[resumen.cl] Agrupaciones mapuche-lafquenche de la región del Biobio denuncian que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) finalizó de forma arbitraria la consulta indígena ante el proyecto GNL Penco – Lirquén de Biobiogenera (Ex Octopus) que busca instalarse en la Bahía de Concepción. La consulta establecida en el convenio 169 de la OIT había sido ingresada el 30 de octubre de 2015 a nombre de la Asociación Koñintu Lafken Mapu de Penco.

Nemesio Rivas, director del SEA argumentó que se canceló la consulta porque no se generaban impactos ambientales significativos, descartando que la afectación a comunidades indígenas y medio humano, lo que es desmentido por las distintas agrupaciones que se oponen a este proyecto. En conversación con Resumen, Mario Cabrera, asesor jurídico de la agrupación Koñintu Lafken Mapu, señaló que: “El SEA en la resolución 554 del 15 de junio de 2016, en una posición abiertamente contradictoria, explica en una reunión la cual primeramente era entendida por parte del equipo asesor y la asociación para terminar el proceso de contratación de los asesores, que el mes de octubre donde se declaró este proceso, aún no se terminaban dichas contrataciones, aún existiendo el trabajo de los asesores, tanto en dos o tres fases iniciales del proceso de consulta [en ese contexto] el Estudio de Impacto Ambiental y la adenda complementaria le permiten afirmar al SEA en una actitud que a nosotros nos parece abiertamente ilegal, sin la posibilidad ni siquiera sentarnos a negociar y a conversar respecto de cuales serían dichos impactos y de qué manera afectarían a la asociación, de manera arbitaria permiten al Servicio elaborar una intepretación jurídica que cierra este proceso de consulta aduciendo que ya no existen los argumentos de hecho y de derecho a su parecer” señaló.

La institucionalidad ambiental y la empresa privada.

El asesor legal de la agrupación lafquenche fue entrevistado luego de una reunión con la empresa Biobiogenera, donde denunció que esta intentó ofrecerles compensaciones económicas. “En la reunión de hoy ellos llaman a conversar con la asociación pero a nuestro entender era obviamente para ofrecer compensaciones, bajo la cuerda, que no estaban enmarcadas en un proceso de consulta indígena, para poder de cierta forma evitar que las lamgen presentaran un recurso de carácter legal, justificado sobre la base de la resolución antes mencionada”.

Consultado con respecto a facilidades que la institucionalidad ambiental ha entregado a la empresa en el proceso de evaluación de este proyecto, Mario señaló que: “En este proceso, ciertos funcionarios a nosotros nos ofrecen ciertas reuniones con la empresa, bajo cuerda, lo que a nuestro entender afecta también la imparcialidad de sus desiciones, han venido realizando un trabajo que primero les permitió fraccionar el proyecto de manera ilegal, y presentarlo por separado a la central El Campesino, para impedir la evaluación de sus efectos sinérgicos, posteriormente negándose rotundamente al derecho de las asociaciones a ser evaluadas dentro de los impactos, [estas asociaciones] se encuentran con una institucionalidad que no hizo más que retrasar este proceso hasta que se cumplieron los pasos legales, para posteriormente terminar desonociendo absolutamente los impactos que ya habían evidenciado, dentro de la reunión el señor Nemesio Rivas hace mención a una impresión que había tomado el Servicio de manera autónoma de oficiar esta consulta para luego después quitarla, y cerrar la consulta no de manera en las cuales que las leyes en estos momentos establecen de dichos procedimientos” señaló.

Mario se refirió además a los efectos en la espiritualidad mapuche lafquenche expresada en el Rehue instalado en el sector La Cata, frente al lugar donde la empresa pretende instalar el terminal marítimo. “Es una vulneración a lo que es la libertad de creencias y una posibilidad del respeto a lo que significa todo un trabajo de reapropiación cultural de agrupaciones mapuche de Penco, Tomé, de Hualpén, de Talcahuano, Coronel y Lota, evidenciando claramente de que esta afectación tiene que ver más con una cosmovisión y el respeto que se debe tener por los espacios ceremoniales del pueblo mapuche”.

Con el objetivo de usar como combustible gas natural importado desde países productores en buques de transporte de gas natural licuado (GNL), a través de la operación de terminales marítimos como GNL Penco-Lirquén de Biobiogenera y el recientemente ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental, GNL Talcahuano, una nueva generación de centrales termoeléctricas podría instalarse en la región. Hasta ahora, han ingresado al Servicio de Evaluación Ambiental los proyectos "Central termoeléctrica El Campesino" en la comuna de Bulnes y "Central termoeléctrica Tierra Noble" en Cabrero, cada una de estas plantas asociada a su terminal marítimo respectivo. Los opositores al proyecto han denunciado en reiteradas oportunidades, que las cantidades de gas que se planean traer a la región posibilitarían la operación de más centrales termoeléctricas y otras industrias.

Otros argumentos de los opositores a estos proyectos, son la posible contaminación marina que se podría generar con la construcción y puesta en marcha de los terminales marítimos, la posibilidad en el aumento de la capacidad industrial-extractiva en la región y sus impactos socioambientales asociados, aumento fomentado bajo el pretexto de mitigar la contaminación atmosférica en base a otros combutibles fósiles. Por otra parte, manifestantes han señalado su poca confianza en que la construcción y operación de los terminales se realice conforme a lo que declara la empresa con el respaldo del Servicio de Evaluación Ambiental, debido a las irregularidades presentadas durante su proceso de evaluación y la escasa fiscalización y seguimiento a los impactos ambientales generados en el tiempo de operación de estos proyectos.

Aunque el gas natural sea un combustible con menor efecto invernadero y emisiones de óxido de nitrógeno que el petróleo y el carbón, en realidad, el incremento en su uso constituye un grave problema ambiental global. Este posicionamiento del gas natural como energía limpia en la región ha omitido importantes impactos ambientales como la liberación de metano a la atmósfera, las consecuencias de la extracción de este combustible en lugares cada vez más remotos, el costo ambiental y social de la extracción a cada vez mayores profundidades tanto en continentes como océanos, y la fuerte dependencia política con potencias energéticas exportadoras.