamiento contra el régimen, el terror de Estado fue derrotado por los estudiantes de Concepción a través de más organización y más movilización.
En las poblaciones el panorama era diferente, sumidos en la miseria, los pobladores comenzaban a organizarse con dificultad, pero claramente contra la dictadura, los cortes de luz, barricadas y ollas comunes se sumaban día a día tras las protestas. En ese sentido, el horror de la muerte de las hermanas Torres Aguayo vino a demostrar que el terror estatal podía generar hechos tan horrorosos como el crimen contra niños.
“Paola Andrea TORRES AGUAYO, de 3 meses de edad, y Soledad Ester TORRES AGUAYO, de 4 años de edad, eran hermanas y fallecieron por graves quemaduras sufridas al incendiarse su vivienda, en ausencia de sus padres.Esa noche se desarrollaron acciones de protesta en la población Libertad (Concepción), con corte de luz, y Carabineros intervino en el sector lanzando bombas lacrimógenas. En ese contexto se produjo el referido incendio, causado por elementos no identificados.
Por los antecedentes recibidos, esta Comisión presume que, aun siendo accidental el incendio, la muerte de ambas menores es atribuible a los hechos de violencia política existentes en el lugar”(Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 1095-1096).
La política contra el pueblo movilizado, hacia 1984, hizo uso de las estrategias más represivas contempladas por la doctrina de seguridad nacional, a la que adscribía la dictadura. El resultado de ello fue un odio creciente contra el régimen, que llevó a esta región a darle los más altos índices de rechazo al dictador en 1988. La memoria de los hechos se va desdibujando en el gran relato de la historia, cabe decir que el golpe de Estado está en el origen de estos asesinatos,conmemoramos 40 años de la asonada golpista y los sucesos relatados aquí derivan directamente de esa fractura.