Cuando pasaban las 22,00 horas de un día de invierno, un hecho terrible estremeció a la atemorizada ciudadanía penquista. Iris Vega Bizama y Alberto Salazar Briceño eran dos militantes del MIR y de la Resistencia a la dictadura militar, el día 23 de junio de 1979 una violenta explosión terminó con sus vidas en la calle Maipú de Concepción a la altura del 700. La prensa informó que se trataba de un atentado contra los estudios de la Radio Nacional de Chile, la emisora estatal controlada exclusivamente por el régimen. 

Tras esta historia se pueden entrever tres cuestiones fundamentales que dan cuenta de tres elementos de la historia política reciente de nuestro país, las circunstancias de la militancia de cada uno de los dos protagonistas de estos sucesos: los crímenes de lesa humanidad, en el caso de Iris, así como el compromiso político de Alberto y la dura lucha de resistencia de la organización a la que pertenecían, el MIR, se entremezclan en estos hechos.

En la situación de Iris Vega, una lotina nacida en San Rosendo, se mezclaron el sueño y la práctica revolucionaria de los jóvenes de su generación con la tragedia de su vida personal, atravesada por la desaparición de su compañero, Ogán Lagos Marín. Sola con un pequeño hijo emprende la lucha por la verdad y la justicia, pero sin renunciar a sus convicciones ideológicas.

Por su parte, Alberto Salazar es parte del grupo de marinos de fuerte conciencia social y política, nacido en Yumbel y radicado con su familia en Talcahuano, antes del golpe ya había sido detenido por adherir a los planteamientos de Miguel Enríquez en cuanto a la necesidad de crear un grupo de oficiales  leales a las fuerzas revolucionarias. Alberto sufrió los rigores de la cárcel y la tortura y cuando se le conmutó su pena por el exilio, decidió quedarse y combatir a la dictadura que arreciaba con los militantes miristas a inicios de los setenta.

El MIR había sido la principal preocupación por parte de los servicios represivos tras el golpe de estado de 1973, las múltiples operaciones y montajes contra esos militantes hicieron que la agrupación se viera fuertemente tocada. El mirismo sufrió el ensañamiento encarnizado del régimen y, obviamente, eso redundó en la capacidad de respuesta frente a la instalación ilegítima del poder de militares, empresarios y políticos derechistas. 

“Posteriormente agregó:

“Este es un hecho aislado, que ha causado interés en la gente, pero no hay otros hechos en la región. Es muy probable que estos grupos quieran extender a provincias lo que están realizando en Santiago.

El Intendente dijo que no hay antecedentes que permitan asegurar si la bomba iba a ser colocada en Radio Nacional, sino sólo suposiciones, por el hecho de que explotó frente a la emisora.

Sobre eso no me puedo pronunciar. No podemos referirnos a intenciones, sino a lo comprobado y a lo concreto.”

El general Prüssing (Intendente Regional) dijo que no podía decir si había o no personas detenidas, porque el caso estaba en manos del Tercer Juzgado del Crimen y el sumario es secreto” (El Sur, 26-6-1979: 1). 

Hacia fines de la década del setenta, lentamente se producían articulaciones desde la resistencia, tanto dentro del país, como por la Operación Retorno, se fueron sumando acciones que golpearon la terrorífica tranquilidad de la dictadura. En Concepción, el denominado “bombazo de Maipú” fue la primera de las acciones que estremeció radicalmente la conciencia de los penquistas, algo raro pasaba, algo aparecía y la imagen, en esta ocasión, eran dos cuerpos mutilados en una céntrica calle de la capital regional.

La conmoción creada -como deja entrever la cita- fue muy importante, la prensa se dedicó a indagar todos los detalles de los “terroristas” muertos y sólo encontró historias de dignidad, valor y lucha. La ciudad no volvería a ser la misma tras los acontecimientos, organismos de derechos humanos activaron sus redes y poco a poco, la región se levantaría para sumarse a los revueltos años ochenta y su cúmulo de protestas, neoliberalismos y operaciones represivas.

Los aparatos represivos hicieron una serie de allanamientos para cubrir rápidamente un hecho de extrañas circunstancias, la cortina de humo de los medios de comunicación se extendió para diseñar las más ridículas acusaciones, tanto en torno a los protagonistas de la noticia como en torno a los detenidos por el caso, acusados de tenencia de “postales” y “revistas”, extrañamente parecido a cosas actuales, ¿quién dice que las policías se han modernizado?. En fin, en los noventa se intentó poner algo de luz sobre los hechos, aunque nunca se logró la verdad y la justicia, como en tantos casos de explosionados por la dictadura. 

“La versión oficial indica que intentaban colocar la bomba en el local donde funciona Radio Nacional, cuando ésta les estalló. Como consecuencia de este atentado se comunicó a la opinión pública la detención de diez personas que la CNI acusó de formar parte del grupo que planificó la operación.

Desmiente la versión oficial lo determinado en el proceso judicial iniciado a raíz de estos hechos. En él, el día 11 de junio de 1980, fueron absueltos todos los involucrados al no acreditárseles delito alguno. Mientras tanto la investigación de las muertes permitió concluir judicialmente que ellas revestían las características de delitos de homicidio, sin existir eso sí antecedentes que permitiesen culpar a personas determinadas.

En atención a dichas conclusiones, la Comisión ha adquirido la convicción de que Alberto Salazar e Iris Vega fueron ejecutados, en violación de sus derechos humanos y, atendiendo a su militancia y la falsedad de lo señalado en el comunicado oficial, les atribuye sus muertes a agentes del Estado” (Comisión de Verdad y Reconciliación, 1992: 1005-1006). 

Cabe señalar que este caso específico simboliza una de las deudas de la frágil institucionalidad chilena en derechos humanos, la realidad de los explosionados, militantes resistentes ejecutados en dictadura por agentes del Estado y que no fueron considerados para ser reparados ni social, ni política ni económicamente.

El caso fue tipificado como homicidio,  tal cual lo señala la verdad estatal, pero nunca hubo culpables ni diligencia para hallarlos, no sabemos exactamente, salvo por los testimonio de familiares y testigos relatados en “No hay dolor inútil” (Vega, 1999), cómo ocurrieron los hechos, sólo conocemos las detenciones arbitrarias de la CNI y la persecución de la prensa local contra las víctimas de la explosión, pero sobre este caso y otros similares no ha habido ni verdad ni justicia.

Finalmente, la memoria vuelve sobre nosotros, el recuerdo se impone como buscando expresarse en nuestro discurso y nuestra práctica, tal vez va siendo hora de reposicionar a Iris y Alberto en el lugar que les corresponde, en calle Maipú, como conciencias explícitas de una época oscura y triste que, por otra parte, tuvo en ellos la valentía como signo y definición.

40 Años: La octava protesta nacional en Concepción