El 12 de diciembre de 2013, alrededor del medio día, cuatro trabajadores petroleros de Las Heras -explotación situada en la provincia de Santa Cruz, en la Patagonia- fueron condenados a cadena perpetua por luchar hace 7 años contra la tercerización y el denominado “impuesto a la ganancia”.

Sí, en Argentina. No en tiranías africanas, ni en las dictaduras que asolaron a Latinoamérica entre los 60 y los 80 de la centuria pasada. Ni en el crimen sempiterno cometido contra los pueblos centroamericanos, ni en Asia dolorosa, ni en Medio Oriente. En Argentina. En la del Papa Francisco I y Messi, en la de Cortázar y las Madres de la Plaza de Mayo; en la de el novel de la Paz, Pérez Esquivel; en la del discurso oficialista con abundante excipiente de ‘titanes de los derechos humanos’. En territorio de Piazzolla y Goyeneche; de Borges y la producción científica contra las cardiopatías; la del psicoanálisis a granel, la antipsiquiatría; de José Hernández de Martín Fierro. El mismo país donde nació Guevara de la Serna; que fue llamado ‘el granero del mundo’; la Argentina, que cobijó a tanto exiliado chileno y uruguayo.

La petrolera Las Heras pertenece a YPF-Repsol. Está en medio de una comunidad de 15 mil habitantes que hace parte de Santa Cruz y cuyo gobernador, Daniel Peralta, es miembro de la coalición oficialista nacional Frente para la Victoria. Hace 7 años los trabajadores de Las Heras se levantaron volcánicamente contra la tercerización del empleo, por el mejoramiento de sus condiciones laborales, y en particular, contra el “impuesto a la ganancia” –u otro modo  de arrancar más excedente a los trabajadores, está vez con un disfraz de tributo legalizado-. De hecho, fueron los primeros en plantarse decididamente contra ese impuesto del todo absurdo en su forma, y totalmente gratificante para el Estado subsidiario del capital.

Hace 7 años, y en la tercera semana de los piquetes, la huelga y la resistencia de los trabajadores, fue encarcelado el vocero de los petroleros. Sus compañeros partieron a buscarlo a la alcandía. La policía, ante la pueblada, comenzó con los balazos. En ese contexto, murió en circunstancias jamás aclaradas, un uniformado apellidado Sayazo. Naturalmente, el poder culpó a los trabajadores con el fin de terminar con la huelga e imponer el orden que demanda la explotación humana en la comuna.

Primero fueron detenidos 12 trabajadores. Absolvieron a uno. Sobre las acusaciones por el policía muerto, una de las abogadas del caso, Claudia Ferrero, indicó que “no hay ninguna prueba concreta. Fueron armadas por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz en base a apremios y torturas, aterrorizando a toda la población en esa época y consiguiendo testimonios falsos a través de amenazas y persecuciones”.

Ramón Cortéz, José Rosales, Franco Padilla y Hugo González recibieron, sin más pruebas que las declaraciones arrancadas bajo tortura –donde para evitar los dolores sin nombre, se suele decir lo que el torturador quiere escuchar- el cautiverio ilimitado. Si en Argentina existiera la pena de muerte, se estaría frente a la versión argentina y contemporánea de los Mártires de Chicago, que con sus ejecuciones ominosas inauguraron el Día Internacional de los Trabajadores en 1886. Hace 127 años.

Los demás fueron acusados de ‘coacción agravada’ (también sin pruebas) con condenas de 5 años.

¿Por qué los trabajadores recibieron semejantes condenas?

Porque ante el ajuste estructural y antipopular en curso y que se intensificará en el corto plazo, ejecutado por el gobierno y mandatado por los organismos financieros del imperialismo norteamericano, la clase política toda –salvo los tres diputados del Frente de Izquierda de los Trabajadores, de un total de 250 parlamentarios subordinados al capital- debe con rapidez y brutalidad que no deje cabida a ambigüedades, imponer medidas ejemplares para el conjunto de los asalariados y los oprimidos castigados por la crisis económica. La inversión transnacional exige mansedumbre social, el precio más barato posible del trabajo, garantías y riesgo cero para continuar saqueando los recursos naturales del país. No es suficiente con aranceles  inexistentes o puramente simbólicos a las utilidades empresariales de Monsanto, Chevron, Barrick Gold, Bayer, Santander, Itaú, etc. Los pocos  dueños de todo –capital nativo transnacionalizado o capital transnacionalizado vestido de nativo-, quieren más. Y los inquilinos de turno de la Rosada tienen que facilitar la realización de esos intereses. De lo contrario, de no ofrecer gobernabilidad suficiente a la reproducción capitalista, calificarían como concesionaria política ineficiente y sustituible.

Porque se trata de petróleo, el recurso energético estratégico de la actual fase capitalista. Los Estados imperialistas, en particular el estadounidense, hacen guerras, matan niños, pulverizan pueblos completos por la apropiación del ‘oro negro’. Y Chevron (ex Texaco) quiero convertirse en exportador de petróleo y gas desde Argentina.

Y, por último, están las recientes motines policiales reclamando reajustes salariales –superiores a los de los trabajadores en general-, en varias provincias, y en algunas de ellas, como Córdova, segunda provincia Argentina, aliadas con la industria del crimen organizado. Ante ello, y manifestando una debilidad alarmante para todos quienes preferimos aun las democracias burguesas a las tiranías cívico-militares (más allá de que ambas formas ocultan la dictadura del capital), el gobierno, dentro del paquete de concesiones a los uniformados o al cuerpo estatal encargado de cautelar la propiedad privada y cualquier manifestación de descontento de la mayoría oprimida, envía, además de plata, una nueva señal de tranquilidad a la policía, y por extensión obvia (César Milani, Comandante en jefe del Ejército, mediante)  al conjunto de las Fuerzas Armadas.

Desde el movimiento popular o mayoría activa, hoy las fuerzas resultan ostensiblemente insuficientes. Al respecto sólo existe una táctica posible: la unidad acelerada y generosa de todo lo que se mueve y que en su movimiento enfrenta al capital. Manteniendo la independencia de clase de los oprimidos, mucho más allá de los trabajadores organizados; fundiendo tanta bandera incomprensible; colocando los intereses históricos del pueblo siempre por delante de los ideologismos, el caudillismo y los ombligos particulares. Conquistar y recuperar los territorios sociales controlados momentáneamente por la hegemonía de los exponentes políticos del capital y de la usina del crimen. Emplazar y multiplicar las organizaciones sociales en vistas de la acción directa, las primeras pistas de poder popular. Exudar vocación unitaria y convicción de poder. Sin atajos y desarrollando militancia joven, creadora, en disposición de lucha. Se pueden ganar todas las federaciones universitarias y comisiones de delegados sindicales, pero ello, teniendo su importancia, por sí sola no crea fuerza social transformadora e insurrecta.

La estrategia es el poder y la socialización de la vida. La toma de decisiones colectivas de todo un pueblo a la hora de escribir la historia, sin desdeñar ninguna forma de lucha.  La estatura de nuestros deberes es proporcional a las medidas del enemigo y de la nueva sociedad post capitalista, que por necesidad histórica, tiene que devenir por voluntad y condiciones objetivas. Ya estamos atrasados. Entonces, sincronía y articulación pronta de la unidad.