La última semana el caso de los abusos laborales, en una empresa de participación del Presidente de la República, en la cual se incluía sueldos inferiores al mínimo y trabajadores sin contrato, entre otras cosas, dio para escandalizarse, por supuesto. Pero fue aún más escandalosa la explicación del vocero de gobierno, Andrés Chadwick, que sin rubor alguno señaló que Piñera no tomaba decisiones en la empresa y que la responsabilidad recaía en los administradores. Algo similar se dijo cuando se vio involucrado en los casos de colusión de las farmacias. O cuando se señaló su participacion en SalfaCorp, quien tenía gran parte de las licitaciones de la reconstrucción y se pusó a la vista su fideicomiso ciego. El hombre es un inocente.

Simultáneamente, la campaña orquestada desde la Alianza para sepultar a la oposición en las elecciones, incluye una baraja de dirigentes emblemáticos de la Concertación que son acusados por sus responsabilidades por las fallas o negligencias del 27 de Febrero. Los dirigentes de la Concertación, también culpan a los administradores.

En todos los discursos del gobierno actual, y también de los anteriores, la responsabilidad es exigida al pueblo en su conjunto como un valor intransable. Pero la responsabilidad de la clase política se diluye con campañas publicitarias.

Más allá de lo indignante que pueda parecer el asunto, vale la pena aclarar y reiterar que esto no es nuevo. Y es necesario ver en estos hechos, una regularidad, una conducta histórica del bloque de poder.

A mediados de Enero, la Corte Suprema recibió una disputa por 129 hectáreas entre unos pequeños propietarios y la Forestal Celco, de la familia Angelini. Celco exigió el reconocimiento de su fundo, inscrito en 1991 en el Conservador de Bienes Raíces, lo cual la Corte Suprema desestimó por ser los pequeños propietarios dueños de los terrenos que habían inscrito a principios de 1900.

La empresa forestal se había adueñado de estos predios, así como de muchos más, inscribiéndolos y explotándolos, y así sus antiguos dueños se veian invadidos de un momento a otro, por el gigante forestal. Tal como la compañía bananera en Macondo.

El caso mapuche es emblemático. Tras la usurpación de tierras,y su explotación en manos ajenas, las empresas forestales lograron riquezas astronómicas y ante el reclamo mapuche, la ley antiterrorista y la militarización del territorio no se hizo esperar. Carabineros de Chile funciona como el guardia privado de las empresas forestales, protegiendo el derecho constitucional a la propiedad privada.

La ley parece ser relativa entonces.

La conducta histórica es que los poderosos imponen condiciones de hecho y luego construyen una jurisdicción que protege aquellos intereses. Y cuando la jurisdicción no da el ancho para sus intereses, la sobrepasan. Pero esto no sucedió hace tiempo, como un hecho fundacional de Chile solamente, como pueden pensar algunos, sino que sucede a lo largo y ancho de la historia del pais hasta nuestros días.

El golpe de Estado del 73 fue apelando a la legalidad, pero para que hablar de las ilegalidades cometidas por un régimen militar-basta con ver que el yerno de Pinochet, Ponce Lerou, es prácticamente dueño de Soquimich. El mismo que va hoy por el litio, con la ilegalidad de las concesiones-en el fondo privatizaciones- sobre bienes inalienables del pueblo chileno. Para que hablar de Bitar, ex ministro de educación de la Concertación, responsable del CAE y uno de los accionistas de la Universidad Mayor, inmiscuido hasta el tuétano en el lucrativo e ilegal negocio de la enseñanza.

La ilegalidad es una conducta sistemática.

Conditio sine qua non, dicen en latín; condición sin la cual no podría satisfacerse la voracidad .de estos personajes,

El bloque en el poder construye las condiciones para reproducirse, legalizando lo ilegal, desconociendo lo ilegal e ilegalizando lo legal. Y también ilegalizando lo legítimo. Y esta conducta tiene que ver necesariamente con la composición de los grupos de poder; son poderes fácticos. Imponen la soberanía de grupos de poder sobre el resto de la población y construyen aparatajes legales y publicitarios a la medida de sus intereses. Asesorías jurídicas abundan en sus empresas. No hay que olvidar que el mismo Hinzpeter pertenece a una de esas asesorías.

¿En que consiste entonces la constante apelación al orden, a lo legal, a lo correcto?

Los aparatos de dominación son también de dominación simbólica. El orden, la legalidad y lo correcto son relativos al grupo de poder que los impone sobre los demás.

Por ello apelar a la legalidad, a lo moralmente correcto, a lo justo, a lo democrático es también, relaciones de poder. Por eso también el respeto y la completa subordinación a lo legal es una ingenuidad.

El año 2011, cuando se habló de la posibilidad de un cambio constitucional, Carlos Larraín se negó de plano argumentando que podría traer un clima de inestablidad social. Muchos han caido en el error de pensar que debe haber un cambio constitucional, para que cambien los tiempos, sin notar que las leyes se han impuesto históricamente, de hecho.

La gran diferencia, es que la única imposición de hecho democrática, es la popular.

Como decían por ahí

“La lucha da lo que la ley y el pulpo niegan”