Por Joaquín Hernández
El estallido y levantamiento social iniciado el 18 de octubre ha puesto al gobierno del ahora presidente en funciones Sebastián Piñera en las cuerdas, y lejos de dar soluciones mediante las demandas sociales que desde el pueblo se exige, ha preferido dar prioridad a un endurecimiento del poder represivo del Estado mediante lo que se puede denominar como “Agenda Represiva”. En ellas se incluye la criminalización del uso de las llamadas “capuchas” en manifestaciones, como también la realización de barricadas. Junto a ello, anunció un sistema de denuncias ciudadanas que tiene como fin evitar o informarse de protestas y cortes de ruta.
Pero también la Agenda Represiva de Sebastián Piñera incluye modificaciones al sistema de inteligencia con el énfasis en la “inteligencia preventiva”. Es más, claramente Sebastián Piñera, quién estuvo desaparecido por cinco días hasta anoche, ha aceptado la renuncia del hasta entonces director de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI), Luis Masferrer, aceptando como reemplazo al ex vicealmirante de la Armada, Gustavo Jordán Astaburuaga, quien fuera director de Inteligencia de la Armada entre los años 2004 al 2005.
Ferrer ha recibido duras críticas por parte del oficialismo, e incluso por parte del nuevo ministro del Interior, Gonzalo Blumel, sobre las pocas capacidades que ha tenido la inteligencia nacional respecto al estallido social que ha puesto en jaque al gobierno durante el último mes.
Es un hecho relevante el nombramiento de un ex militar para la ANI, agencia que normalmente ha sido dirigida por civiles. Este hecho marcaría un precedente de un posible cambio en el funcionamiento mismo de la agencia de inteligencia gubernamental, cambio de funcionamiento que está siendo discutido en el Congreso.
Movimientos en el Senado
Los intentos de reformar la inteligencia nacional van más lejos por parte de Sebastián Piñera, quien ha puesto en marcha con discusión inmediata el proyecto de ley que “Fortalece y moderniza el sistema de inteligencia del Estado” (Boletín 12234-02), proyecto que ingresó al congreso hace un año, pero que hoy busca reformular para darle mayores atribuciones a los organismos de inteligencia.
De hecho, el martes 19 de noviembre está planeado por parte de la Comisión de Defensa y Seguridad Pública discutir las indicaciones presentadas en éste, ingresadas este miércoles 13, las cuales muchas son ingresadas por el mismo Sebastián Piñera, bajo la atribución presidencial de ser co-legislador.
En ellas, la indicación más preocupante es la “22 A”, que le da la atribución al Director de la ANI, de poder exigir información a los jefes o directores de las otras ramas de inteligencia, pero más preocupante aún, la facultad de poder de “requerir la destinación a la misma de funcionarios pertenecientes a los organismos de inteligencia policial en comisión de servicio, con el objeto de que se desempeñen como agentes encubiertos a fin de obtener información y recabar antecedentes en el ámbito de las competencias propias de la Agencia”.
Esta indicación busca darle mayor poder operativo a la Agencia Nacional de Inteligencia, como asimismo pretende dotar de una mayor cantidad de agentes encubiertos, superando la noción de la ANI como una agencia que principalmente trabaja con fuentes abiertas o con insumos de otros servicios de inteligencia.
Evidentemente, tanto el cambio de dirección en la ANI como las indicaciones presentadas y que serán discutidas el martes 19 tienen el propósito de dotar de más atribuciones y eficiencia a una labor no exenta de polémica, la inteligencia y contrainteligencia nacional, la cual se enmarca además en toda una Agenda Represiva y de Control Social, la que, más allá de una muy débil Agenda Social, ha sido la línea con que el gobierno ha intentado terminar con esta protesta popular. Hay que ver qué dice la comisión del Senado respecto a estas indicaciones, y en general a un proyecto de ley que busca dotar de mayor musculatura a una agencia de inteligencia mayormente política, y hasta ahora civil, como es la ANI.
