A propósito del Caso Cascadas: Otra vez nuestras pensiones
El caso Cascadas de Soquimich, vuelve a poner en la palestra al insensato sistema de AFPs. Pero con una singularidad, debido a los actores involucrados en el hecho – delitos asociados a la violación de las leyes de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas – devela a un nefasto sistema que benefició y beneficia en la actualidad a gran parte de la congregación pinochetista de civiles.
Los delitos son, en sencillas palabras, haber vendido acciones de empresas que controlaban- en las que había accionistas minoritarios- a precios huevo, para vendérselas a ellos mismos a través de empresas relacionadas y posteriormente venderlas a precios superiores. En otras palabras, hicieron caja con los accionistas minoritarios. Una estrategia utilizada reiterativamente en muchas privatizaciones de las empresas del Estado que realizó la Dictadura Militar, y que causó millonarias pérdidas para todos los chilenos y generosas utilidades para sus ejecutantes.
Lo aberrante y grotesco que se agrega a la situación, es que dentro de los accionistas minoritarios que tiene Soquimich, están las AFP Capital, Cuprum, Habitat, Planvital y Provida, es decir, 5 de las 6 que existen en Chile actualmente -solo Modelo no entraría en la disputa. En otras palabras, los directamente perjudicados son los ahorros previsionales de los trabajadores chilenos que cotizan en estas AFPs.
Julio Ponce Lerou es el ex yerno de Pinochet, dentro de las firmas que controla, en muchos directorios involucrados en estas supuestas estafas está la familia de Pinochet y bastantes empresarios vinculados a la derecha más tradicional.
Las acciones fraudulentas habrían sido cometidas entre el 2009 y el 2011, y el director de la Superintendencia de Valores y Seguros Fernando Coloma, se ha visto salpicado por el caso por haber demorado más de un año en denunciarlo -Coloma es hermano del senador UDI Juan Carlos Coloma. La justicia lo acaba de obligar a entregar antecedentes de la formulación de cargos que no quiso entregar a Ministerio Público por considerar “falta de garantía en la reserva de la información”. Lo que puede dar a especular que el caso es bastante grande, o se puede estar protegiendo las redes de Ponce Lerou.
Cabe mencionar que el señor Ponce Lerou es otro delos que en Dictadura formo parte de empresas estatales para propiciar su privatización y posteriormente, al estar privatizadas formar parte de sus directorios y gerencias. El mayor ejemplo es justamente, SOQUIMICH.
Solo AFP Capital habría cifrado en alrededor de 600 millones de dólares el perjuicio provocado por los delitos de la banda de Ponce Lerou.
Como se ha ido develando, el caso parece ser mucho más grande y complejo que la estafa de La Polar. La gran diferencia es la cobertura que se le ha dado a la información, creando, gracias a la concentración de los medios informativos en un par de manos, un verdadero cerco de protección a los involucrados. La información es tratada como si fuesen datos de un mecanismo de difícil manipulación, cuando lisa y llanamente se cometieron serios delitos que perjudican entre otros, a los cotizantes de las AFP.
El caso pone nuevamente de manifiesto, la necesidad de terminar con el sistema de AFP. Un sistema que permite que se especule con los dineros de las pensiones de los trabajadores, invirtiéndose en el sistema financiero que no tiene mayor regulación que la de la Ley de la Selva. Es otra muestra más, que el sistema de AFP no es un sistema para dar pensiones, sino que pensado para invertir en los grandes grupos económicos.
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