Los efectos y consecuencias del Estallido Social en que las fuerzas populares pusieron en crisis al sistema de dominación y al modelo político-económico imperante, han provocado la gestación de una feroz arremetida encabezada por el gran empresariado, que ven amenazados sus privilegios y granjerías, secundada por los sectores ultraconservadores de la derecha, defensores ideológicos del sistema impuesto por la dictadura militar pinochetista.
La revuelta popular intentó ser aplastada por el gobierno de Piñera con una inmediata declaración de guerra contra el pueblo que provocó centenares de víctimas producto de la acción represiva de las fuerzas policiales y militares, mandadas a las calles a restablecer el sacrosanto orden público y proteger los intereses de los poderosos. No obstante, la amplitud y profundidad que alcanzó el Estallido, no logró ser neutralizada por la andanada represiva del Estado; fue la pandemia del coronavirus la que llegó en auxilio de un gobierno que no podía sostenerse y de un modelo que se desmoronaba desde sus cimientos.
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La propia pandemia, sin embargo, puso de manifiesto y sacó a relucir más inequidades del sistema que denunciaban las manifestaciones populares. El gobierno de derecha se dedicó a salvaguardar a sus mandantes del gran empresariado y a proteger los reductos residenciales de los poderosos, pero dejó caer todo el peso de la crisis sanitaria sobre las masas populares y las grandes mayorías nacionales. El Estallido Social ya no pudo seguir expresándose en las calles y las jornadas de lucha se redujeron a tratar de generar formas de protección y autoayuda en las comunas y barrios más desamparados; las ollas comunes fueron la expresión más directa de organización social popular, pero al mismo tiempo fueron la expresión más drástica del desamparo en que el Estado y el gobierno de turno dejaban a sus habitantes. La consigna “Solo el pueblo ayuda al pueblo” se convirtió en una enseñanza y forma de lucha por esos días.
La ausencia de auxilios efectivos para enfrentar la pandemia y la carencia de oportunas ayudas estatales, al servicio de necesidades de la población, mantuvieron abiertas y profundizaron las demandas y exigencias levantadas desde las jornadas de la revuelta en adelante. Fueron la causa, además, de que las masas laborales se propusieran echar mano a sus propios ahorros previsionales para paliar los estragos provocados por la indiferencia e ineficacia de los gobernantes. Los retiros de parte de los fondos desde las AFP no sólo representaron un triunfo de las luchas sociales en el marco de la pandemia, sino que develó la inconsistencia social del modelo de las AFP, la inconsistencia moral de sus defensores, y cavó definitivamente el fin de este esquilmador sistema.
El Estallido Social primero, y la pandemia y sus efectos económico-sociales después, son las coyunturas decisivas que se tradujeron en el resultado favorable del plebiscito de octubre de 2020 que despachó al tarro de la basura la Constitución pinochetista y mandató elaborar una nueva carta magna para el país. Este hecho, representa una derrota de proporciones históricas para la derecha gobernante, para la clase política en su conjunto y, en especial, para el gran empresariado, dueño de las riquezas y los destinos del país (por ahora).
A esta derrota de la derecha y las fuerzas conservadoras, se agrega un nuevo fracaso sufrido en las elecciones de delegados constituyentes que se realizaron en mayo de 2021, en donde las representaciones ciudadanas independientes se impusieron ampliamente por sobre las representaciones partidistas, en general, y de la derecha, en particular, la que ve frustrados sus afanes por imponer sus arbitrios.
Otro duro revés para la derecha conservadora, para los administradores y operadores políticos del sistema, para los manipuladores habituales del lobby y el cabildeo de pasillo, fue la que sufrieron en julio pasado al interior de la propia Convención Constitucional al elegirse las autoridades que dirigirían el proceso constituyente propiamente tal. La elección de Elisa Loncón como presidenta del organismo, por su condición de mujer y mapuche, se convirtió en una doble bofetada en las fauces de las huestes defensoras de los poderosos y de la oligarquía dominante.
No obstante, estas sucesivas coyunturas decisivas y reiteradas derrotas de los sectores conservadores dominantes, originaron la articulación de una contraofensiva derechista que busca frenar los alcances de la fuerza popular y ciudadana surgida en el Estallido. Contraofensiva que se inicia con las maniobras del gobierno de Piñera que intentaron impedir, entorpecer y boicotear la instalación y funcionamiento de la Convención Constitucional a través de la imposición de protocolos burocráticos, de la limitación y condicionamiento de presupuestos, de provocar dificultades materiales para disponer de espacios de funcionamiento y de los medios técnicos adecuados (recordemos la deliberada falla de los sistemas computacionales), etc. La acción de boicoteo del Gobierno a la Convención fue seguida de una persistente actitud de bloqueo ideológico a las iniciativas de ordenamiento del proceso que sostuvieron los sectores conservadores representados por la minoría derechista de convencionales, encabezada a su vez por los integrantes más pinochetistas del sector.
A la par de las acciones de hostigamiento emprendidas por la fracción política más ultra de la derecha conservadora, el gran empresariado puso en marcha la maquinaria de confabulaciones para rearmar a sus huestes tras la figura del pinochetismo intentando la conservación del modelo que les ha beneficiado de manera excluyente. En esta máquina, los medios de comunicación empresariales han jugado un papel relevante mediante la difusión de noticias falsas (fake news), manipulaciones mediáticas tendientes a generar desprestigio de los representantes de sectores independientes en la Convención, publicitando encuestas de dudosa credibilidad cuyos pronósticos son aún más dudosos (cualquiera sea la tendencia que quieran imponer), instalando la cuestión de las elecciones presidenciales como el gran tema país, para neutralizar la significación de la Convención Constitucional, sobre todo la significación de la Nueva Constitución, y de ese modo desperfilar los objetivos y contenidos del proceso constituyente en curso.
En suma, el gran empresariado, la derecha conservadora pinochetista y ultra, los medios de comunicación empresariales, y la permeable y descompuesta clase política, han coincidido en un ataque persistente hacia el proceso constituyente pues ven en este proceso la continuidad del Estallido Social y la verdadera amenaza a sus bastardos intereses de perpetuar la expolición del país, tanto de su población como de sus riquezas básicas. Así es como se desprenden de los candidatos presidenciales que no representaban a rajatabla la obsecuencia pro empresarial de un Piñera, ni tienen la vocación dictatorial necesaria a sus fines de perpetuar su modelo dominante.
De allí que levantan la figura de un pinochetista empedernido, caracterizado por sus tendencias retardatarias y represoras. En torno a ese eje dictatorial, levantan un parapeto pinochetista e inician una gran arremetida contra los intereses de la ciudadanía mayoritaria, del campo popular, del pueblo en su conjunto.
Ante el evidente fracaso de su actual representante en La Moneda, que a duras penas y producto de componendas y bajezas de los administradores anteriores ha reflotado sendas acusaciones constitucionales que pudieron haber terminado en su destitución, la casta empresarial busca refugiarse en el pinochetismo para defender su modelo, intenta alzar la figura de un fanático para aferrarse a la salvación del sistema que le asegura poder y privilegios. Estos trajines ultraconservadores del gran empresariado siempre esconden la intencionalidad de utilizar a las Fuerzas Armadas y policiales como bastiones defensores de sus intereses y ciegos ejecutores de sus designios.
Esa intención se encubre y sostiene en un discurso sobre ideologizado de distorsionado patriotismo, de enfermizo y caricaturesco anticomunismo, en una real cercanía con los sectores más serviles e instrumentales de los altos mandos de las fuerzas armadas (caracterizados, a su vez, por una estela de corrupciones, malversaciones y procesos judiciales en su contra que no pueden ocultar ni aun con la amenaza de las armas), con lo que se configura una alianza espuria plagada de malos presagios y de una larga historia de represiones y matanzas populares.
La vicisitudes de la pandemia que afectaron al mundo popular, sumado a la euforia de las victorias parciales experimentadas sobre la derecha, generaron un relajo y la pausa que necesitaban los poderosos para reordenar su artillería y rearticular sus fuerzas con la finalidad última de contener las transformaciones profundas que la ciudadanía y el pueblo mayoritario impulsan y demandan, cuyos avances en lo inmediato se tratan de consolidar mediante el proceso constituyente en curso. Ésa es la principal amenaza que representa la derecha pinochetista.
Amenaza es la que la ciudadanía y la mayoría del pueblo están obligadas a salir a contener y derrotar una vez más en un proceso eleccionario, en este caso, la elección presidencial de segunda vuelta a realizarse el domingo venidero. Un eventual triunfo oficialista de la ultraderecha pinochetista y la derecha gobernante, significaría una regresión enorme en las condiciones de vida y de dignidad del pueblo chileno. Un eventual triunfo del pinochetismo sólo sería posible producto de una abstención masiva en el proceso eleccionario, lo que representaría una victoria de la ideología derechista, por lo que ese riesgo se elimina con la participación popular.
No sólo existe la amenaza real de una regresión en las causas en pro de verdad y justicia respecto de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las hordas cívico-militares del fascismo pinochetista durante la dictadura, sino que subyace la amenaza de utilización de las Fuerzas Armadas y policiales como perros guardianes de los intereses de los poderosos, práctica recurrente a lo largo de nuestra historia, más allá del uso represivo de conflicto de baja intensidad que ha utilizado Piñera en su demencial guerra contra el pueblo.
Por otra parte, el eventual triunfo del candidato de la oposición, en este caso Gabriel Boric, no puede ni debe ser interpretado como un respaldo a su candidatura, a su programa, a su coalición política, menos aún a sus aliados, sino como un acto de rechazo a la derecha pinochetista, de repudio al pinochetismo retardatario, y de sepultación del ultrismo conservador de los defensores de la dictadura y sus crímenes. La ciudadanía y el pueblo, se pronunciarán por la necesidad de reafirmar los objetivos surgidos en el marco del Estallido Social y por darle continuidad al proceso de transformaciones que busca poner término a la expoliación, al despojo y al desamparo. La consigna “Solo el pueblo ayuda al pueblo” sigue siendo una realidad y una necesidad presente y futura. La ciudadanía y el pueblo votarán por el candidato opositor como única manera de darle continuidad al proceso constitucional y de profundizar en los cambios que el país demanda. Además, votarán por el candidato opositor por la necesidad moral de cerrarle la puerta a tendencias ultraderechistas, conservadoras y dictatoriales. No hay otra alternativa.
Resumen
*Imagen: Presidente de los empresarios Juan Sutil junto a Kast | Agencia UNO
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