La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, cuestionó el violento accionar de las fuerzas de seguridad y presentó su “renuncia indeclinable” tras el desalojo a una comunidad mapuche en la provincia de Río Negro, dimisión que fue aceptada por el presidente Alberto Fernández.
Por Alejandro Baeza
Gómez presentó su renuncia al gabinete ministerial trasandino a raíz del desalojo de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, en el departamento de Bariloche. Los hechos ocurrieron el pasado martes 4 de octubre, en un operativo combinado de la Policía provincial de Río Negro, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal, esta última, mandatada por el gobierno argentino, para desalojarles de una recuperación territorial. Cabe recordar que en 2017 el grupo Albatros, de la Prefectura Naval Argentina, asesinó por la espalda a Rafael Nahuel Iem, en este misma comunidad.
La ahora exministra explicó sus motivos en una carta, donde entre otros puntos, señala que “Los hechos de público conocimiento desatados en Villa Mascardi por el desalojo ordenado contra la comunidad Lafken Winkul Mapu, en el que se produjeron detenciones de mujeres y niñxs, con participación de fuerzas federales me resultan incompatibles con los valores que defiendo como proyecto político”.
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Asimismo, calificó de “violaciones evidentes a los Derechos Humanos” el que durante el operativo se haya detenido a siete mujeres mapuches, dos de ellas con sus hijos en período de lactancia, una embarazada.
Indicó que “independientemente de la responsabilidad directa” que tuvo la magistrada en esa decisión, el Gobierno nacional “amerita una respuesta política contundente” frente a esa decisión. “Se ha traspuesto un límite, por lo que debo dar un paso al costado”.
Según consigna Página/12, cuando comenzó a circular el rumor de la renuncia, el presidente Alberto Fernández, estuvo realizando gestiones para convencer a la funcionaria a que cambie de opinión. Horas antes, la vocera de Gobierno, Gabriela Cerruti, había asegurado que no habría ningún cambio de gabinete y señaló que el desalojo "se hizo cumpliendo todos los protocolos, sin el uso de armas letales, ni ninguna denuncia durante el procedimiento". "No hubo ningún tipo de avasallamiento a los derechos de quienes estaban en ese lugar, se llevó adelante la orden judicial con todo el protocolo de seguridad y respeto a los Derechos Humanos", agregó. Además puntualizó que Gómez Alcorta "está interviniendo con lo que tiene que ver con el respeto a los derechos de las mujeres detenidas para que se puedan llevar adelante el proceso con todas las garantías".
Distintos organismos de derechos humanos han condenado el traslado de las detenidas que tuvo lugar “de manera ilegítima, arbitraria y desproporcionada por autoridades de la Policía Federal Argentina, en cumplimiento de una orden judicial también ilegítima, arbitraria, desproporcionada y excesiva”.
“Las detenciones se produjeron en el marco de una causa a la cual todavía no se accedió. No se saben las razones por las cuales se ordenó no sólo el desalojo sino también las detenciones”, explicó Diego Morales, director de Litigios del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “El hecho del que se las acusa es en la Patagonia, la jueza que ordenó su detención es de la Patagonia, no entendemos el destrato hacia estas cuatro mujeres”, indicó añadiendo que “no conocen los cargos, no tuvieron declaración indagatoria” y tampoco “han tenido contacto con sus abogados”.
Diputados y diputadas del bloque de la colación oficialista "Frente de Todos" también repudiaron el operativo y aseguraron que hubo "una evidente vulneración de derechos y total ausencia de perspectiva de género en el procedimiento".
*Imagen de "Luan. Colectiva de Acción Fotográfica"
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