Los desastres que han asolado al país en las últimas semanas han servido para que los escándalos y sinvergüencerías de la clase política hayan pasado a un conveniente segundo plano de la noticia y de la atención pública nacional. Pero a no engañarse. No hay que olvidarse de que hay prominentes empresarios procesados y presos por las estafas y robos cometidos por el Grupo Penta en colusión con prominentes dirigentes políticos de diversos partidos; hay al descubierto un escándalo de proporciones protagonizado por el hijo y nuera de la presidente Bachelet por tráfico de influencias y otras bajezas cometidas en torno a la empresa Caval; hay al descubierto una enorme red de políticos corruptos que estafaban al fisco y vendían sus roles al traficante y mafioso de calaña espesa Julio Ponce Lerou y su imperio construido en torno a Soquimich (SQM), la misma que se adueño gracias a su suegro Pinochet, la misma cuya propiedad los políticos concertacionistas no quisieron cuestionar, cosa que también debieron haber hecho hace 25 años con todas las empresas que fueron usurpadas al Estado por los buitres pinochetistas. Sin olvidar que el origen de todo esto fue el descubrimiento del delito de fraude al FUT que dio origen a la investigación fiscal y judicial.

En el caso del escándalo del grupo Penta, todavía quedan por conocerse casi un centenar de contratos falsos presentados por estos empresarios para estafar al fisco, y en torno a los cuales el Servicio de Impuestos Internos (SII) aun debe querellarse. El caso Caval no termina de develarse por entero pero ya ha tirado por el suelo la bien posicionada imagen de la presidenta Bachelet arrastrando con ella al conjunto de su gobierno. En el caso de SQM hasta ahora han sido implicados 13 senadores y 35 diputados de distintos partidos, y 3 ministros de Estado de la actual administración.

Razones más que suficientes para que el conjunto de implicados de la clase política quiera hacer un borrón y cuenta nueva con cuento viejo. A la habitual y recurrente manera de enfrentar los escándalos cada vez que son descubiertos en delito, en trampa, en falta, en dolo, esto es, de legalizar el delito, ahora pretenden agregarle la total impunidad para los que debieran ser procesados y eventualmente condenados por los delitos que han estado cometiendo hasta ahora. Aprovechándose del hecho de que la atención pública nacional se ha desviado hacia el incendio de Valparaíso, o hacia la erupción del Volcán Villarrica, o hacia la devastación provocada por los múltiples incendios de bosques nativos en el sur, o hacia los catastróficos aluviones ocurridos en el norte, los capos mafiosos de las colectividades políticas que componen esta descompuesta clase política chilena, han intensificado sus afanes y presiones por imponer un acuerdo que ponga fin a las investigaciones y querellas del SII y ponga término a los procesos judiciales en curso. Intolerable. Pretender tapar la sinvergüencería con una sinvergüencería aún mayor es grotesco, chabacano, mafioso, pero es una muestra más de que la moral de la clase política chilena actual es una moral de alcantarilla, una moral de mierda.

La crisis política de políticos ladrones

Los compungidos y ofendidos rostros de variados sinvergüenzas, políticos y empresarios, colman los espacios de los medios de comunicación clamando que debe detenerse lo que ellos llaman “cacería de brujas” emprendida por el SII y la Fiscalía. Las maniobras leguleyas intentadas por los políticos implicados para tratar de impedir o detener que sus delitos sean puestos al descubierto ya han fracasado; los descréditos y artimañas comunicacionales tendientes a minimizar o ridiculizar a los persecutores e investigadores públicos no les dieron resultado; los afanes por reemplazar determinados persecutores y tribunales (buscando poner gente servil a sus intereses para hacerlos callar todo) no solo no les resultaron sino que debieron echar pie atrás y volver a sus buros con la cola entre las piernas a llorarle a sus padrinos y a sus abogados.

Entonces los padrinos y abogados discurren la ofensiva del gran acuerdo político para zanjar esta cuestión y que se “regule definitivamente sobre el financiamiento de la política” (todo dicho entre comillas porque se trata de una vil falacia, de una farsa más, de otra estafa); que se “tiene que tomar esta crisis como una oportunidad para crear un marco jurídico de nivel internacional”, (como ha dicho con todo desparpajo en ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo); “que hay que dejar que las instituciones funcionen y dejar de condenar a las personas anticipadamente”, (como ha dicho con clamor patriótico la presidenta Bachelet). Pero no traten de confundirnos, que ya no sirve. Son sus pares, señora presidenta, y no la ciudadanía, los que no quieren dejar que las instituciones funcionen y pretenden imponer la sinvergüenzura de la “salida institucional”, como pomposamente llaman a su caradurismo; son sus pares los que cometieron delitos en cooperación con sus amigos empresarios, así es que no reclame porque ya nadie se quiera tragar ningún cuento.

Pero entendámonos. Existe en Chile, desde hace rato, un sistema legal, un cuerpo de leyes que regula el pago de impuestos de empresas y ciudadanos, y ese ordenamiento legal ha estado siendo burlado por la colusión político-empresarial para defraudar al fisco y robarle al Estado. Ley ha habido y, además, hecha por ellos mismos y ni aún así la respetan. Existe en Chile, desde hace rato, una ley que regula el financiamiento de la política y las campañas electorales; pero los políticos sinvergüenzas y empresarios inescrupulosos han estado burlando esa legislación y cometiendo delito para obtener beneficios políticos y económicos, ambos, los unos y los otros. No hay ley que regule la moral, ni puede haberla, así es que para eso no hay más remedio que deshacerse de la podredumbre. Pero los Estados, señor Peñailillo, no son para estar haciendo leyes en beneficio de tramposos y delincuentes, sino todo lo contrario, para precaverse de ellos.

No más arreglines ni impunidad.

Entonces, por favor, no nos tomen por giles todo el día, no nos vengan con más sinvergüencería. ¿Qué pretenden estos padrinos mafiosos de la política chilena cuando hablan de un gran acuerdo político para solucionar la crisis? ¿Qué pretenden con la propuesta de “salida institucional” de la crisis? ¿Acaso las instituciones que investigan estos delitos de los políticos (SII, Contraloría, Fiscalía, Tribunales, Superintendencias) no son válidas para la clase política? ¿Es que es necesario volver a aplicar las prácticas de la dictadura para ocultar los delitos o lo que le resulta inconveniente al poder?

Sin tapujos, estos avivados pretenden impunidad, borrón y cuento nuevo. Lo que ya hemos dicho. Pretenden que se deje de investigar y se detengan los procesos judiciales y que todos hagamos como si aquí no ha pasado nada, que ha habido “irregularidades” solo porque somos un país atrasado y no hemos modernizado el financiamiento de la política, y nuestra clase política promete que no volverá a caer en tentación, amén. Nos toman por giles.

Y no solo eso. Los avivados pretenden que además de impunidad, el gran acuerdo nacional del conjunto de la clase política (o sea ellos mismos), legisle para “regularizar” esta cuestión del financiamiento de la política en el futuro. Es decir, los avivados quieren legalizar el robo que han estado cometiendo de manera que de aquí en adelante sea el Estado el que les financie sus asquerosas y grotescas campañas electorales solo por el hecho de haber sido descubiertos delinquiendo. Esto es como si los traficantes de droga pidieran que el Estado les proporcione guías de libre tránsito para ingresar y distribuir sus mercaderías por el territorio, de manera de no seguir cometiendo “irregularidades” en las fronteras. Nos toman por giles.

Esta “oferta” de negociación, de gran acuerdo, dirigida al conjunto de la clase política que supondría un financiamiento estatal y seguro (sin tener que recurrir a prácticas delictivas, o “irregularidades” como burlescamente llaman al delito), es el cebo para involucrar en esta nueva gran mentira a aquellos políticos que no se han manchado con las prácticas de corrupción o en el turbio negocio del delito; con este cebo del financiamiento seguro, muchos inocentes han guardado un expectante silencio que hace sospechar una suerte de disposición a pisar el palito para “agarrar algo”, total, sus colegas han estado haciendo trampa desde hace rato.

¡Que se vayan los ladrones!

El señor Peñailillo y los ministros de gobierno, los miembros del senado y de la cámara, deben saber que ya es más de mediodía, es decir, ya pasó el período de que nos traten como giles. El único acuerdo que podrían intentar es dejar que el SII haga todas las investigaciones que tiene que hacer, presente todas la querellas que corresponda presentar y denuncie todos los delitos que empresarios y políticos han estado cometiendo. El único acuerdo creíble es que dejen que las Fiscalías y los Tribunales hagan su trabajo y los delincuentes reciban las condenas que la justicia dictamine.

La única ley que podrían promover es una de emergencia que ponga fin al fuero de que se sirven los parlamentarios para parapetarse en sus cargos y eludir la acción de la justicia. Pongan fin al fuero y determinen la expulsión del Congreso de todo miembro que sea requerido o cuestionado por los tribunales de justicia, incluidos los actualmente implicados en los delitos que se han puesto al descubierto en el último tiempo.

Esta verdad también vale para los que no siendo ni ministros, ni funcionarios, ni parlamentarios, tienen el poder de sus comarcas políticas, los padrinos en tribuna o en las sombras (llámense Novoa, Lagos, Escalona, Larraín, y otros especímenes también sacados de urgencia desde sus sarcófagos para que vengan a salvar su obra de corruptela). Entiendan que su política de colusión político-empresarial ya fue descubierta y pueden llevársela adonde les plazca o plasmarlas en sus memorias de colusión y corrupción.

El bien común

El fin de la política es ocuparse y preocuparse del bien común. Pero el punto de partida para la actividad política es la honradez, la decencia, la moral de servicio público, sin estos simples valores a cuestas más vale no dedicarse a la política. Estos simples valores fueron la esencia del desarrollo de la política en nuestro país en el pasado, en el pasado lejano, en el pasado remoto. Esos valores son los que la colusión político-empresarial ha destruido en su dimensión política.

La dictadura terminó con los tiempos en que los mandatarios y servidores públicos, una vez cumplido su mandato, se iban para la casa con lo mismo que habían llegado. Pero también dejó instalada la trampa de la descomposición moral, de la descomposición ética de la política, del dominio absoluto del dinero como factor determinante de las relaciones de poder y de la práctica política. Una muestra asquerosa de esta verdad es comprobar que políticos supuestamente de izquierda, supuestamente progresistas, supuestamente de valores democráticos, se hayan vendido sin asco ni vergüenza, sin moral alguna, a un pinochetista enriquecido por la corrupción instalada por su suegro y que se suponía estos actores (demócratas, progresistas o de izquierda) debían o iban a combatir. En cambio, se unieron al círculo de corrupción para convertirse ellos mismos en seres despreciables y miserables que, armados de sus caraduras, como producto de sus robos y trampas, como imposiciones del sistema electoral (herencia también de la dictadura), han logrado engatusar a la población y ser elegidos en puestos en el parlamento.

Hay que deshacerse de esta podredumbre. Hay que restablecer el principio de la honradez en el ejercicio de la actividad política; hay que exigir una moral de servicio público en que el objetivo del quehacer político vuelva a ser el bien común. En fin, hace falta reclamar un poco de decencia.

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