Por Flavio Araneda Hidalgo / resumen.clLas y los trabajadores de la salud pública en Chile viven bajo la constante presión de enfrentarse a hechos de violencia con los pacientes que por uno u otro motivo descargan la frustración del sistema de salud con los funcionarios, provocándose en algunos lugares del país agresiones físicas y también psicológicas.
Según cifras de los propios dirigentes de los trabajadores de la salud, desde enero a agosto de 2018, son 123 los casos a nivel nacional que se han registrados como hechos de agresión en contra de algún funcionario de la salud, tanto en recintos hospitalarios como en los centros de atención primaria. En la región del Bío Bío, los casos de agresión son 27 hasta el momento.
A raíz de esta situación, la presidenta de la Confederación Nacional de la Salud Municipal (Confusam), Gabriela Flores, aseguró que las cifras pueden seguir creciendo, ya que uno de los principales motivos de las agresiones es que se culpa a las y los funcionarios de la salud por el deficiente servicio que actualmente entrega y permite el Estado de Chile. “Existen agresiones físicas y psicológicas, también hemos registrados casos de violencia con armas de diversos tipos, lo cual nos demuestra el nivel de agresiones va creciendo. El Ministerio de Salud estableció una mesa de trabajo de seguridad, en la cual están realizando su propia encuesta a nivel país para ver la cantidad de agresiones.”
En relación a la normativa contra las agresiones a funcionarios de la salud, el Gobierno envió en abril a los distintos Servicios de Salud en el país un nuevo protocolo. Sin embargo, Flores aclaró que detectaron varias falencias. ”Al protocolo de agresiones que presentó el Gobierno le hicimos varias observaciones, ya que el proyecto no establece sanciones penales para las personas que incurran en violencia contra los funcionarios de la salud. La normativa que el estado propone, establece que los municipios lleven los procedimientos a realizar cuando un funcionario de la salud municipal es agredido. Esto no ha funcionado y exigimos que la o el director de cada recinto de salud municipal establezca la denuncia pertinente”.
Si la escalada de violencia que sufren los funcionarios de la salud sigue en alza, la presidenta de la Confusam, Gabriela Flores, concluyó que no dudaran en radicalizar su posición frente a la situación. “Estamos atentos y organizándonos a nivel nacional, ya que esta situación tiene que detenerse. No puede haber ningún caso más de una trabajadora o trabajador agredido. No dudaremos en generar instancias de movilización, y exigimos que nuestras observaciones sean tomadas en cuenta por el Gobierno”.
La situación en los hospitales no es diferente. Para Edgardo Jarpa, dirigente regional del Bío Bío de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Salud Fenats Unitaria, las situaciones de violencia son consecuencias de un mal manejo por parte del Estado en la fragilidad del Servicio de Salud. “Los trabajadores y trabajadoras de la salud son la cara visible de un sistema que hace años exige mejoras, entonces los pacientes descargan en nosotros las frustraciones que el mismo sistema proporciona."
El dirigente de los trabajadores de los recintos hospitalarios señala que los funcionarios se exponen constantemente a agresiones que tienen cero relación con sus labores y que escapan de sus facultades. "Aquí se está perdiendo el real foco del problema, la falta de una reforma estructural al sistema de salud pública, que no solo sea un protocolo el que proteja a los funcionarios, sino el cambio orgánico del servicio.Porque las y los trabajadores en estos momentos son la contención de la frustración de la población” afirmó Edgardo Jarpa.
Tanto funcionarios de la salud municipal como la hospitalaria coincidente en que las agresiones a las y los trabajadores guardan relación con la misma realidad: un sistema de salud que no cumple mínimamente con las expectativas de la población chilena. Al ser ellos los que se relacionan con los pacientes, deben enfrentarse a asumir responsabilidades de un sistema de salud al que hace años se le exige que sea oportuno, público y de calidad.
