Hoy miércoles 9 de abril se presenta en la Cámara de Diputados de Argentina, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.

A pesar de que los apoyos crecen y se renuevan, el debate en el recinto sigue apareciendo lejano.

Bajo un contexto nacional e internacional desfavorable se presenta, por cuarta vez consecutiva, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo elaborado por la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación.

Presentado por primera vez en 2007 y nunca debatido, el proyecto de ley, que otorgaría a las mujeres un salto en su calidad de vida y un empoderamiento autonómico innegable, aparece una vez más en la escena política nacional en forma compleja y contradictoria; ignorado por la titular del Poder Ejecutivo Nacional, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner; obviado del anteproyecto de reforma del Código Penal elaborado por la Comisión encabezada por el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni; e invisibilizado de los debates de agenda coyuntural y las construcciones de sentido que los medios masivos -empresas mediáticas- imponen y que inciden en la formación reflexiva de la opinión pública y de la ciudadanía informada.

Por el contrario, el proyecto de ley de la Campaña es acompañado por cada vez una mayor diversidad de integrantes de sectores políticos y sociales en una clara respuesta a la avanzada de derecha punitiva que exige mayores sanciones como solución a los conflictos sociales; avalado a través de su firma por una cantidad respetable de diputadas y diputados de diferentes representaciones legislativas y que ven además la posibilidad de plantear a partir de este tema debates de fondo al interior de sus bloques a fin de romper con las férreas disciplinas partidarias; y tomado por cientas y cientos de activistas y militantes territoriales de todo el país que trabajan en el empoderamiento de las mujeres de a pie y en la generación de las condiciones previas necesarias para acompañar el momento en que la legalización del aborto sea finalmente un reconocimiento institucional a un reclamo que ya lleva décadas y que constituye una deuda de la democracia y del derecho como disciplina que registra las evoluciones de los usos y costumbres socioculturales.

Una cuestión de ejercicio del poder

Desde un ejercicio del poder personalista, machista y heteropatriarcal, en consonancia con la imposición de las Iglesias como creencias religiosas, dogmas o preceptos neocolonialistas, casi todos los gobiernos de Nuestra América reflejan la resistencia a avanzar sobre leyes que reconozcan un derecho de las mujeres como lo es la decisión sobre el propio cuerpo y el reconocimiento de individualidades femeninas que pretenden reconocerse en los ámbitos públicos como más que abnegadas madres de familia.

La justicia reproductiva y la redistribución de los recursos estatales concretos para su pleno ejercicio -educación sexual, acceso a la anticoncepción y aborto seguro- siguen siendo demandas incumplidas. Excepto Uruguay, los Estados de la región se niegan a suscribir Convenios y Tratados internacionales que se incorporan a las legislaciones nacionales con fuerza de jerarquía constitucional y que reconocen los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos. El entendimiento de que la negación de los mismos es otra forma de ejercicio de violencia sexista y de opresión institucional debería ser, un punto de inflexión para revertir una situación que se presenta desfavorable e in crescendo para la región. Mucho más, si evaluamos el poder de influencia que sobre las mandatarias y mandatarios ejerció la conversión del argentino Jorge Bergoglio en Francisco I, máximo jerarca del injerencista Estado Vaticano.

En nuestro país, el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo jamás obtuvo el consenso necesario para debatirse en el recinto legislativo a pesar de algunas estrategias individuales que lo único que hicieron fue poner en evidencia la resistencia de ciertos sectores de poder a que se avance en derechos y autonomía femenina.

Para ser debatido por la totalidad de la Cámara baja, debe contar con el aval de las Comisiones de Legislación penal, Acción social y salud pública y Familia, mujer, niñez y adolescencia. Es recordable en este sentido, la bochornosa sesión del 1° de noviembre de 2011 en que diputados y diputadas retiraron firmas y prestaron sus ausencias para que la Comisión de Legislación Penal fracasara en su intento de dictamen que permitiera debatir por primera vez en la historia el proyecto de ley de aborto libre, legal, seguro y gratuito en el Congreso de la Nación Argentina. Más aun, avanzando en el análisis, de días en los que las y los paladines de la “mano dura” reclaman mayores penas y la creación de un Estado policial estigmatizante para solucionar la mal llamada inseguridad, resulta utópico pensar en el corto plazo observar un debate legislativo que devuelva la responsabilidad de la salud pública a los Estados nacional, provinciales y municipales.

La libertad reproductiva de las mujeres sólo puede garantizarse si desde todos los sectores se actúa en forma mancomunada para la sanción del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo,  herramienta legal que otorgue dignidad a las sujetas de todos los estratos sociales. Por su parte, los Ministerios de Salud, de Desarrollo Social y de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y sus dirigencias son los otros grandes ausentes al debate.

Un clamor silenciado y la generación de contra mensajes

Las empresas mediáticas siguen devaluando a sus públicos y se hacen eco de las prácticas que de las cúpulas de ciertos sectores de poder emanan: silenciando el reclamo y el debate por el derecho al aborto, relegando la agenda de las mujeres a un lugar marginal dentro de la construcción de mensajes masivos. Contribuyen de esta manera a un conservadurismo -heterosexista y androcéntrico- que guía las prácticas médicas y jurídicas y que no permite avanzar en transformaciones socioculturales en torno a la sexualidad, la mater-paternidad, el trabajo y la organización política.

El pasado 7 de marzo y en ocasión del día internacional de las mujeres, alrededor de diez mil personas se manifestaron marchando desde el Congreso de la Nación hasta la Plaza de Mayo en un mensaje coordinado que nucleó a aproximadamente sesenta organizaciones políticas y sociales bajo la consigna principal de “Aborto legal, seguro y gratuito”. No obstante el pedido legítimo de defensa, extensión y reconocimiento histórico de derechos y las casi siete cuadras de movilización, iluminadas por la mística y por las miradas orgullosas de quienes la recibían a su paso; fueron ignoradas por los medios-empresas que, sin embargo, venden sus páginas y se hacen eco de la difusión de mensajes publicitarios estereotipados y sexistas que presentan al 8 de marzo como un día de expresión puramente comercial.

Como contrapartida, una contextualización adecuada, transversal y compleja de la situación de discriminación que la no resolución de la problemática de abortos clandestinos e inseguros produce -y reproduce- en las sociedades, podría significar la generación de nuevos discursos y construcciones de sentido, más responsables e igualitarios. La información como recurso fundamental para las decisiones de la vida cotidiana y el ejercicio de la comunicación como un derecho humano básico son pilares del nacimiento de los medios alternativos y populares, que a la par de la lucha eligen, como acto político, visibilizar las cuestiones de género como insumos para el cambio social y el ejercicio de una vida digna.