La constitución de 1980, en su capítulo III sobre los Derechos y Deberes Constitucionales, establece que “La Constitución asegura a todas las personas: 1º.- El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.”

Tras leer este párrafo constitucional, la catástrofe del 27 de Febrero parece a todas luces mostrar una actitud, por decirlo menos, negligente del Estado chileno. ¿Cómo es posible que un edificio, tras un terremoto, en un país mundialmente conocido por ser sísmico, con una catástrofe de estas magnitudes al menos cada 30 años, colapse como una casa de adobe, construida con escasos requisitos técnicos hace 100 años atrás?

Eric Arévalo es propietario de un departamento en Alto Río, secretario del comité del mismo edificio y comenta a Resumen que: “yo me encuentro aún con licencia médica, después de 8 meses, con posibilidades de que se extienda aún más producto de las múltiples fracturas que tuve en el terremoto; estuve en el piso 14.” Eric, un poco compungido, nos señala que aún así él tuvo suerte, pues está viviendo con su familia en otro lugar, a diferencia de los muchos allegados en casas de amigos o que han tenido que arrendar. En el edificio Alto Río hay una persona que está cuadrapléjica, un vecino que recién lo dieron de alta por las heridas que tuvo y que se le murió su esposa, otro vecino que perdió a su hija de 8 meses y a su esposa, por nombrar solo algunos casos “Hay bastante abandono en general, no hay una mano que se nos haya tendido, ni desde el punto de vista legal ni político”- denuncia.

Los vecinos de Alto Río, el edificio símbolo de una construcción criminal, se han estado reuniendo en diversas ocasiones. Marcelo Bravo vocero de la organización, comentó a Resumen, que las solicitudes que están haciendo van en beneficio de todos los chilenos, pues en una catástrofe como ésta, el Estado ha desaparecido y las personas se sienten completamente desprotegidas “Nosotros queremos que se cree una institución que proteja a los ciudadanos, porque estas catástrofes se viven cada 30 ó 40 años en Chile”

Marcelo nos señala “yo sé que es majadero decirlo, pero la cantidad de dinero y los recursos que se gastaron para salvar a los mineros, a nosotros nos parece fantástico, pero ¿por qué el Estado no nos protege a nosotros también?”

Los adultos mayores

Don Héctor Zambrano es presidente de los afectados del Edificio Alto Arauco II (en Carrera entre Lautaro y Galvarino). Logró escapar del 3º piso donde habitaba, a sus 71 años. Lo más probable es que el edificio sea demolido. “Lo grave es que -como dicen las autoridades, como dice la intendenta, porque lo dice la ley- el dueño tiene que demoler, el dueño tiene que retirar los escombros, y eso es absolutamente ridículo porque ninguno de nosotros va a estar en condiciones de hacerlo. El Estado se tiene que hacer cargo, independiente el gobierno que haya; nosotros queremos que haya una ley especial que permita que el Estado se haga cargo de las demoliciones, porque nosotros perdimos ahorros de 40 años.”- nos comenta.

Para don Héctor, el Estado debería pagar el avalúo fiscal de sus departamentos. “Esto excede las relaciones entre privados, porque lo que hubo aquí fue una catástrofe nacional; todos los chilenos pagamos los impuestos con que el Estado cuenta, yo a mis 71 años todavía pago y estoy contribuyendo a que se construya el puente, las calles, etc.”

Él, como muchos otros afectados, trabaja hace cerca de 50 años. Media década contribuyendo con su sudor, al Estado.

Alejandra Catalán, presidenta del Edificio Centro Mayor (Freire 1165), en el mismo sentido nos señala que. “nos ofrecieron demolición a cambio de que nosotros les cediéramos los terrenos, y recibiríamos un subsidio de 330 UF, solo si no teníamos otra casa, y el problema es que hay muchos adultos mayores (alrededor de 50) que viven del arriendo de otra propiedad”.

La intendencia les ha ofrecido un subsidio de 330 UF (cerca de 6 millones de pesos) cuando sus departamentos bordeaban los 60 millones de pesos- según señala Héctor Zambrano, Presidente de la agrupación de los habitantes del edificio Alto Arauco II. E indica: ¿Qué banco le va a prestar a una persona de 70 años, sin trabajo?

Negligencia

Alejandra Catalán (Edificio Centro Mayor, donde hay 167 deptos.) Nos comenta que están desesperados y sin ninguna respuesta de parte de las autoridades; “ahora se supone que están haciendo peritaje, viendo el estudio de suelo. Quizás haya respuesta la próxima semana respecto de nuestra situación.” Agrega: “Muchos salieron arrancando tras el terremoto y no volvieron, muchos están en las casas de sus familiares, de allegados, hay familias separadas; hay algunos que todavía están pagando el dividendo y ni siquiera se puede vivir en el edificio, por lo que tienen que volver a las casas de los padres.”

Asimismo, nos señala que las propuestas de solución han sido realizadas por los afectados y que las autoridades han actuado de forma bastante negligente.

Daniel Durán, Presidente del Edificio Plaza del Río (Salas entre Prieto y Rodríguez), nos cuenta que alrededor del 50% de los vecinos viven de allegados. Por otra parte “estamos en una condición bastante particular, pues la demolición es para la mitad del edificio”. A diferencia de los otros edificios, el Plaza del Río está construido en forma de L, solo un ala de este edificio está con riesgo de desplome inminente y es la que se tiene que demoler. “lo que nos complica es que lo que se va a demoler, contiene la caja de ascensores y de escaleras que comunica el edificio completo, por lo tanto cuando se demuela, la mitad superior del edificio va a quedar sin acceso. Son 42 deptos que se tienen que demoler y los otros 96 no saben qué hacer, se está en el limbo porque no pueden tener subsidios, ya que son reparables, y esa es una reparación que depende completamente de nosotros como propietarios”

La inmobiliaria no se ha hecho responsable del daño a los vecinos. Y el Estado no da subsidios. Los vecinos están desamparados. “Las autoridades han hecho oídos sordos a nuestras propuestas, que no son cosas del otro mundo; hay una necesidad imperiosa de voluntad política, que no hay en el gobierno central, ni en las autoridades locales”.

Para los vecinos, las autoridades se han visto sobrepasadas tanto en la catástrofe, como en el transcurso posterior “El gobierno debería plantearse con premura y urgentemente proyectos que permitan que no vuelva a pasar lo que hoy estamos sufriendo ¿Cómo es posible que hoy todavía no se modifique la ley de urbanismo y construcciones? ¿Cómo es posible que no haya un plan de emergencia que permita tener herramientas para que no pase lo que hoy sucede? Chile tiene 2 terremotos de los de mayor magnitud en el mundo, un país sumamente sísmico, ¿Cómo es posible?. La palabra que más se acerca a esto es Negligencia”

La guinda de la torta

Lo anecdótico de esta negligente realidad, es que los vecinos de Plaza del Río fueron demandados por la inmobiliaria Jardines del Sur (vendedora del edificio) hace alrededor de 1 mes, por jactancia. “Nuestra capacidad de asombro está ampliamente superada” señalan los vecinos.

Vale la pena recordar, que Fernando Echeverría fue nombrado por el nuevo gobierno como Intendente de la Región Metropolitana. Este empresario piñerista fue hasta el día 2 de marzo socio de la constructora Echeverría Izquierdo, responsable de la construcción de al menos tres de los edificios dañados por el terremoto. En Santiago estuvo a cargo de la edificación de Altos de Huechuraba y en Concepción de Alto Arauco II y otro inmueble en la calle Castellón. Asimismo, cabe mencionar que el directorio de la Inmobiliaria Socovil, encargados de la construcción de Alto Río, traspasó los bienes patrimoniales de esta sociedad a otras nuevas (Liucura, Monteverde) en notarías chillanejas, a días del terremoto, acción interpretada por muchos como forma de eludir a la justicia. Juan Ignacio Ortigosa, dueño junto a su socio Ricardo Baeza Martínez, de la mencionada empresa, era el presidente regional de la Cámara chilena de la Construcción.