Una bala mató a Juan Pablo Jiménez Garrido -presidente del Sindicato Nº1 de Azeta y de la Federación de Trabajadores-, al interior de las dependencias de esa empresa contratista de Chilectra. Al día siguiente, el 22 de febrero, el dirigente tenía audiencias en tribunales y en la Dirección del Trabajo para denunciar abusos de la empresa.

Juan Pablo había terminado su turno y se sentó a revisar documentación relacionada con su actividad sindical. Minutos después, a las 15:56 horas, se desplomó muerto. El trabajador Mario Gutiérrez lo encontró sin vida y en un charco de sangre. Un video de seguridad grabó lo sucedido.

Lo trasladaron al hospital de la Mutual de Seguridad, pero fue inútil. Hasta ese momento, todos pensaban que había muerto por un derrame cerebral. La autopsia del Servicio Médico Legal (SML) dijo otra cosa: una bala le había perforado el cráneo. La investigación judicial de este raro caso recién está comenzando y existen varias hipótesis. “Juan Pablo fue asesinado al interior de la empresa, al término de su jornada de trabajo, y sin que la gerencia pueda explicar lo sucedido”, señala el sindicato.

Juan Pablo Jiménez lideró un duro proceso de negociación colectiva, que culminó en diciembre de 2012. El sindicato votó la huelga, pues no hubo acuerdo con Azeta. Sin embargo, la asamblea decidió acogerse al artículo 369 del Código del Trabajo. “Eso molestó a la empresa porque significaba repetir la negociación en el plazo de un año, es decir, este año”, dice la abogada Margarita Peña, asesora del Sindicato Nº1.

Juan Pablo había presentado muchas denuncias contra Azeta por abusos y condiciones deficientes de seguridad, entre otras. En junio de 2012, falleció electrocutado el trabajador Richard Trincado. En los últimos días, las diferencias entre el sindicato y la empresa se agudizaron, producto del cuestionamiento de los trabajadores al tipo de arnés de seguridad que se les quiso imponer. Se trata de trabajadores subcontratistas de Chilectra, encargados de reponer el servicio y que desarrollan labores en condiciones de alta peligrosidad.

MALOS ANTECEDENTES

Juan Carlos Jiménez, padre de Juan Pablo, dice a Punto Final: “No estamos dando entrevistas a ningún medio. Esta la doy porque mi hijo, aparte de que no pertenecía a ningún partido político, tenía su tendencia de Izquierda por luchar por los trabajadores, y me había hablado de Punto Final. Me contaba cosas de su trabajo: tuvo problemas por las demandas laborales; no amenazas, pero sí mucha presión de los patrones. El problema grave fue en la negociación del año pasado. Juan Pablo empezó a tener problemas… a ser presionado. Pero no como para ser asesinado. Sin embargo, creo que a mi hijo lo mataron. Estuve sentado donde él murió y creo que se han precipitado mucho con la hipótesis de la ‘bala loca’. El balazo lo tiene en el lado izquierdo del cráneo y hay una oficina y un montón de obstáculos en esa dirección. A mi hijo lo mataron, lo mandaron a matar”.

La viuda del sindicalista, Ximena Acevedo, agrega que el fiscal le aseguró que todavía no terminan los peritajes balísticos ni se ha determinado el calibre del proyectil: “Se están haciendo diligencias. Desconozco cuáles y estoy cooperando en todo lo que puedo. Lo que tengo claro es que mi esposo fue asesinado en dependencias de la empresa, es lo que pude ver en el video. Hay que buscar a los responsables”.

La empresa Azeta tiene un largo historial de denuncias y demandas laborales por no pago de cotizaciones, despidos injustificados y prácticas antisindicales. Paga bonos a quienes no participan en las movilizaciones sindicales e incluso festeja con asados a los que no se afilian a los sindicatos. Azeta ha sido fiscalizada y multada varias veces. También se la ha sancionado por no otorgar descanso al menos dos domingos al mes. Los trabajadores denuncian que no respeta el contrato colectivo y que hay al menos tres fiscalizaciones -en junio de 2012- por “vulneración de derechos fundamentales”. Azeta cometió otra irregularidad al intentar hacer pasar lo sucedido a Juan Pablo Jiménez como “accidente fatal de trabajo”.

En 2011, dirigentes de los sindicatos del holding Azeta solicitaron una investigación por “simulación” a la Inspección del Trabajo. La gerencia impidió el desarrollo adecuado de la investigación al no entregar la información solicitada. Se constató que las empresas del holding tienen la misma casa matriz, casino y vestidores comunes aunque diferentes RUT. Por eso los trabajadores crearon la Federación de Sindicatos, de la cual Juan Pablo era presidente. Néstor Sepúlveda, vicepresidente de la Federación, dice que las relaciones con la gerencia son pésimas. El año pasado acusaron de robo a varios trabajadores, aunque esto nunca se comprobó. El jefe de seguridad “llamó a unos amigos carabineros, que llegaron de civil a interrogar trabajadores al interior de la empresa. Hay muchas denuncias de maltratos, juicios ganados y acuerdos que no se cumplen y denuncias en la Inspección del Trabajo”.

Juan Pablo, durante la última negociación colectiva, participó en un programa de Radio Popular Enrique Torres, de la que era un miembro activo, donde afirmó: “Nos ofrecen un 3,5% de reajuste de sueldo. No están reconociendo el IPC y nos quieren quitar beneficios. Azeta es un holding que tiene cinco empresas. El gran problema es que todos conocemos cómo trabajan: la gran tajada se la llevan ellos. Hubo una huelga en junio y la empresa perdió varios proyectos, pero fue por mala gestión administrativa. Quieren traspasar esos costos a los trabajadores, que somos los que al fin y al cabo les llenamos los bolsillos. Tengo que destacar la cohesión que se ha producido. Hace unos años había mucha división de los trabajadores, que laboran en áreas distintas. Afortunadamente hemos logrado cohesionar a los trabajadores”.

AZETA TIENE RESPONSABILIDAD

La primera hipótesis de la PDI fue la “bala loca”. El 2 de marzo, el 12º Juzgado de Garantía acogió la querella por homicidio simple, presentada por la familia de Jiménez y organizaciones sindicales. La causa se agregará a la indagatoria que encabeza el Ministerio Público. Aunque se han realizado diligencias, aún no existen un informe oficial y conclusiones. “La hipótesis de la bala perdida es una más. Hay antecedentes que se entregarán directamente a la Fiscalía. A Juan Pablo lo asesinaron y sólo falta determinar quién es el autor del crimen. Entregaremos antecedentes de ex uniformados contratados por Azeta que utilizan medios policíacos”, dice la abogada Margarita Peña. En una marcha convocada por la familia, la Conferencia Intersindical de Trabajadores y la CEPCH, participaron más de tres mil personas, y fue reprimida por Carabineros, impidiendo un acto frente al edificio de Endesa.

Según Margarita Peña, la querella permitirá solicitar diligencias y peritajes externos si es necesario: “Todavía no se reciben informes oficiales. Tanto la Brigada de Homicidios como la Fiscalía consideran que esta investigación es compleja. Se han acotado las líneas de investigación, el espacio físico desde donde provino el disparo. Cuando alguien aparece muerto por un disparo en la cabeza, la primera hipótesis es el suicidio. Acá se descartó absolutamente, se trata de un homicidio. Ahora bien, hay que preguntarse quién lo mató y por qué. La Fiscalía está dispuesta a interrogar a 400 personas. En el ámbito de sus relaciones sociales y personales, Juan Pablo no tenía enemigo alguno. ¿Quiénes podrían tener interés en asesinarlo? Estamos trabajando un par de hipótesis. Hay que preguntarse a quiénes puede haberles convenido que Juan Pablo muriera. Tenemos algunas convicciones que en tanto no se vean refrendadas con pruebas, no corresponde pronunciarse. Azeta tiene responsabilidad porque sus gerentes han declarado que en la empresa ‘llueven balas’. ¿Qué medidas de seguridad han tomado para proteger la vida y salud de sus trabajadores?”, dice.

LAS MANOS NEGRAS DE “AZOTA”

La Brigada de Homicidios y la Fiscalía investigan a ex uniformados que trabajan en Azeta. El Fiscal Nacional (s) Alberto Ayala, señaló que se investigará también “si era o no efectiva la existencia de amenazas”. “Azota” es el nombre que los trabajadores dan a la empresa. Según Sepúlveda, en conversación con Francisco Negrete, uno de los dueños, y el gerente general, Alfredo Jamett, “le pedimos ayuda humanitaria para que siguieran pagando el sueldo de Juan Pablo a su familia, que tiene que sobrevivir… Nos contestaron que este mes lo van a cancelar -como corresponde por ley-, pero que ‘en los meses siguientes dependería de las querellas y demandas que llegaran’. Le recordé a Negrete que el gerente Daniel Belmar declaró a la prensa que aquí ‘caían balas’. Me contestó: ‘¿Y qué querís, que te hubiera puesto una cúpula?’. Le dije, ‘Usted tiene expertos en seguridad… Algo tendría que haber hecho’”.

Los trabajadores señalan que los están presionando para que cambien de turnos, pues los sindicalizados no están trabajando horas extras ni los sábados. Les han amenazado que si no van a trabajar los sábados, los sacarán de las cuadrillas donde hay más producción. La abogada del sindicato sostiene que “Azeta comete demasiados abusos. Juan Pablo ganaba muy poco, algunos meses no rozaba ni el sueldo mínimo. Su último salario fue de 133 mil pesos, y él era supervisor”.

Publicado en “Punto Final”, edición Nº 776, 8 de marzo, 2013