Agua, minería y crisis sociopolítica
Por Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, OLCA
Destrabamiento del extractivismo
El primer semestre del año 2019 inició con la polémica agenda pro-inversión, que el gobierno promueve desde el año 2018. Para la cual crearon un organismo independiente a la institucionalidad ambiental, como es la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS), que inició gestionado 280 proyectos por 67.200 millones de dólares, de ellos, US$28.709 millones corresponden a proyectos mineros, es decir 47,7% de la inversión.
Esta oficina está ligada directamente al Ministerio de Economía y su creación tiene por finalidad “destrabar” e incluso en palabras de ellos, “desburocratizar” una serie de iniciativas que permitirán agilizar diversos proyectos extractivistas, vinculados a minería, energía e infraestructura, entre otros. La meta es lograr la aprobación de los proyectos trabados en el plazo de un año.
Además de ello, el gobierno despachó en la misma época, una reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA, la cual tiene como principal objetivo otorgar –una vez más– mayor certeza jurídica a los proyectos de inversión. Todo ello, pese a la creciente conflictividad vivida en los territorios a lo largo y ancho del país, producto de la contaminación, la carencia de agua, la falta de participación, etc.
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a) Agua
El año 2019 fue declarado como el más seco en los últimos 60 años, la mega sequía, se estima que afecta a un 76% del país, donde 134 comunas de las 346 que existen, fueron declaradas durante el 2019, en escasez y 2 de ellas fueron consideradas como zonas de catástrofe hídrica.
Como respuesta del gobierno, esta agenda estratégica contempla en su plan de crecimiento, la construcción de una carretera hídrica bajo el sistema de concesión a privados, que propone trasladar agua desde las cuencas de la región del Bío Bío, hacia el norte, donde la región de Atacama sería inicialmente el primer destino, zona en la que se concentra un importante número de proyectos mineros. Esta propuesta pretende imponerse desoyendo las voces comunitarias, y las recomendaciones científicas, quienes han expuesto los peligros de interrumpir el ciclo del agua, y su imposibilidad de desembocar en el océano, además de los altos costos a lo largo de todos los ecosistemas que atravesaría en 1800 km de largo.
b) Transición energética y minería
Por otro lado, el 2019 también fue un año de amplias movilizaciones por el cambio climático, motivado en parte porque Chile sería el escenario donde se desarrollaría la COP 25 suspendida tras el Estallido Social, pero también por la crisis hídrica, además de las innegables consecuencias, en términos ambientales y sociales, que ha dejado la matriz energética sostenida en base a hidrocarburos, específicamente termoelectricidad.
La discusión energética se centró por un lado en la idea de una transición energética, y por otro en la electromovilidad, ambas forman parte de un entramado que lejos de traer justicia ecológica o climática, agravan el problema. Más aún, considerando que Chile, al año 2020, cuenta con el 51% de las reservas mundiales de litio, lo que equivale a un 23% de la extracción mundial en el último año, además de altas concentraciones de otros minerales denominados minerales críticos para transición, que se utilizan para este tipo de tecnologías, como son el cobre, el litio, el cobalto, lantánidos, entre otros. Desde el gremio minero se intenta legitimar su extracción por medio de un discurso verde, que proclama la necesidad de este tipo de extracciones para proveer a la población de las tecnologías renovables, a fin de avanzar hacia la descarbonización.
A esto se suma la sobre producción de energía, cuya matriz incluye también a las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), lo que nos hace prever un futuro álgido en conflictividades de carácter socioterritoriales. Más aún si consideramos que justamente son las comunidades, quienes han puesto la mayor voz de alerta respecto a los efectos que genera la extracción de litio en ecosistemas tan frágiles e incluso poco conocidos, como son los salares
De hecho, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en su última actualización del Mapa de Conflictos Socioambientales del año 2018, determinó que dentro de Chile existen en la actualidad 117 conflictos de estas características, 28% de los cuales están ligados a minería, mientras que un 38% estarían ligados a energía, es decir, entre ambos sectores daría un total de 66%. No obstante, debemos señalar, que al menos en el caso minero, el porcentaje de conflictos es mayor, considerando que OCMAL registra 49 casos.
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c) Crisis sociopolítica
A inicios del cuarto trimestre del año 2019, sucedió el estallido social y la posterior revuelta popular, que visibilizó los años de demandas por un cambio político, económico y la consecutiva desmercantilización de la naturaleza, especialmente del agua y la tierra; junto con ello, visibilizó las demandas por la nacionalización de los minerales; además de exponer la innegable precariedad en la que millones de personas viven. Las movilizaciones, dejaron un alto costo en vidas humanas y una larga lista de vulneraciones a los Derechos Humanos por parte del gobierno contra las y los manifestantes –como pérdida de visión total en dos personas o parcial en más de 400 personas, violaciones sexuales y daños físicos– documentadas y criticadas
por informes nacionales e incluso internacionales como el de Human Rights. Con todo ello, la movilización sólo fue detenida por la propagación del COVID 19, dejando un plebiscito y un proceso constituyente –no exento de polémicas–.
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