Pese a las trampas y maniobras del gobierno y de la UDI, pese a la gestación y aprobación de leyes represivas y coercitivas, pese a las erráticas intervenciones de sectores de la oposición, la demanda por una asamblea constituyente no ha cejado entre los principales objetivos de la movilización social en curso.
Junto con exigir, por medio de manifestaciones y acciones en las calles, la solución a las demandas inmediatas que afectan a la mayoría de la población chilena, la ciudadanía ya asumió que la elaboración de una nueva constitución es condición básica imprescindible para lograr la solución estructural y definitiva de los problemas que afectan la vida de toda la población. La ciudadanía comprendió que la actual constitución es parte de la basura que el pueblo chileno tiene que barrer, tiene que sacar del medio de la sociedad, porque ese engendro dictatorial constituye el cimiento y entramado sobre el que se sostiene este modelo abusivo, la desigualdad y las injusticias sociales.
Además, esta movilización y exigencias sociales tienen curso en un período de tiempo en que la ciudadanía ya perdió toda credibilidad en la mayor parte de la clase política y en los gobernantes; de modo que la población chilena no acepta cualquier fórmula de solución sino que exige una que dé mínimas garantías de democracia, de participación, de integración, de igualdad, de soberanía.
En ese sentido, el acuerdo en pro de dar curso a un proceso constituyente que habían alcanzado las directivas de la mayoría de partidos políticos con expresión en el Congreso el 15 de noviembre pasado, poco a poco ha ido quedando entrampado en la propia letra chica e insuficiencias de éste.
Lo que se ha dado en llamar “acuerdo de cocina” parece achicharrarse aún sin salir de la cocina, no solo producto de sus trampas y limitaciones sino en especial por la exclusión de los sectores movilizados en la generación y elaboración de un acuerdo con objetivos, métodos y formas verdaderamente democráticas.
Por el contrario, junto con haberse limitado a gestar tal compromiso sólo entre los desprestigiados y deslegitimados miembros de la clase política, este acuerdo no llega a responder las profundas demandas ciudadanas para realizar una asamblea constituyente mediante un proceso democrático y participativo. Una de las definiciones de aquel acuerdo era designar una comisión técnica para que concordaran los términos del cambio constitucional que se necesita para dar inicio formal a un proceso constituyente, y propusieran fórmulas para dar curso al plebiscito, elección de delegados constituyentes, elaboración y aprobación de la misma.
Si bien en un primer momento parecía que había una real aceptación del gobierno y de la alianza gobernante en avenirse a dar curso a este proceso, lo cierto es que a poco andar, el gobierno y la UDI comenzaron a poner más obstáculos, a instalar cortapisas, a provocar maniobras que no sólo entorpecieron, primero, e hicieron imposible, después, el objetivo planteado a la mentada comisión técnica. La UDI, en los hechos, no se resigna a dar por fenecida la constitución de la dictadura y vuelca todos sus esfuerzos en echar pié atrás y hacer fracasar a como dé lugar la posibilidad de lograr un país más democrático, más libre, más justo. Es presumible que el interés de esta derecha recalcitrante no es solo ensuciar con oscuras rayas “la hoja en blanco” en la que se debiera escribir la nueva constitución, sino que impedir que haya nueva constitución, y por tanto que haya un efectivo proceso constituyente.
Ciertamente que estas maniobras de la derecha gobernante se han visto facilitadas por el vergonzante desempeño de los sectores políticos de la oposición que han tenido actitudes erráticas, algunos, confusas, otros, y sumisa, la mayoría de ellos, a los chantajes gobernantes. La aprobación de las leyes represivas propuestas por este gobierno zombie, es un fiel reflejo de la descomposición moral de la mayor parte de la clase política que opera en el parlamento y en el gobierno. Este deprimente espectáculo, le ha permitido a la derecha y su gobierno seguir flotando y salir de la tormenta en que estaba sumido; Piñera sigue flotando, pese a contar con la aprobación más baja de que se tenga registro.
Resulta evidente que para la derecha la sola posibilidad de que la ciudadanía se exprese de manera democrática y directa es un riesgo demasiado grande. Ninguna triquiñuela de tercios, quintos, cuartos, séptimos, o la matemática que quieran aplicar para tratar de neutralizar la voluntad popular les brinda seguridad y garantías que no serán barridos como basura, junto con su bastarda constitución. Por eso la derecha bloquea la participación en igualdad de condiciones de los independientes (esto es, la población movilizada y organizada en sus entidades de base o en las asambleas y cabildos locales); por eso bloquea la participación paritaria efectiva de las mujeres (porque la sola situación de igualdad a la derecha le resulta insoportable); por eso bloquea la participación equitativa de los pueblos originarios (por el intrínseco desprecio que siempre han expresado hacia estos pueblos); por eso imponen un método basado en la reproducción de una limitada representación parlamentaria que no da sustento a la necesidad de un proceso constituyente (número que, además, el gobierno pretende disminuir de 155 a 120 justo en medio de este proceso); por eso pretenden imponer los mecanismos en que deben actuar los constituyentes (violentando con ello el sentido soberano que tiene en sí la asamblea). Es demasiado.
El temor que la derecha le tiene a la participación democrática de las y los ciudadanos es un hecho relevante, por esa razón imponen restricciones y limitaciones a la participación, de las iguales, de los pueblos, de las minorías. Esto ha sido así a lo largo de nuestra historia; no es casualidad que hace 100 años solo estuviera permitido que sufragaran “los ilustrados”; no es casualidad que las mujeres lograran derecho a voto luego de décadas de lucha; nada es casual en el actuar político y social de la derecha: siempre su objetivo exclusivo es defender los intereses de los privilegiados, de los patrones, de los poderosos, y la mejor forma para lograrlo es acallar y hacer callar a los ciudadanos. En eso siguen siendo muy ladinos y capaces de desplegar la suficiente cuota de cinismo para lograr sus propósitos, aún arrastrando a incautos, a ciertos imbéciles y a no pocos infames (que llegan a posiciones parlamentarias disfrazados de defensores del pueblo, y terminan siendo lacayos de los patrones).
Las cartas que están jugando son peligrosas. Siguen empujando al país hacia el abismo. Sostenidos en la mentira y la represión, apostando al ejercicio de la violencia, del terror, y de la amenaza constante de recurrir a las fuerzas armadas como fuerza auxiliar para proteger los intereses de los poderosos, la derecha gobernante hostiga, desgasta y juega con agotar la capacidad de movilización de la sociedad. Utilizan como siempre los manidos métodos de publicidad mercantil para taladrar la conciencia ciudadana, mal que mal, la sociedad, las y los ciudadanos, para ellos no somos más que objetos de mercado.
Ahora la campaña recalcitrante se centra en deslegitimar el proceso constituyente arguyendo para ello cuestiones que durante 40 años han demostrado ser una falacia absoluta. Proclaman y propagan que cambiar “la constitución” no servirá para corregir las inequidades del sistema, que las demandas ciudadanas se pueden resolver sin necesidad de cambiar la actual constitución, que sólo basta con proyectos de leyes para dar respuesta a los problemas de la gente, entre otro largo etcétera de artilugios y patrañas de propaganda que son propias de la derecha cuando quiere anular las demandas ciudadanas. Recurrentemente hemos escuchado que no se puede aumentar los salarios porque eso genera cesantía, que no se puede reclamar mejor salud porque eso aumenta los costos de las prestaciones, que no se puede exigir regulaciones e impuestos a los poderosos porque eso aleja la inversión extranjera, que no se puede exigir cambiar la constitución porque la ciudadanía está preocupada por bajar la delincuencia, que no se puede... nunca se ha podido nada precisamente al amparo de la constitución dictatorial. Y si, eventualmente, algún intento de reforma supera los obstáculos del parlamento, este sector siempre ha recurrido al Tribunal Constitucional que bloquea cualquier transformación que se pretenda realizar; este ente del actual TC es en rigor un instrumento de la derecha y su dictadura para salvaguardar sus intereses económicos y sus valoraciones ideológicas. Están empeñados en una nueva campaña de publicidad mediática destinada a bloquear la verdadera demanda de fondo que levantó la movilización social: asamblea constituyente, nueva constitución.
No nos llamemos a engaño. La constitución pinochetista está dando sus últimos estertores. La derecha intentará bloquear, anular, violentar, minimizar la participación ciudadana en el proceso de elaboración de la nueva carta magna. Pero no tenemos que caer en sus trampas sino seguir adelante con las movilizaciones y manifestaciones en las calles, ni ceder en nuestros derechos, ni cejar en nuestras demandas y exigencias. La calle es el espacio para seguir reclamando soluciones a los problemas y necesidades inmediatas (salario mínimo, previsión digna, condonación deudas estudiantiles, dotación de insumos de salud, rebajas en los costos del transporte, término del impuesto a los combustibles, etc, etc). La calle es también el espacio para seguir empujando hacia crear mejores condiciones de participación democrática en el plebiscito y ulteriores etapas del proceso constituyente, pero en ningún caso caer en el juego torpe de abandonar el terreno.
A los congresistas y políticos de la (mal) llamada oposición solo hay que reiterarles lo que rezaba una pancarta en una movilización de hoy: “Si no sumas, no restes. Y no jodas”.
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