A diez años del "dejemos que las instituciones funcionen” de Ricardo Lagos: la democracia restringida que no se suicidará
En Opinión
Fernando Chomali, Luis Felipe Moncada, Jacqueline Van Rysseberghe y William Corthon (Crédito: Aqua.cl)[/caption]
Su exasesor, Joel Chávez, quien la delató afirmando el marido de Van Rysselberghe le pidió firmar una boleta para así justificar gastos de su campaña, afirmó a CIPER:
“(Ella) recibía correos con las indicaciones que tenía que presentar al proyecto. Yo a veces tenía que firmarlas electrónicamente e ir a presentarlas en las comisiones o secretarías respectivas. Ella recibía correos y llamados con instrucciones para presentar indicaciones a proyectos, para suspender comisiones y atrasar proyectos (…). Las indicaciones se las enviaban ya redactadas de la empresa Asipes, del remitente Luis Felipe Moncada. Estos correos iban con copia a Juan Pablo (Morales, otro asesor de la senadora), yo era solo el ejecutor. Recibía un documento, lo firmaba electrónicamente y lo iba a presentar”.
Como ninguno de estos antecedentes fue suficiente para que el poder judicial estableciera un fallo judicial coherente a la gravedad de los hechos, la imputada pudo presentarse a la reelección, renovando el cargo senatorial en que funge hasta ahora.
Es perentorio señalar que lo ocurrido con Van Rysselberghe no era exclusivo de ella. En un artículo referido a la misma causa, La Tercera publicó que, de acuerdo a la Fiscalía, en las nóminas de ASIPES para el financiamiento político figuraban: Hosain Sabag (ex senador DC del Biobío), Patricio Melero (diputado UDI por Pudahuel), Alvaro Ortiz (alcalde DC de Concepción), Alejandro García Huidobro (senador UDI por la región de O'Higgins), Cristián Campos (diputado PPD por el Biobío), Jorge Ulloa (Diputado UDI por Talcahuano), Frank Sauerbaum (ex diputado RN en Biobío), Cristián Monckeberg (diputado RN Las Condes), Tomás Fuentes (ex concejal RN en Las Condes), Sergio Ruíz (candidato a concejal Independiente pro RN en San Carlos), Rodrigo Anabalón (alcalde RN en Chiguayante), Carlos Larraín (ex senador RN), Felipe von Unger (concejal UDI por San Miguel), Máximo Pavez (concejal UDI en Conchalí), Emilio Amstrong (ex candidato UDI a alcalde de Concepción), Gabriel Torres (ex concejal RN en Hualpén), Iván Norambuena (diputado UDI por el Biobío), Hugo Arancibia (ex candidato PS a concejal en Talcahuano), Sergio Bobadilla (ex diputado UDI por el Biobío) y Gastón Saavedra (alcalde PS de Talcahuano).
En septiembre de 2020, la Fiscalía del Biobío, representada por Marcela Cartagena, decidió no perseverar en esta investigación por cohecho, soborno y corrupción, cerrándola, sin que las evidencias fueran desmentidas.
Ahora bien, volviendo a nuestro inicio... “dejemos que las instituciones funcionen”, decía Ricardo Lagos cuando se le consultaba sobre lo posible y lo debido en la política chilena. Aunque hoy la frase se pronuncia con la ironía propia del pueblo riéndose de su desgracia, hay quienes siguen apelando a su contenido buscando cumplir el propósito político de él y la Concertación desde el inicio de los gobiernos civiles postdictatoriales: que la sociedad no se entrometiera en los procesos enmarcados en operaciones institucionales, supuestamente ajenas a relaciones de poder, determinadas absolutamente por marcos normativos que, como siguen diciendo, son democráticos.
Nos estamos refiriendo a vociferantes que divulgan de distintas maneras que la manifestación pública y la protesta social constituyen actos extemporáneos, pues ya está en funcionamiento una Convención Constitucional que por sí misma evacuará una Constitución mucho mejor que la vigente. Aseveran que el ejercicio colectivo de presión por el establecimiento de alguna garantía en favor de los intereses de la comunidad o un sector social constituye una práctica estulta, propia del apasionamiento de seres carentes de racionalidad política. Sin embargo, su juicio no considera la inexistencia de mecanismos, efectivamente democráticos a través de los cuales la población pueda participar de las decisiones que le atañen. Su perspectiva no contempla que absolutamente todas las garantías que salvan a la sociedad chilena vivir peor, por mínimas y puntuales que sean, tienen en su trayectoria algún acto de protesta o una acción de fuerza contributiva a su establecimiento, no por decisión antojadiza de protestantes, sino porque no ha existido otra vía, otro canal de participación política.
En Chile no existen mecanismos democráticos básicos como la iniciativa popular de ley, ni tampoco normas que faciliten la realización de plebiscitos comunales vinculantes, así como referendos nacionales y regionales vinculantes para la resolución de diversas cuestiones. Más aún, el ordenamiento jurídico nacional no consigna algo tan elemental como un procedimiento eficaz referido a la revocación de quienes estén en cargos de representación popular cuando un sector representativo de la población lo exija (en este sentido, el país ya se hubiera evitado bastantes desgracias).
El impedimento de prácticas democráticas fundamentales, así como las abominables conductas de la clase política profesional, han creado un contexto propicio para el de desentendimiento político por parte de un sector creciente de población, un analfabetismo político expresado sobre todo en segmentos adscritos corrientes religiosas que renuncian al juicio crítico para interpretar la realidad y a un modo lumpenizado de vivir (en los marcos valorados socialmente y en los marginados). Este es el nicho que busca avivar la derecha ante la amenaza de perder privilegios, luego que Chile haya declarado que despertó y que no dejará otra vez que “las instituciones funcionen”, sin estar sobre ellas, vigilándolas.
En este contexto, la realidad nacional exige prácticas que superen lo sectorial, lo contestatario, incluso lo vigilante. Urge, como afirmaba el profesor Igor Goicovic, “transformar la demanda social en programa político […] definir: ¿qué tipo de economía, qué tipo de sociedad y qué tipo de régimen político queremos construir?”, para ello es imperante el empeño en la creación y fortalecimiento de la organización popular y sindical.
A diez años del “dejemos que las instituciones funcionen”, resulta perentorio establecer diversos canales de participación decisiva en la política local y nacional como única garantía para la defensa y conquista de condiciones suficientes para vivir.
https://www.youtube.com/watch?v=pZ45eT5X-5M
Foto extraída de theelders.org