Este lunes 28 de enero se anunció a los medios de comunicación el acuerdo extrajudicial al que llegaron 1300 pescadores artesanales de Talcahuano con la Empresa Estatal Enap, tras presentar demandas por indemnización tras el derrame de petróleo del año 2007 en la Bahía de San Vicente. Los pescadores recibirían una suma cercana a 400 millones de pesos, es decir, 300 mil pesos por cada uno.

Sin embargo, son cerca de 3000 los pescadores de distintas caletas de la región que consideran insatisfactorio este tipo de acuerdo, frente al inmenso daño que provocó el derrame de petróleo en las costas de nuestras localidades.

Llama la atención la forma de actuar de esta empresa del Estado, una de las más contaminantes y cuya política medioambiental  se concentra en el blanqueo de imagen a través de su publicidad en los medios de comunicación. Muestra de ello es la Población el Triángulo de Hualpén, cuyos habitantes denuncian habitualmente los desastres ambientales de esta empresa amigable con el entorno.

Solo hace 2 semanas, Patricio Pantoja, presidente de la junta de vecinos de El Triángulo relató a Resumen que es "una población expuesta a altos niveles de contaminación por material particulado, por gases, por ruidos, también por contaminación lumínica... La población está acostumbrada a todos estos episodios ambientales, sin embargo igual con un grado de molestia por lo constantes olores, caída de material particulado, polvo negro, etc... Este año, por ejemplo, cayó otro tipo de material producto de una falla de la empresa que dejó a la población prácticamente blanca”.

Los pobladores  registran frecuentes casos de asmas bronquiales, alergias, rinitis alérgica, conjuntivitis, dermatitis, etc..

Es sintomático que una empresa del Estado sea tan nefasta para la población aledaña. Vale decir, si una empresa del Estado hace este tipo de daño, ¿qué es de esperar del sector privado? Caso similar al actuar de esta empresa con la Población El Triángulo es lo que realiza Cap con la Población Libertad en Talcahuano. Lo mismo que las termoeléctricas en Coronel.

Siguiendo el ejemplo de la Estatal, las empresas de capital privado tienen chipe libre.

Sectores poblacionales pobres respiran material particulado no tratado que arrojan las industrias al ambiente. Víctimas de una política habitacional del Estado que los instala frente a una empresa tan dañina y víctimas simultáneamente, de una nula política ambiental de control sobre estas empresas contaminantes.

El derrame de Petroleo del 2006 tiene consecuencias insospechadas sobre nuestro mar. Un accidente debido a la negligencia de la estatal que pone en jaque nuestra soberanía alimentaria, y la fuente laboral de miles de pescadores artesanales, en la región que concentra más pesca artesanal del país. Es por ello que la indemnización de 300 mil pesos a cada pescador es prácticamente insignificante.