Darío Aranda / Página 12Me meten preso por reclamar. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza”, señala la carta de puño y letra de Agustín Santillán, joven referente wichí detenido desde hace un mes en Formosa por reclamar los derechos de los pueblos indígenas. Organismos de derechos humanos, comunidades originarias y organizaciones sociales emitieron una carta: “Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas. Agustín Santillán se encuentra detenido por demandar sus derechos”. Ahora comenzó una huelga de hambre.
Santillán es un joven wichí de Ingeniero Juárez, el extremo oeste de Formosa y una de las pocas voces de la zona que cuestiona en público a Gildo Insfrán, gobernador desde hace 22 años. Se lo vio en el acampe indígena de Buenos Aires en 2015, en entrevistas a canales porteños y encabezó la marcha histórica (en Formosa) de 2013, donde un millar de originarios se plantaron frente a la casa de Gobierno.
“Estoy marcado”, suele resumir Santillán. Sus principales reclamos son tierra, agua, educación, salud, cumplimiento de los derechos indígenas.
A fines de marzo e inicios de abril, las inundaciones jaquearon el oeste de Formosa. Hubo saqueos y robos, algunos de ellos protagonizados por jóvenes wichí. Desde el poder político y el juez Marcelo López Picabea apuntaron contra Agustín Santillán, aunque él no estuvo en ninguno de los episodios. Fue detenido el 14 de abril, golpeado y traslado al penal de Las Lomitas (centro provincial). Su esposa, Gabriela Torres, explicó la primera semana de detención que se trató de jóvenes marginados de toda asistencia estatal, rehenes de la droga y el alcohol. Y, al mismo tiempo, utilizados como grupos de choque de sectores políticos.
“A Agustín lo persiguen por luchar por nuestros derechos. Lo quieren matar”, había alertado Gabriela Torres en abril. Y adelantó que querían detener a toda la familia de Santillán, para así poder quebrarlo emocionalmente. Una semana después, Torres fue detenida cuando visitaba a su esposo (fue liberada tres días después).
Santillán escribió tres cartas desde la cárcel y fueron difundidas por el sitio La Retaguardia (de la Red Nacionales de Medios Alternativos): “Hola amigos y compañeros. Quiero pedir ayuda para seguir difundiendo lo que el gobierno de Formosa me hizo. Me meten preso solo por difundir y reclamar la verdad. Me meten preso porque quieren ocultar la pobreza, la falta de trabajo. Acá hay mucho racismo. Tengo miedo. No es seguro estar acá. Soy inocente y víctima de la sucia política de Gildo Insfrán”.
El 28 de abril escribió una segunda carta: “Sigo resistiendo desde acá. No estoy solo, yo sé que ustedes me dan fuerza y ánimo. Soy inocente, me arman causas, siempre el gobierno usa a los policías para hacer esos trabajos. El que está conmigo ya lo persiguen y le arman causas. Sólo pido un deseo: en mi cumpleaños, el 1 de mayo, ser libre. Fuerza hermanos”.
El juez Marcelo López Picabea emitió orden de detención de 30 hombres y mujeres wichí, muchos de ellos cercanos a Santillán y otros sospechados de los incidentes de inicios de abril. “Es una cacería de wichís. Algunos hermanos se están escapando al monte”, denunció la organización Resistencia Qom, que acompaña a pueblos originarios de Formosa.
A Santillán se lo acusa de intimidación pública, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, robo en banda, amenazas, lesiones, agresión y usurpación. “Le armaron más de veinte causas”, explicó su abogado, Daniel Cabrera, que no tiene dudas del trasfondo político que hay detrás del caso. También están presos los wichí Bautista Macedonio y Roberto Frías.
Al cumplirse un mes de la detención, medio centenar de organizaciones sociales, organismos de derechos humanos y comunidades indígenas emitieron una carta abierta titulada “Criminalización y cárcel a dirigentes indígenas en Formosa”.
“Repudiamos la creciente criminalización que sufren las comunidades indígenas en el país. Un ejemplo claro de esta realidad es la actual privación de la libertad de Agustín Santillán, que se encuentra detenido por demandar el goce de sus derechos”, denuncia el escrito, firmado por Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), Red Agroforestal Chaco Argentina (Redaf), el Grupo de Acceso Jurídico de Acceso a la Tierra (Gajat), el Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas, la Confederación Mapuche de Neuquén, la Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita en Tucumán (Upndt), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), entre otros.
El gobierno de Formosa sostiene que Santillán es el impulsor de los desmanes en el oeste de Formosa, incluso lo tildó de “terrorista”. Ni la Secretaría de Derechos Humanos de Nación ni el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas han emitido opinión.
La carta de organismos de derechos humanos resume la situación formoseña: “Hay hermanos indígenas detenidos y otros que son sometidos a causas judiciales en una muestra inusual de persecución política, que echa un manto de duda sobre el rol de un Estado de derecho, que no sólo incumple el contenido elemental de la normativa internacional y de la Constitución Nacional, sino que estigmatiza, criminaliza y persigue a aquellos que sólo intentan gozar de sus derechos más elementales”.
El mismo día de la carta, se conoció una nueva medida del juez Marcelo López Picabea. Ordenó la detención y cárcel para 16 wichís, entre ellos están amigos y familiares de Agustín Santillán, incluso su esposa Gabriela Torres.
