Conmoción han causado las imágenes que evidenciaron la impune destrucción de la península de Tumbes y su biodiversidad, a causa de la extracción de áridos en tres de sus playas.
Por Juan Contreras Jara
El 24 de enero pasado RESUMEN hizo públicas imágenes entregadas por organizaciones socioambientales de Talcahuano que denunciaban el daño causado por la empresa de áridos Santa Fe Ltda. en las playas El Lirio y El Ensueño a lo que, a solo días y mediante un informe de Contraloría Regional del Biobío emanado en 2015, se constató la extracción de áridos en terrenos de la Armada de Chile en la playa El Tricao.
De comprobarse lo anterior constituiría una falta grave, castigable a niveles civiles y penales, según declaró el abogado ambientalista Ulises Medina, presidente de la ONG Conservación Winkul Lafken.
El profesional explicó que “como persona jurídica no hay una responsabilidad directa de la institución, sí de estas empresas asociadas, que por cierto tienen nombres bastantes marineros por decirlo de algún modo. Si la justicia determina que hay tal vinculo, hay una responsabilidad civil y penal de las personas involucradas y eso podría otorgar responsabilidades a la Armada”.
Según el documento, a través de las empresas Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Dresden Limitada e Inmobiliaria Fuerte O’Higgins Limitada, la Armada contrató personal para extraer áridos y talar bosques supuestamente protegidos por la institución y generar metros ruma.
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Pese a ello, el abogado es cauto y comentó que no es bueno hablar aún de responsabilidades, pero si de la necesidad de investigar lo sucedido, indicando que “hay que ver quienes son los responsables legales de estas empresas, que se prestan para la extracción de áridos en un sitio prioritario para el interés nacional. Hablamos de un lugar con un valor natural muy importante y que se le niega el ingreso a los ciudadanos siendo una playa pública”.
Hay que agregar que Sociedad Inmobiliaria e Inversiones Dresden Limitada e Inmobiliaria Fuerte O’Higgins Limitada venderían los áridos a través de boletas con la razón social de la Armada. Lo anterior evidenciaría la posible triangulación entre la institución, los funcionarios implicados y dichas empresas.
En este sentido, Ulises Medina comentó que ya se preparan acciones legales desde las organizaciones ambientales de Talcahuano, contra quienes resulten responsables del crimen ambiental que afecta a la península de Tumbes.
En este sentido, el abogado enfatizó en que “si se comprueba fehacientemente que hay personal de la Armada implicados es la justicia militar quien debiese hacerse cargo de esas personas. Por eso hay que ser cauteloso, debe haber un juicio previo, por ello toda la prueba debe ser entregada a la justicia cuanto antes”.
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El informe de Contraloría y seis años de impunidad y destrucción ambiental
El documento que investigó a la Segunda Zona Naval de la Armada de Chile fue elaborado el 5 de junio de 2015. En él se expresa, por ejemplo, que “según el artículo 1 o del decreto N° 579 (1981) del Ministerio de Defensa Nacional, que aprobó el Reglamento Logístico, Orgánico y de Funcionamiento de Predios Fiscales Destinados al Ejército, Susceptibles de ser Explotados Agrícolamente, dispone que tales faenas pueden ser agropecuarias, forestales o de conservación de los recursos naturales”.
Lo anterior difiere de la realidad en la península de Tumbes, por lo menos en los terrenos a cargo de la Armada, actualmente destruidos por la extracción de áridos, material perteneciente al rubro de la minería.
El informe agrega que “en tanto que su artículo 2° ordena que la custodia y correcta administración del inmueble serán de exclusiva responsabilidad de la unidad o repartición correspondiente”, en este caso: la Armada de Chile.
Lo que llama la atención es que seis años más tarde Contraloría General del Biobío, teniendo la facultad de fiscalizar o remitir los antecedentes ante los estamentos administrativos y judiciales que correspondan, no se haya hecho.
En esta línea el abogado ambientalista aseveró que “llama la atención que Contraloría no haya tomado acciones ni administrativas, judiciales o tributarias”. Agregó que, “si se dieron cuenta que se contrata personal para talar bosque y retirar metros ruma, trabajar con áridos para la venta y entregan boletas con razón social de la Armada, o sea, ¿De qué estamos hablando? ¿Qué esta pasando en la Contraloría?”.
Lo que se debiese haber realizado, según el profesional, fue haber puesto en conocimiento de esto al Servicio de Impuestos Internos, Fiscalía Militar, Fiscalía (Ministerio Publico) y haber puesto en conocimiento a las autoridades de la Armada para que tomen cartas en el asunto con los funcionarios que, eventualmente, puedan estar involucrados.
Frente a la inoperancia de la Contraloría Regional del Biobío, ha sido la denuncia ciudadana y de las organizaciones socioambientales las que encendieron las alarmas de este crimen ambiental. En ese sentido, Medina finalizó planteando que “esto nos demuestra que muchas veces la mejor Contraloría son las organizaciones ciudadanas”.
Puedes revisar el informe realizado por Contraloría a continuación:
