Hoy, 4 de agosto, se cumple un mes exacto de la entrada en funcionamiento de la convención que tiene por misión generar una nueva Constitución para Chile. Luego de un más que interesante resultado en las elecciones de mayo, cuando se neutralizó el tercio de derecha que podía bloquear el trabajo de esta instancia y la asunción de un importante número de convencionales provenientes de sectores populares, de izquierda y de movimientos sociales de gran potencia, como las feministas y socioambientalistas que, asociados a los cupos reservados para pueblos originarios hacía pensar en un promisorio resultado en la elaboración de la nueva Carta Magna.
Esta idea, vista como una amenaza por los sectores que han gobernado en las viejas instituciones se reflejó en los obstáculos que el gobierno en funciones propinó para la instalación adecuada de los cargos electos. Una cuestión esencial tuvo que ver con la nula preparación de los espacios e infraestructura para el trabajo de los 155 convencionales, cuestión que fue exhibida a vista y paciencia de los medios que cubrían las primeras horas de la convención. Sin duda se intentó boicotear, por vía administrativa, la discusión en condiciones y así impedir el avance de las transformaciones estructurales que promete la nueva Constitución.
Otro elemento que ha dificultado el trabajo deliberativo de la Convención ha sido la actitud denostativa de la derecha y sus aliados respecto a los convencionales que conforman la mayoría, desde ataques racistas hasta denuncias sin fondo al trabajo propiamente tal (horarios, comunicaciones, etcétera) fueron sumándose en los medios de comunicación tradicionales. Por otra parte, los sectores del progresismo, desde la ex Concertación hasta el Frente Amplio, pasando por los Independientes No Neutrales han intentando crear un trabajo burocrático que asemeja el trabajo de las instituciones públicas, como el Congreso, y linda con las dinámicas propias de la academia, dada a la retórica vana y el enclaustramiento en sus métodos; Cierto es que existe la necesidad de procurar mecanismos de trabajo que operacionalicen las demandas populares devenidas del octubre chileno y que han permitido el desarrollo de la Convención, pero aquí vienen los problemas que presentamos para ser considerados.
Una primera cuestión tiene que ver con los simbolismos, si bien ha sido muy bien recibido el hecho de la justicia simbólica con los pueblo originarios, esto no puede transformarse en una cuestión que centralice el debate, impidiendo asumir las discusiones de fondo en el debate constitucional, los pueblos de Chile observan esto con atención, espera definiciones materiales acerca del modelo que nos aqueja y castiga en el trabajo, la propiedad y los derechos que echamos en falta. Sin duda esto se dará y debatirá adecuadamente en su momento, pero en los prolegómenos debiera estar más anunciado y presente esa definición de las cuestiones materiales que se diseñan en la Constitución, no hay relato respecto de ello y si mucho discurso culturalista que, al final del día, no convoca al grueso del pueblo, no lo conecta con la discusión que se espera exista en la convención.
Respecto a la cuestión política, la operación organizada de los grupos de mayor antigüedad en el ruedo ha surtido muchos efectos, en ello el trabajo de definición de vicepresidencias y comisiones, bajo los criterios de negociaciones políticas tradicionales, donde se vieron mucho más avezados que los nuevos grupos de la Vocería de los Pueblos y otras articulaciones. Una cuestión más grave tiene que ver con viejos vicios aun no reglados por la legislación chilena, no puede existir trasfuguismo en la instancia llamada a redireccionar el sistema político chileno, como en el caso de dos convencionales de la Lista del Pueblo, pues los cargos no pueden ser unipersonales, son representacionales de un proyecto colectivo y por ello debe existir la renuncia al cargo y no la acción tránsfuga entre partidos penada en distintas legislaciones. Esto es de mucho cuidado para que la Convención no pierda legitimidad, esto es esencial para que su trabajo llegue a buen puerto.
Otra situación se define a partir de los sectores cercanos a la revuelta de octubre y sus lineamientos, bien iniciada la Convención se presentó la Vocería de los Pueblos, poniendo como condición seis puntos para iniciar su participación. Es importante que esto se maneje de mejor manera, levantar esas expectativas si bien son de una ética política indiscutible pero que revisado en términos de puntos, no se han manifestado, los presos y las presas siguen estándolo, el Wallmapu sigue militarizado y la soberanía aun no se hace presente en la deliberación. Estos y otros puntos no pueden dejar de esgrimirse por parte de este grupo, pues su renuncia significa perder la identidad política de un grupo en construcción y que viene a resignificar la política en las próximas décadas, por lo tanto, su participación no debe circunscribirse al trabajo interno de una comisión, deben asumir su rol político en la práctica de los conflictos de hoy.
Por último, dos situaciones deben cautelarse, es muy grave la presencia de Jorge Arancibia en la Comisión de Derechos Humanos y que ningún convencional haga nada por revertir esa nominación, pidiendo, por ejemplo, el recambio por otro convencional de derecha que no esté ligado a la última dictadura, esto es un potente hecho que detenga las tendencias negacionistas a la primera. La otra, es la tardanza en definir el trabajo en los territorios para realizar la deliberación de las comisiones, no como un acto de maquillaje participativo que sólo alimenta los afanes simbolistas, sino que como un ejercicio de decisión política que los territorios impongan al aparato institucional. Si esto no ocurre, todos los discursos de los convencionales, antes candidatos, pueden ser defenestrados por faltar a la promesa hecha al mundo popular que exige descentralización.
En fin, el desafío a un mes de Convención es por la legitimidad de su acción. Podrán deliberar pero ello no debe ser de cualquier manera, deben volver al origen que los puso allí, afuera y abajo y desde ahí sesionar, debatir y decidir. Si esto no avanza, la Convención que ya no se organizó como Asamblea, corre el riesgo de perder legitimidad y guardarse en el baúl pútrido y oscuro de las instituciones políticas del actual Estado chileno.
Resumen.
