La realidad de la educación pública en parte de la región de Atacama, administrada por el Servicio Local de Educación, es dramática y da cuenta de la debacle que mantiene escuelas y liceos en pésimas condiciones infraestructurales, situación que ha obligado a las y los trabajadores de la Educación Pública en dicho territorio a extender un paro por 2 meses.
Mientras el ministro de Educación, Nicolás Cataldo (Partido Comunista), llama a bajar el paro considerando "el derecho a la educación" de los estudiantes, los establecimientos se caen a pedazos y tanto asistentes de la educación, como docentes, ya emplazan a Boric para que intervenga en una problemática que se arrastra hace bastante tiempo, pero que se ha profundizado en los últimos años sin respuesta desde el Mineduc. Es tal la debacle administrativa que, al demoledor informe de Contraloría y del Ministerio de Educación sobre la gestión del SLEP Atacama, que motivó la apertura de una investigación por parte de Fiscalía de Copiapó por posibles delitos económicos, se le suma que ya se busca en el sector privado un salvavidas a la grave situación infraestructural que aqueja a distintos establecimientos de Caldera, Chañaral, Tierra Amarilla, Copiapó y Diego de Almagro.
Te puede interesar: Más de 50 días en paro: Docentes y asistentes de la educación en Atacama acusan incumplimiento de reparaciones mínimas comprometidas por el Mineduc
Ante la insistencia del ministro Cataldo de retornar a clases y la delicada situación infraestructural de los recintos educacionales, el Colegio de Profesores y Profesoras de Atacama, mediante un comunicado, declaró que primero se debe "cumplir con el piso mínimo de las condiciones habilitantes en los establecimientos bajo la dministración del SLEP Atacama. Esto implica que los servicios básicos estén funcionando correctamente, los servicios higiénicos estén reparados, se hayan arreglado: duchas, vidrios, lavamanos, luminarias en las salas de clase, enchufes, interruptores, y se disponga de materiales e insumos necesarios para el funcionamiento de escuelas y liceos. También se debe garantizar el adecuado aseo e higienización de los establecimientos y contar con extintores recargados. Después de 56 días de paro, ninguno de los 46 establecimientos movilizados cuenta con las condiciones mínimas habilitantes ejecutadas".
La organización plantea ante la insistencia en la implementación del plan retorno a clases que "las comunidades educativas movilizadas consideran que el Plan de Retorno a Clases presentado por el Mineduc es un engaño a la opinión pública, ya que no se han cumplido las condiciones mínimas habilitantes prometidas por el ministro de Educación el 13 de septiembre. Las comunidades educativas movilizadas del SLEP Atacama afirman que, si no se normaliza el servicio local, en lo administrativo, financiero, pedagógico y de infraestructura no habrá un año escolar normal en 2024".
Carlos Díaz Marchant, presidente del Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, apoyó la negativa del profesorado atacameño de retornar a clases si las mínimas condiciones no estaban aseguradas. Agrega que, "sabemos los problemas serios que por años se han vivido en Atacama y del total abandono que ha tenido el Estado de Chile respecto de esa región en educación, por ello, pretender -como lo quiere hoy en día el Ministerio de Educación-, imponer un retorno sin consultar a las comunidades educativas, a las y los profesores, a los padres y apoderados, nos parece absolutamente inaceptable".
Cabe destacar que la situación de mal estado de los establecimientos a cargo de los Servicios Locales de Educación también ha afectado a Concepción, administrado por el SLEP Andalién Sur, el que acumula acusaciones de problemas infraestructurales, de dotación de personal, instalaciones sanitarias, alimentación, entre otros. Cada año liceos de distintas comunas del Gran Concepción son tomados por sus estudiantes por dichas problemáticas, confirmando que la problemática solo se extiende en el tiempo, pero no se soluciona.
La situación en parte de la región de Atacama es de extrema gravedad y estaría perjudicando a más de 50 mil estudiantes que incluso arriesgan perder su año escolar.
