Este lunes se cumplió un mes desde la asunción del gobierno del Gabriel Boric, que en el Biobío representa la delegada presidencial Daniela Dresdner. El caso particular de nuestra región resulta esclarecedor para visualizar varios de los problemas que enfrenta la nueva administración del Estado a nivel nacional.
Por Joaquín Pérez 1.- El divorcio absoluto con el movimiento social
La llegada de la Concertación y el inicio de los gobiernos post dictadura, lejos de desarrollar una agenda de cambios tendientes a democratizar la sociedad chilena, impulsaron leyes que consolidaron institucionalidad y la política impuesta por la dictadura de Pinochet y el terrorismo de Estado. Para ello, buscó reprimir y eliminar las resistencias a a la implantación neoliberal, dándole además validación democrática a la conculcación de derechos sociales, saqueo del patrimonio nacional, sus empresas estatales y los bienes comunes. Por ejemplo, Pinochet no había alcanzado a privatizar ni siquiera un tercio de la extracción de cobre, pero los gobiernos posdictatoriales llevaron la participación estatal a menos de ¼ del total nacional. Las empresas sanitarias y el agua fue privatizada en los gobiernos de la Concertación, con enorme oposición de la población, como lo demostró la consulta ciudadana realizada en Concepción y desoída en sus resultados. Fueron socialistas como Tohá y demócratas cristianos como Felipe Sandoval, quienes destruyeron Enacar, convirtiendo la ex zona del carbón en un bolsón de marginalidad, luego de la corruptela en la que acabó el plan de reconversión económica.
Hoy, tras el Estallido Social, el ejercicio nuevamente se repite. Sectores de la clase política con algunos recambios generacionales, pretenden representar y sustituir al pueblo movilizado, para dirigir un supuesto proceso de transformaciones. Hasta ahora lo intentan hacer desoyendo requerimientos expresados por amplios sectores sociales y permitiendo que figuras de la considerada vieja política hayan entrado con roles evidentemente gerenciales.
2- El desprecio a los propios partidos de gobierno a nivel local en relación a los representantes de los poderes fácticos
El nombramiento aún inconcluso de autoridades a nivel regional del nuevo gobierno, es sin duda otro hecho sintomático, que de no resolverse agudiza una crisis mayor.
Un gabinete regional dominado por los poderes fácticos locales, a través de militantes de partidos de la ex concertación, dejó impávidos a los propios partidos oficialistas de Apruebo Dignidad en la región, ni que hablar de sus votantes o independientes cercanos.
La presencia del hijo del condenado ex alcalde de Hualpén, Marcelo Rivera, Miguel Rivera (PPD) haciéndose de la Seremi de Hacienda; un seremi del PS (Hedson Diaz) en Desarrollo Social, con causa abierta en tribunales, de académicas ligada a la industria forestal como las de Energía y la de Ciencias; de un ex militante socialista en Educación (Héctor Aguilera), uno de los partidos impulsores del Crédito con Aval del Estado, en una ciudad universitaria. Las acusaciones de nepotismo en el Federación Regionalista Verde Social (FRVS), por la nominación de Andrea Saldaña, ya que su pareja lidera el partido y las negociaciones de los cargos.
3.- La “pinza” que han tendido entre el PS y Rodrigo Díaz Worner, para extirpar cualquier intento de transformación o cambio
Resulta paradójico ver al Partido Socialista con más y mejores cargos al interior del nuevo gobierno, como dijo el diputado Hugo Gutiérrez “qué manera de ganar perdiendo”. Hugo Cautivo a cargo de MOP como lo estuviera Rene Carvajal durante el gobierno Bachelet. Está también ligado a esta matriz, el seremi de Bienes Nacionales, que oficialmente aparece por Acción Humanista. Hay que recordar que el PH siempre tuvo su único alcalde en la región con Camilo Cabezas en Yumbel, de ahí proviene Cerro, Cabezas se hizo Humanista simplemente porque los pactos de la concertación impedían que un PS desplazara a un alcalde DC en ejercicio.
El PS con cuatro seremis es lejos el mayor partido, el segundo grupo lo constituyen las académicas de la Universidad de Concepción ligadas a la industria forestal.
Rodrigo Díaz y Gastón Saavedra han ejercido mucha presión en la designación de cargos, lo cual ha sido denunciado por los propios partidos de Apruebo Dignidad, la prensa que acosa y persigue a la delegada presidencial se ha hecho eco de todas estrategias tendientes a intervenir en las nominaciones.
Gastón Saavedra se inició en la política luego de su pasado como dirigente sindical en Emporchi, constituyendo parte de los dirigentes complacientes que permitieron la privatización de los puertos en Chile. Rodrigo Díaz proviene de la DC, específicamente del grupo de poder Osain Sabag, el mismo que prestó su casa para el encuentro de Kast con militantes demócrata cristianos en el Biobío durante la segunda vuelta. Recientemente, ha sido cuestionado por sus votaciones para dirimir en el Gore del Biobío y ha favorecido a empresas que aportaron a sus candidaturas.
¿Cederá el gobierno central a las presiones de Díaz y sus grupo de presión -tanto en la política como en los medios de comunicación- por hacerse del control político total en la región o los partidos de la colación de Gobierno finalmente tendrán algo que decir ante el centralismo aplastante en su variante progresista? Ésta es la duda central que nos dejan setos primeros 30 días en nuestra zona.
