Ayer jueves por la mañana, justo después de la aprobación por el senado de la LGE, el edificio de la Seremi (secretaría ministerial) de Educación amaneció con vidrios quebrados y manchas de pintura.

Este ataque provocó los daños mencionados en el edificio y que dos oficinas quedaran inoperantes. El nuevo seremi de educación Miguel Rojas calificó esta acción como delictiva y que no debería pasar en un país democrático.

En realidad, ni el país, ni esta ley en particular tienen un carácter democrático, cada vez más, la comunidad más se ve imposibilitada de decidir que es lo que quiere para sus barrios y para su comuna. En la comuna, los estudiantes que fueron expulsados en masa del Liceo Enrique Molina, como un intento de imponerles el miedo, devela la inmoralidad de las autoridades que han tenido un silencio cómplice. Sin moral no podemos pensar en democracia.

En el caso de la LGE, las únicas voces autorizadas en su debate fueron de quienes hacen negocio con la educación. La sociedad en su conjunto fue marginada de esta discusión. Lo más probable que esta manifestación constituya el comienzo de un nuevo ciclo de movilizaciones en contra de una ley que de democrática no tiene nada.