Este miércoles los presos políticos mapuche Alfredo Tralcal, Pablo Trangol, Ariel Trangol y Benito Trangol cumplieron 106 días en huelga de hambre en un delicado estado de salud. Los huelguistas buscan que las autoridades del estado chileno garanticen sus derechos, considerando que ya llevan más de un año y tres meses en prisión preventiva sin indicios justificativos de tal medida. Es por ello que exigen: el inicio de un juicio justo; la no a la aplicación de la ley 18.314 (denominada ley antiterrorista); no a la utilización de testigos sin rostros; y la revocación de la medida cautelar de prisión preventiva.

A pesar de los anuncios del Fiscal, Luis Torres, del cierre de la investigación, hace siete meses, aún no se inicia el juicio y tanto familiares como redes de apoyo han solicitado al gobierno de Chile atender la situación de los presos, recurriendo a la intendencia regional y hasta el Ministerio del Interior y de Justicia. En conversación con Resumen, Cristian Tralcal, vocero de los huelguistas, informó que la salud de los comuneros es bastante delicada, que los médicos recomiendan la derivación inmediata a un centro hospitalario. “Los cuatro peñis que están en huelga han bajado de peso y [tienen] otras complicaciones de salud, sin embargo siguen en pie de lucha por justicia”.

A su vez, el vocero manifestó que hay ordenanza, ya aprobada por Gendarmería, de dar comida por la fuerza a los comuneros. “Sabemos que esa ordenanza ya está aprobada, aunque aún no lo han realizado esperamos que nuestras peticiones sean acatadas por el Gobierno”, afirmó.

Los cuatro comuneros se encuentran en prisión desde junio de 2016, cuando la policía chilena los detuvo luego de un control vehicular a la camioneta en que iban len la región de la Araucanía. Luego de revisar los documentos proporcionados por Alfredo Tralcal, a los cuatro ocupantes se les comunicó que estaban detenidos por ser sospechosos de la quema de una iglesia. Desde ese momento están presos en la cárcel de Temuco, sin que haya pruebas que respalden la acusación.

Según la Fiscalía, los autores del siniestro religioso echaron combustible a la iglesia y luego hicieron disparos. Sin embargo, no existe evidencia ni rastros de estos elementos en las ropas de los ahora presos políticos. Tampoco se han encontrado materiales incendiarios o armas en la camioneta que se trasladaban. Es así que, sin pruebas que sustenten la acusación de la Fiscalía, estos comuneros han pasado más de un año en la cárcel, bajo la figura de prisión preventiva y la Ley Antiterrorista.

Cabe destacar que el Colegio Médico de Chile, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y diversas organizaciones en el país han hecho un llamado a dar atención y solución a la situación crítica que enfrentan los presos políticos mapuche. También se ha manifestado la organización Amnistía Internacional, denunciando que la aplicación de la Ley Antiterrorista no cumple con estándares de debido proceso.