El pasado sábado 14 de mayo a las 6 de la madrugada se produce el terrible hallazgo de una mujer, Nabila Riffo de 28 años, quien fue encontrada en una calle de la ciudad de Coyhaique, presentaba múltiples fracturas, no tenía sus piezas dentales, y se encontraba sin sus ojos, en estado de extrema gravedad. Toda la ciudad de Coyhaique y el país se estremecieron con la noticia, por su crueldad y el macabro accionar de los responsables.

Sin duda, una acción de violencia extrema, pero no por ello marginal, o aislada, es decir, en estos actos criminales contra las mujeres, los extremos permiten comprender también el centro. Si seguimos la lógica del periodismo del lugar común diríamos que las causas del ataque fueron los celos, que fue a una fiesta, que caminaba sola de madrugada, que el alcohol, que los trastornos mentales del agresor, etc. Sin embargo, creemos necesario distanciarnos de estas miradas que invisibilidad el problema de fondo y las causantes del odio de género. Si bien es verdad que la violencia es ejercida por sujetos particulares, existe una estructura que deja que ésta opere de manera impune.

Distinguimos la violencia social que es parte del modelo económico neoliberal, de este tipo particular de violencia de género, aquella generada por el sistema patriarcal que configura a las mujeres en la categoría de “cuerpos dóciles”, cuerpos biopoliticos excluídos y marginados, donde su vida no cuenta. Doblemente excluidas en la mayoría de los casos cuando se combina la violencia social y de género, por su condición de género y de clase. Son estos cuerpos de niñas y mujeres pobres los que poco importan para la justicia y el estado.

En varios casos de femicidios o de acciones criminales por odio de género, las mujeres habían denunciado previamente a sus agresores, exponiéndose a toda la burocracia del sistema que las concibe como “usuarias” y no personas que requieren ser protegidas por las instituciones del estado, sujetas con derechos. Pero no, para ellas la justicia se hace esquiva, como siempre opera para los de siempre y bajo el interés de clase que la sostienen.

El pasado 11 de abril murió en un hogar del Servicio Nacional de Menores, Ivette Villa por causas que estarían asociadas a una sobremedicación por parte de los funcionarios del hogar. Ivette Villa ingresó al Centro de Reparación Especializada de la comuna de Estación Central, a partir de una medida de protección por abusos sexuales.

El estado arrebata a cientos de niños y niñas pobres de sus contextos familiares, argumentando la vulneración de sus derechos. Sin embargo, es de público conocimiento que estos derechos siguen siendo vulnerados en los hogares del Sename, que como otros servicios públicos, operan más bien como bolsas de empleo para los militantes de partidos del gobierno, que como instituciones profesionales al servicio del interés público. Sin duda, no queremos generalizar, pero los últimos casos que incluyeron la renuncia de la directora del SENAME dan luces de esta situación.

Hay que decir las cosas por su nombre y dejarnos de eufemismos, el estado tiene una responsabilidad, por generar las condiciones estructurales que promueven el odio de género y que han causado la muerte, la vulneración de sus derechos y la violencia sobre cientos mujeres y niñas pobres de nuestro país. Es aquí que la historia de Nabila y de Ivette se cruzan, en cuanto mujer y niña hermanadas por la pobreza, donde el estado se ausenta y las expone a la violencia extrema de género a una, y a la muerte a la otra.

Es aquí donde opera la doble moral de la clase política y de la lógica del estado frente a la vida de las mujeres. “Hacerlas vivir en tanto que úteros y dejarlas morir en tanto mujeres”. (Foucault)