Continúan los intentos por parte de los sectores del poder en Guatemala por impedir el triunfo del partido de centro-izquierda, Movimiento Semilla, desde que Bernardo Arévalo pasara a segunda vuelta en julio pasado. En una nueva jugada, este lunes, misma jornada en la que se oficializó el triunfo del presidente electo, un órgano judicial suspendió a su partido. Como no hay ningún presidente jurídico, se desconoce cuál será el camino a tomar por parte de la institucionalidad, pero se cree que podría anular la elección de sus representantes en el Congreso y en otras instancias institucionales de representación popular, e incluso podría complicar el camino del propio Arévalo
Por Alejandro Baeza
Las autoridades electorales de Guatemala declararon este lunes como ganadores oficiales de la segunda vuelta presidencial al binomio de Bernardo Arévalo de León y Karin Herrera Aguilar, quienes el pasado 20 de agosto se impusieron ampliamente con el 61% de los votos.
La asunción de Arévalo marcará el retorno de un presidente progresista, o de centro-izquierda, en Guatemala desde el golpe de Estado propiciado por la CIA en 1954 contra Jacobo Árbenz, la primera intervención norteamericana para imponer mandatarios que sean sus sirvientes en América Latina y que a partir de entonces se replicarán por todo el continente usando a las Fuerzas Armadas como marionetas para masacrar a su propio pueblo, tal como ocurrió en nuestro país en 1973.
Sin embargo, al mismo tiempo que se oficializaba este triunfo, el Registro de Ciudadanos, un órgano dependiente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), suspendió la personalidad jurídica de su partido, el Movimiento Semilla, por orden del cuestionado juez penal Fredy Orellana, implicado en diversos casos de corrupción.
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La ley guatemalteca es clara en cuanto a que ninguna organización política se puede cancelar durante un proceso electoral, no obstante, Orellana interpretó antojadizamente que como la segunda vuelta se desarrolló el 20 de agosto, ya no habría impedimentos para seguir adelante con su persecución jurídica, en un nuevo intento de anular de la decisión popular en las urnas mediante lawfare, un fenómeno cada vez más recurrente en América Latina.
La vicepresidenta electa, Karin Herrera, señaló que el Movimiento Semilla “no claudicará en la exigencia al respeto de la voluntad popular expresada libremente en las urnas”, mientras Bernardo Arévalo indicó que “Nada puede impedir legalmente que tomemos posesión el 14 de enero de 2024, tal y como está establecido constitucionalmente” y que “este es un momento histórico para un pueblo que se volcó a las urnas y luego a las calles y plazas de todo el país para celebrar el inicio de una nueva primavera democrática”.
En tanto, Andrea Reyes, diputada electa e integrante del equipo jurídico del Movimiento Semilla, explicó a medios internacionales que aún desconocen "los alcances de la resolución porque aún no está en firme".
Según diversos expertos, en primera instancia esta suspensión no impediría que Arévalo asuma como presidente este próximo 14 de enero, no obstante, sí podría afectar la asunción de las y los congresistas también electos por este partido, así como los representantes en órganos municipales. Como no hay ningún presidente jurídico, se desconoce cuál será el camino a tomar por parte de la institucionalidad y todo está ahora en manos de la Corte Suprema.
Los intentos por quebrar la voluntad popular
El triunfo del nuevo presidente electo se dio realmente remando contra la corriente, pues tras conocerse su sorpresivo paso a la segunda vuelta el pasado 25 de junio, se intentó en un abierto intento por quebrar la voluntad popular expresada en las urnas, declarar ilegal su candidatura, acción llevada a cabo por nueve partidos de derecha.
Esta autoritaria situación no sólo fue criticada por la izquierda y todos los sectores democráticos guatemaltecos, sino también la Misión de Observación Electoral de Naciones Unidas, la OEA, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países pidieron a los tribunales, partidos políticos y autoridades, respetar los resultados electorales y negaron cualquier acusación de fraude electoral. Es tan aberrante la situación, que en una reacción poco usual, incluso el secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinken, condenó las acciones y reconoció como legítimos los resultados del 25 de junio, por lo que tuvieron que echar pie atrás en la intentona antidemocrática.
Como esta estrategia no resultó, lo siguiente fue utilizar los grandes medios de comunicación y redes sociales para atacar la legitimidad del proceso acusando que habría un supuesto fraude (para favorecer a un candidato de un partido que no ha estado nunca en ninguna instancia de poder y con el gobierno en contra, algo bastante raro) y satanizar la moderada visión de Arévalo con el clásico comodín en cuanto a que Guatemala se convertiría en Venezuela.
