Frente a la catarata de notificaciones de despidos en reparticiones públicas argentinas durante el feriado de Semana Santa, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) organizó un ingreso colectivo a los edificios incluyendo no sólo a los trabajadores que debían reportarse, sino también a quienes habían sido dados de baja, en demanda de su inmediata reincorporación. La dirigencia de ATE se refirió a 11.000 despidos efectivos durante el fin de semana, mientras el vocero de Presidencia aludió hoy a que serían 15.000 las personas alcanzadas por el ajuste, que a partir de ellos/as se extiende sobre sus familias y comunidades.
Por Victoria Basualdo (*)
Para intentar frenar esta acción, el Gobierno de Javier Milei dispuso fuertes operativos en los ingresos de múltiples edificios de la administración pública, incluyendo la Secretaría de Derechos Humanos (en el predio de la ex ESMA), así como las Secretarías de Trabajo, de Agricultura y Ganadería, de Educación, de Desarrollo Social, el INADI, el ENACOM, el CONICET y el ex Ministerio de Ciencia y Tecnología, entre muchos otros, en los cuales se hicieron presentes fuerzas como la Policía Federal y la Prefectura, que intentaron frenar la protesta contra los despidos y el desguace de áreas estratégicas del Estado.
Estos operativos con personal policial y de fuerzas de seguridad portando armas de fuego constituyeron no sólo un despliegue de poder represivo sino también un intento de imposición de disciplinamiento, control, miedo y humillación, al someter a trabajadores/as a hacer fila bajo la lluvia, a la espera de ser informados de si estaban en la lista de quienes continuarían trabajando o si por el contrario habían sido “marcados” para perder sus puestos de trabajo y su medio de sobrevivencia en un contexto crítico extremo. Esto tuvo lugar unos días después del 48 aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976, recordado con una de las marchas más contundentes, conmovedoras y masivas de la historia, y un día después de una reivindicación, por parte de la cúpula del poder político, de las fuerzas armadas en su accionar represivo y de una política de reconciliación.
En este contexto, las imágenes de uniformados armados en edificios públicos emblemáticos reactualizaron en forma contundente en el presente una larga y penosa historia de represión en los lugares de trabajo y en particular la articulación empresarial-militar en la última dictadura que llevó adelante procesos represivos desde el mismo día del golpe, cuando se llevaron adelante grandes operativos en predios fabriles que incluían personal armado policial y militar, despliegue de vehículos y listados de personas que en ese entonces no marcaban el despido, sino los secuestros y violaciones a los derechos humanos, muchas veces cometidas dentro de los propios establecimientos laborales, en algunos de los cuales llegaron incluso a funcionar centros clandestinos de detención y tortura.
Los lugares de trabajo han tenido, en términos históricos, una importancia crucial en la historia argentina, como espacio de disputa de derechos, de construcción de relaciones sociales, formas de organización y de identidades de largo alcance que son un blanco fundamental de la ofensiva económica, laboral y represiva actual. Investigaciones científicas y académicas, también bajo ataque en la actualidad, recuperaron una enorme cantidad de fuentes de diverso tipo que mostraron no sólo la originalidad, vitalidad y alcance de los/as delegados/as y las comisiones internas como instancias de representación, organización y disputa y como pieza clave de un modelo sindical centralizado en torno a un nivel confederal nacional, con sindicatos por rama de actividad y seccionales, sino también su importancia como blanco de la represión. Esta presencia y fortaleza en los establecimientos laborales fue un factor de enorme preocupación de sectores militares y del poder económico porque implicaban la posibilidad de discutir no sólo salarios, sino condiciones de trabajo y hasta aspectos de la organización del proceso productivo en forma diaria y cotidiana y tener una enorme fortaleza potencial en los conflictos que muchas veces marcaron el camino de la historia nacional.
La reconfiguración de las relaciones laborales en contra de los intereses de la clase trabajadora ha sido muy intensa en las últimas décadas, partiendo del impacto económico, laboral y represivo brutal de la dictadura así como de las reformas laborales profundamente regresivas aplicadas en diversas etapas (con particular intensidad en la década del 90 y en el período 2015-2019), el papel de la desocupación como disciplinador central en los 90 y del alcance del trabajo no registrado y fenómenos como la tercerización laboral, persistentes incluso en etapas de crecimiento económico y generación de empleo entre 2003-2015. El empleo estatal no fue en absoluto ajeno a este proceso de fragmentación, diferenciación y precarización laboral, sino que por el contrario, fue terreno fértil para diversos mecanismos de tercerización e introducción de modalidades de contratación precarias, que no sólo implican la negación de derechos elementales sino que contradicen el principio de estabilidad en el empleo y promueven la división de los/as trabajadores/as en estamentos y sectores.
A esto hay que sumar el impacto del cambio tecnológico y los efectos de la pandemia del COVID 19 en el desmantelamiento de una dinámica de funcionamiento colectiva en los espacios laborales, cada vez más debilitada por la extensión de un trabajo remoto que aunque evita viajes y costos y quizás suma flexibilidad, sobrecarga el ámbito doméstico, difuminando las fronteras entre trabajo y no trabajo y contribuye a obstaculizar el encuentro, la articulación y la construcción en un espacio compartido, en un contexto de inflación creciente y de licuación de salarios. Todo este proceso, fuertemente atravesado por la dimensión de género que sumó y suma otras profundas desigualdades al interior de la clase trabajadora, tanto en la producción como en la reproducción social, interactuó además con la transformación compleja de los sindicatos, siempre atravesados por tensiones y contradicciones profundas, y que en muchos casos durante las últimas décadas vieron debilitada o perdida una dinámica representativa para dar respuestas efectivas a procesos de enorme complejidad y profundidad.
Lo sucedido en numerosos edificios públicos, entonces, lejos de ser un suceso aislado, debe analizarse en el marco de la serie de ofensivas en las últimas décadas, teniendo en claro la centralidad de la disputa entre capital y trabajo que está en el núcleo de la escena política hoy, prisma desde el cual es posible apreciar quiénes son los perdedores y los ganadores de este proyecto. El despliegue de las fuerzas policiales y de seguridad se articula en forma explícita con una ofensiva económica, laboral, social, cultural e ideológica, en un marco en que la represión se vuelve crecientemente feroz en el ámbito público y también en ámbitos laborales en una forma no vista en décadas, como se vio en el caso extremo de SanCor hace pocas semanas, que marcó una alerta que no se puede desoir.
El conjunto de frentes de ofensiva, que puede aparecer como imposible de confrontar, toma un orden cuando se emprenden acciones unitarias que permiten superar la lucha de todos contra todos y consolidar un frente común. La medida de ingreso colectivo en los espacios de trabajo por parte del conjunto de los/as trabajadores/as, tanto quienes fueron notificados de su despido como quienes no, se propuso no sólo la defensa de los puestos de trabajo, sino también del conocimiento, oficio, trayectoria y saber acumulado en cada uno de estos espacios y trabajadores/as estatales, que a pesar de desguaces, precarizaciones, disciplinamientos y desarmes, siguen garantizando derechos fundamentales a la población, tareas imprescindibles que no pueden eliminarse sin que haya una dramática pérdida de derechos de la sociedad en su conjunto.
Se apuntó a lograr una demostración de poder y disciplinamiento articulado con la ofensiva laboral de enorme magnitud, el proceso de licuación de ingresos, la reconfiguración brutal del sesgo de la intervención del Estado, y una profunda transformación propuesta en términos de la estructura económica y de las alineaciones geopolíticas internacionales (como clave, cabe recordar que está en el país Laura Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, quien se reunió con autoridades argentinas). Sin embargo, a pesar de los operativos, la fuerza de las armas y el poder disciplinador, se logró en la mayor parte de los casos el ingreso pacífico a los lugares de trabajo reivindicados como propios de la mano de la organización sindical, superando violencia, provocaciones y confrontaciones, lo cual muestra, aún en un marco de insuficiencia de liderazgos articuladores y de disgregación de conflictos debilitados por la crisis económica y política, el potencial de la movilización colectiva incluso en condiciones profundamente asimétricas y violentas. Los/as trabajadores/as estatales de Argentina, en esta hora crítica y en condiciones de enorme vulnerabilidad, revitalizan y recuerdan con acciones concretas su historia y abren contra viento y marea un camino posible que, para tener alguna proyección e impacto, debe articularse con otras instancias de organización política, sindical y social para lograr formas de disputa más amplias y comprensivas de alcance nacional y regional.
Materiales para consultar:
-Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli, DT FLACSO-CIFRA “La teoría del ciclo del eterno retorno. Los desafíos que enfrentan los sectores populares en la etapa actual”, Febrero 2024. Disponible en: https://centrocifra.org.ar/wp-content/uploads/2024/02/DT30_FLACSO-AEyT_ene24.pdf
-AEyT de FLACSO, CELS, SDH y PVJ, Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad. Represión a trabajadores durante el terrorismo de Estado. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Infojus, 2015.
Tomo 1 disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/empresas_tomo_1-digital_infojus.pdf
Tomo 2 disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/empresas_tomo_2-digital_infojus.pdf
-Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Responsabilidad empresarial en las violaciones a los derechos humanos en Argentina / 1a ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación-Secretaría de Derechos Humanos, 2022. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/unidad24x1718042022web.pdf
-Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Repertorios : perspectivas y debates en clave de Derechos Humanos 3. Responsabilidad Civil en delitos de lesa humanidad / 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, 2022. Disponible en: https://www.argentina.gob.ar/derechoshumanos/responsabilidad-civil-en-delitos-de-lesa-humanidad-repertorios-perspectivas-y
-Serie documental “24 en la lista”, 4 capítulos, Canal Encuentro, 2023. Dirección: Ana Cacopardo y Mariana Arruti. Disponible en YouTube. Capítulo 1: https://www.youtube.com/watch?v=zoA_QlLXV0Y
-El Peligroso Oficio de Ser Trabajador – programa N° 2 de SIC Periodismo Textual, TVP, 2022. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=S_QJm2CEJRM
Fuente: el destape
