Andrés Figueroa Cornejo / Prensa Internacional-Congreso de los Pueblos de Colombia

Con la participación de representantes de diversas organizaciones sociales y políticas chilenas, se realizó a las 13.00 hrs. del 3 de junio de 2016 la primera manifestación solidaria con la Minga Nacional o Protesta General de los Pueblos de Colombia que comenzó el pasado 30 de mayo.

Bajo la lluvia y el frío del otoño chileno y a metros del río Mapocho, única arteria fluvial de la capital del país andino, las y los solidarios con la causa de la Paz con Justicia Social y Ambiental de la Cumbre Agraria, Étnica y Popular colombiana, se apostaron en las puertas del Consulado de Colombia, ubicado en la comuna de Providencia de la Región Metropolitana. Acusando recibo de la acción internacionalista, las autoridades consulares resolvieron cerrar al público sus oficinas de manera ‘excepcional’ y lograron que los medios de comunicación dominantes no acudieran al evento. Mientras tanto, la policía chilena montó guardia visible en las inmediaciones del Consulado.

Las y los voceros de las distintas agrupaciones que se dieron cita en la actividad de solidaridad con la Minga Nacional colombiana, la primera de una agenda que considera varias manifestaciones y foros-debate, señalaron que “La sociedad civil y organizada de Colombia hoy lucha por sus derechos sociales básicos: tierra, agua, trabajo seguro y decente, inclusión social, participación política, autodeterminación de los pueblos, infancia digna, soberanía alimentaria y soberanía nacional, pluri-cultura y pluri-etnicidad, educación y salud de excelencia, vivienda, seguridad social, resguardo del medioambiente y de los recursos naturales”, y agregaron que “Reunido en la Cumbre Nacional Agraria, Étnica y Popular, el pueblo de Colombia, con presencia movilizada en el 85% de su país y en 100 puntos estratégicos a lo largo y ancho toda su geografía, desde los más pequeños poblados, hasta las principales capitales y ciudades, no tiene ninguna relación orgánica con las insurgencias político-militares de Colombia, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, FARC, y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, como lo han señalado irresponsable y malintencionadamente autoridades oficialistas. Emitir semejante mentira y estigmatización por los medios de comunicación sólo tiene la finalidad de justificar la más cruenta represión en contra de un pueblo desarmado que lucha a mano limpia por sus derechos negados históricamente”.

Asimismo, informaron que, de acuerdo a la Organización Nacional de Indígenas Colombianos, “ya van tres asesinados, 135 heridos de gravedad, 5 retenidos ilegalmente y un desaparecido, principalmente del sur-occidente de Colombia, a 600 kilómetros de Bogotá. La represión proviene de las fuerzas policiales y militares del Estado colombiano, comandadas por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos. En especial del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y del Ejército Nacional, que han acometido en contra de las movilizaciones pacíficas de la población con gas lacrimógeno y ‘recalzadas’ o municiones de fragmentación no convencionales”.

Las y los manifestantes chilenos denunciaron que “La actuación del Estado de Colombia frente a las garantías comprometidas para el curso legal de la movilización social y pacífica, niega en los hechos concretos sus propios dichos públicos. El paro de la sociedad colombiana tiene como objetivo el diálogo y el fin del conflicto, pero con inclusión y justicia social; esto es, con el término de las causas estructurales, sociales, económicas y políticas que originaron el propio conflicto desde hace más de medio siglo. En resumen, la protesta general sólo persigue por vías estrictamente pacíficas, la participación protagónica de la sociedad civil colombiana en la ruta de convertir a ese país en una casa justa y digna, democrática e inclusiva, para vivir muy lejos de la violencia y muy cerca de una sociedad de derechos. En este sentido, los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión y manifestación pacífica están reconocidos en la Constitución Política de Colombia, como en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos, los cuales el Estado de Colombia ha suscrito y en consecuencia está obligado a cumplir”.

Finalmente, la solidaridad chilena exigió al gobierno de Colombia “Las garantías legítimas y legales para la movilización, y que cesen los ataques y la represión indiscriminada en contra de las comunidades indígenas, campesinas y urbanas en la Minga o protesta general; la instalación de la mesa de negociación nacional encabezada por el Presidente de la República y sus ministros con el fin de cumplir con todos los acuerdos pactados con los diferentes sectores sociales movilizados; y la inmediata liberación de las y los indígenas retenidos durante el paro general, y la investigación y persecución acuciosas de los responsables de las personas muertas, heridas de gravedad y desaparecidas durante el desarrollo de la protesta pacífica”.

Con la bandera colombiana sobre el Consulado y debajo de la lluvia inclemente, en la manifestación participaron organizaciones como la Confederación Nacional de Pequeños Productores Chilenos-Vía Campesina, Leonel Retamal (HispanTV y El Ciudadano), Partido de los Trabajadores, Museo a Cielo Abierto de La Pincoya, Inquietando desde el Margen, Ukamau, Casa Bolívar, Colectivo Andamios, Izquierda Libertaria, Izquierda Guevarista y el Congreso de los Pueblos de Colombia-Capítulo Chile.

Aquí puedes ver un video de apoyo de la organización Ukamau

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