A 39 años de la acción represiva: Conmemoran a los ejecutados en la Operación Alfa Carbón
Acto Alfa Carbón[/caption]
El mismo 23 de agosto de 1984 se inicia lo que luego pasaría a la historia judicial del caso. En las fiscalías de Concepción y Valdivia comenzaría un proceso contra 16 miristas detenidos y responsables de “violencias innecesarias”, que causó la muerte de los ejecutados en la Operación Alfa Carbón: Luciano Aedo, Mario Lagos, Nelson Herrera, Mario Mujica, Rogelio Tapia, Raúl Barrientos y Juan José Boncompte. El caso estaba en la justicia militar, a cargo del fiscal Pedro Marisio, él les tomó declaraciones a los agentes, que después de salir de los cuarteles de la CNI pasaron a prisión. Interrogó a seis sabiendo que tenían nombres falsos, asesorados por Miguel Ángel Parra Vásquez, abogado de la CNI.
¿Por qué fue importante sacar el caso de la justicia militar?
Durante toda la dictadura la justicia militar decía que este tipo de crímenes eran competencia de la justicia militar, por lo tanto, eran investigados por fiscales militares y quien dictaba la sentencia final era un general, además, los recursos que se pueden ejercer son mucho más reducidos.
“Por supuesto que era un sistema de justicia que no reconocía derechos básicos, a los querellantes, a las víctimas, de hecho, no existía la palabra querella, no existe la palabra querella en la justicia militar”, comenta a RESUMEN Magdalena Garcés, abogada de Derechos Humanos y representante de todas las familias en la causa por la Operación Alfa Carbón. Eso significó que, durante muchos años, todas esas causas, fueran cerradas, declaradas prescritas y no investigadas. Es preciso destacar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, condenó a Chile por aplicar la justicia militar.
En 1998 el fiscal declaró que no es posible dar con las verdaderas identidades, sobresee la causa y es recién en 2003 que el fiscal militar Fernando Grandón, ante una nueva tentativa de sobreseimiento, permite que el departamento quinto de la PDI investigue, dando con los primeros dos nombres: Hugo Hechenleitner y Víctor Muñoz.
Es en 2007 cuando Magdalena Garcés se hace cargo de representar a la mayoría de los familiares y consigue pasar el caso a la justicia civil, “se vio la necesidad de sacarla de la justicia militar, cosa de lograr que toda la causa estuviera en la justicia ordinaria, con un ministro en visita, pero además que se viera todo el operativo en conjunto, que ha sido un problema con muchas causas que tienen un operativo en el que participan muchos agentes, en el que las víctimas están vinculadas entre sí, sin embargo, te hacen un juicio aparte y entonces después no se puede dimensionar la magnitud de los hechos”.
El 2009 el ministro Aldana reabrió el proceso por la muerte de Mario Mujica y en 2011 acumuló las tres causas: Valdivia, Concepción y Los Ángeles en una sola. “Respeto a Nelson Herrera, Mario Lagos y Luciado Aedo, la causa siempre estuvo abierta desde el 84 y eso es puro esfuerzo y tesón de la familia”, dice la abogada Garcés. Por su parte, Tamara Lagos, hija de Mario Lagos Rodríguez, explica que “todo lo que se ha podido avanzar ha sido en respuesta del empuje que hemos hecho constantemente, los hijos e hijas desde muy niños y niñas”.
“Tomé la causa por petición directa de Patricia Zalaquett y Cristina Chacaltana. Fue una causa que tomamos por iniciativa de los familiares, los hijos de las víctimas también tuvieron un rol importante, de alguna forma la causa la llevé con ellos”, menciona Garcés. Un caso que quizá hubiera pasado desapercibido de no ser por la perseverancia de las familias, “la importancia de las mujeres en todo este proceso, de quienes sobrevivieron, que son mujeres y sus hijos y de cómo ellas sostuvieron la vida y esta memoria”, plantea Tamara Lagos.
Es importante destacar la condena por asociación ilícita que, a pesar de que se queda corta, “en términos generales la justicia ha condenado muy pocas veces por asociación ilícita tanto a los agentes de la DINA como de la CNI, son casos contados”, explica la abogada Magdalena Garcés.
Lamentablemente en esta causa solo se logró condenar a los autores “materiales” quienes dispararon y causaron la muerte respecto a cada una de las víctimas y a quienes dirigieron de manera operativa la matanza, pero hubo una cantidad importante de mandos operativos intermedios y de personas que colaboraron a que los crímenes se ejecutaran que no fueron procesados por el ministro Aldana, quien estimo que no les cabía responsabilidad, además de todos los mecanismos jurídicos que protegieron a los agentes, que declararon con nombres falsos y bajo la asesoría del abogado Miguel Ángel Parra, quien les decía qué y cómo tenían que declarar. “Lamentablemente eso queda dentro de un espacio importante de impunidad que existe hasta el día de hoy”, comenta Garcés.
La abogada complementa con que “no logramos hacer justicia sobre todos los responsables, que deberían haber sido condenados, pero sin embargo logramos hacer condenas importantes a un grupo grande de la CNI que además están vinculados a muchas otras causas, muchos de ellos participaron en otros asesinatos”.
La causa está actualmente en tabla ante la Corte Suprema, se espera que se rechacen los recursos de casación que interpusieron las defensas de los condenados en los próximos meses y que cumplan en prisión los responsables. La abogada aclara que “el recurso de casación es una especie de recurso de nulidad, en que ellos piden que los absuelvan o se bajen las penas y lo que nosotros pedimos, es que se mantenga la sentencia en la Corte de Apelaciones y que entren a cumplir las penas de prisión a las que fueron condenados”. Asimismo, explica que las penas dictadas son penas de cárcel efectiva, las cuales “no son suficientes en relación a la gravedad de los delitos que se cometieron, pero al menos, son penas altas que en algo vienen hacer justicia, aún que sea tantos años más tarde”.
Es difícil para las víctimas tener que esperar y luchar tantos años por lo mismo, “han pasado 50 años del golpe y 39 del asesinato de mi padre. En nuestro país la justicia es muy tardía y eso hace que sea muy difícilmente sentida como justicia”, por esto Tamara Lagos considera que es importante responsabilizar a los autores de los crímenes, por algo incluso más grande que el dolor de las familias y la justicia que esperan, sino para poder construir la historia desde la verdad, “establecer al responsable es fundamental porque tiene que ver también con poder construir una verdad histórica lo más inamovible posible”.
“Esperamos que las condenas estén acorde a los crímenes que se cometieron, estamos en eso muy atentas”, cierra Lagos, mientras que para Magdalena Garcés es fundamental resaltar que “queremos tener un poco de justicia y que eso de algo de tranquilidad a las víctimas”.