[resumen.cl] Este lunes se realizó la lectura de sentencia que condenó por incendio terrorista a la pena de presidio perpetuo a José Tralcal y Luis Tralcal. El delator de la Fiscalía, José Peralino, fue condenado a 5 años pero con el beneficio de libertad vigilada intensiva. El caso, lleno de irregularidades, incluye ahora una lectura de sentencia en donde se negó, fuera de toda legalidad, una solicitud de la defensa de los comuneros.“Se terminó el debate, se terminó el debate, bien, cerramos el debate” fueron las palabras del cuestionado Juez Presidente Germán Varas Ciccareli, cuando el defensor Sebastián Saavedra formuló un incidente de nulidad procesal a fin de preparar el posterior Recurso de Nulidad para ante la Corte Suprema. Tras sus palabras, Varas se retiró de la sala junto al Juez Mauricio Poblete Erices, quedando sólo la Jueza Pinilla y el defensor exponiendo su petición ante un Tribunal ausente, que no terminó de resolver el incidente legalmente formulado.
La, al menos, insólita situación, fue denunciada por los profesionales del Centro de Investigación y Defensa Sur. En conversación con Resumen, el abogado Sebastián Saavedra, representante de Luis Tralcal, señaló “Yo pedí los antecedentes de la denuncia formulada por la Jueza integrante Ximena Saldivia, que se retiró el día que comenzaron los alegatos de clausura, tras presentar una licencia médica. En ese momento nosotros pedimos tener acceso a su licencia y nos dijeron que no, que era por motivos personales.”
El abogado explica que la petición se realizó debido a que la propia Corte de Apelaciones de Temuco señaló que, efectivamente, existía una denuncia y que la jueza había sido devuelta a su juzgado de origen en atención a un artículo en particular. “Leyendo ese artículo, se señala que debe ser alejado del agente provocador de la enfermedad laboral, por lo tanto, a partir de ese comunicado nosotros razonablemente señalamos que el agente creador de este problema estaba en el mismo tribunal, por lo que solicitábamos una audiencia en que se resolviera el punto en un tribunal distinto a ellos. Porque al poder estar ellos mismos implicados en el asunto serían juez y parte“ señala Saavedra.
Por tanto, solicitó una nueva audiencia. Sin embargo, el tribunal se declaró incompetente tras dictar sentencia, lo que es cuestionado por Saavedra, “Evidentemente no es así” señala.
Cabe recordar que Ximena Saldivia, quien participó en los alegatos de clausura del caso Luchsinger Mackay, presentó una denuncia ante la Asociación Chilena de Seguridad en Temuco por acoso laboral y presiones indebidas en el Juzgado de Garantía de la zona.
Saldivia además, recurrió al Relator Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas, Diego García- Sayán, a quien señaló que hay una grave afectación a la independencia del proceso.
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Cuando los miembros del estrado se resuelven incompetentes, el abogado intentó "formular un incidente de una nulidad procesal," con la intención de hacerles ver que si tienen competencia "y que tienen que por lo menos citar a una audiencia. Cuando comienzo a hacer mi alegación el tribunal dice “ya, el alegato se cerró” corta los audios, agarra sus cosas, se va y me deja hablando solo. Los tribunales de justicia tienen un mandato constitucional que es de inexcusabilidad: cualquier persona que va a un tribunal y formula una petición debe ser escuchada y esa petición debe ser resuelta. Puede ser rechazada o acogida, pero debe ser resuelta. En este caso, esta defensa intentó hacer una petición y el tribunal cortó el audio. En definitiva “se llevó la plata para la casa”, lo cual evidentemente no corresponde a un tribunal de la República”
El representante del comunero afirma que esta situación jamás la había visto, que a pesar de tener ciertos roces “normales” que se puedan tener en un tribunal con otros colegas o jueces “en ningún caso le puede quitar la posibilidad a algunos de los intervinientes de formular sus alegaciones”. Y agrega que esto menos se puede producir cuando es la propia ley que establece los recursos y las incidencias que se pueden formular "El incidente de nulidad es una práctica recurrente. De hecho durante el juicio oral, tanto las defensas como el Ministerio público pusieron un sinnúmero de incidencias de nulidad, y en ningún caso el tribunal cortó el audio y se fue” indica el defensor.
Saavedra plantea que posiblemente el hacer saber la información emanada de la Corte de Apelaciones de Temuco sobre la jueza que denuncia hostigamiento laboral en el tribunal, fue el detonante de la actitud del juez presidente Germán Varas Ciccareli. “Hacerles saber que posiblemente ellos también estaban implicados parece que provocó la reacción totalmente fuera de lo legal” estima el abogado.
Los cuestionamientos contra el juez no son menores. A las denuncias realizadas por la jueza Ximena Saldivia se suma la información ventilada luego de que el TOP de Temuco condenara a los comuneros: Germán Varas Cicarelli es parte del concurso para quedarse con una notaría en Concepción, que tendrá que ser definido por el gobierno de Sebastián Piñera, el mismo que ha acusado a los comuneros de culpables antes de que se realizara el juicio.
Las defensas de los comuneros condenados -en esas condiciones- a presidio perpetuo, recurrirán por escrito al mismo TOP de Temuco de manera de agotar todas las instancias legales, esperando que las instituciones respondan al estado de derecho.
Dentro del recurso de nulidad con el que buscarán dejar sin efecto el juicio, los abogados de los Tralcal incluirán esta situación para argumentar la parcialidad del tribunal en el caso “Cuando se intentó, por parte de la defensa de los comuneros condenados, poner un incidente que está establecido en la ley, el tribunal corta el audio. Me parece legítimamente que es una situación, como interviniente, que expresa que no existe la imparcialidad suficiente de este tribunal.” fustiga Saavedra.
Por lo pronto los abogados continuarán con los recursos para que prontamente la condenada sea desestimada por la justicia chilena. Sin embargo, no descartan que tras ello busquen una sanción disciplinaria contra los jueces del estrado.
