Por Ruperto Concha/resumen.cl
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Es difícil que alguna vez, antes, un Presidente de Estados Unidos haya sido humillado con una descortesía tan grave. Pero le tocó a Barack Obama, en su visita a Rijad, la capital de Arabia Saudita, el miércoles pasado.
Su Majestad el rey Salman fue personalmente a recibir, a la bajada del avión, a todos y cada uno de los dignatarios invitados a la Conferencia Regional del Oriente Medio... a todos y cada uno, menos al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien sólo fue recibido por un funcionario del Ministerio de Relaciones.
Más adelante, cuando el rey recibió al presidente, las imágenes de prensa muestran al rey Salman muy echadito para atrás, mientras Obama aparece en actitud obsequiosa y simpática.
En los hechos, Barack Obama destacó que la alianza entre Estados Unidos y Arabia Saudita sigue siendo tan fuerte como siempre.
Pero luego, inmediatamente después de la visita del presidente Obama, Arabia Saudita confirmó la condena a muerte del activista shiíta Yusof al-Mosheykhas, encarcelado y torturado, fíjese Ud., por “haber tenido opiniones terroristas”.
Estados Unidos y la Unión Europea había pedido con insistencia la liberación del activista, y, para muchos, aquella condena a muerte sólo fue parte de una teatral muestra de desprecio hacia las críticas occidentales.
La opinión pública de Estados Unidos y Europa recibió de plano su cuota de humillación. La revista Forbes sacó en grandes letras la frase: Injustificada reverencia presidencial ante la realeza en Rijad. ¿Acaso Estados Unidos necesita un aliado como Arabia Saudita?
Y el prestigioso diario Huffington Post puso el titular: “No debe dar Obama un pase libre a la agresión Saudita. El Presidente está dándole fuerzas a los peores instintos de ese reino”.
Por su parte, en el New York Times, el analista Nicholas Kristof, aunque admite que Arabia Saudita está perpetrando crímenes de guerra y violaciones brutales a los derechos humanos, considera que para Washington es preferible un acercamiento amistoso con el cual se podría obtener más avances que con un duro alejamiento.
O sea, justifica la obsecuente amistosidad del presidente Obama con la doctrina que los demócratas llamaron el “Consecuencialismo”, que sostiene que está bien hacer alianzas hasta con los peores tiranos, si con ello se defiende los intereses de Estados Unidos y, eventualmente, se puede ejercer alguna influencia para que los gobiernos criminales se vuelvan menos malos.
Pero más allá de esa pálida semi-justificación, los medios mostraron que había otros intereses para hacerse simpáticos con Arabia Saudita. Particularmente, los 60 mil millones de dólares que han ganado las industrias estadounidenses de armamento, por sus ventas más recientes, que incluyen las supuestamente prohibidas bombas-racimo, diseñadas para provocar pocos daños materiales pero mucha matanza de seres humanos.
Junto con suspender las compras de armamento, Arabia Saudita había amenazado a Estados Unidos con lanzar a la venta en el mercado financiero internacional, los pagarés de deuda soberana de Estados Unidos, por 750 mil millones de dólares.
¿Por qué esa amenaza?... Pues porque en los atentados contra las Torres Gemelas, 15 de los 19 terroristas que participaron eran de Arabia Saudita, fíjese, pertenecían a la secta wahabita, protegida y financiada por la monarquía de Rijad, y de hecho esos terroristas habían sostenido reuniones con personeros de la familia real de Arabia Saudita.
Asimismo, las investigaciones de Washington revelaban el financiamiento saudita a grupos terroristas, en los que se incluía Al Qaeda.
Es decir, si el gobierno de Estados Unidos permitía el conocimiento público de aquel informe, cada una de las más de 3 mil familias de las víctimas de los atentados de las Torres Gemelas…, cada una de aquellas familias, podría querellarse contra Arabia Saudita, exigiendo una indemnización de muchos, muchos millones de dólares.
Frente a ello, el presidente Barack Obama ya anunció que, si el Congreso aprobara una ley para desclasificar los documentos sobre los atentados del 11 de septiembre, él aplicará el veto presidencial para evitar que esa ley fuese promulgada y puesta en efecto, por cierto.
Pero ya la gente de Estados Unidos está enterada de que existen esos informes, y, para ellos, el ocultamiento por parte del presidente Obama, equivale a arrebatarle a las familias de las víctimas su legítima opción de ser indemnizadas.
Así, pues, también ahí la justicia no se entiende bien con la política. Y con algunas variantes, el conflicto entre justicia y política se está repitiendo también en el tema de la designación de un nuevo ministro de la Corte Suprema, en reemplazo del difunto magistrado Antonín Scalia, del Partido Republicano.
Ocurre que en 2010, la Corte Suprema de Estados Unidos, por un solo voto de mayoría, emitió un fallo eliminando todas las restricciones para que las empresas hicieran aportes económicos, por cualquier monto, para financiar campañas electorales. El fallo provocó instantáneamente un agigantamiento del poder de las grandes empresas sobre las decisiones políticas y administrativas de la nación, y provocó el comienzo de un enorme proceso oligárquico.
La muerte del magistrado republicano Antonín Scalia, eliminó el voto de ventaja, y, si se logra que el Senado apruebe la designación de un nuevo magistrado más progresista se da por descontado que volverían a imponerse las antiguas restricciones y con ello se frenaría la manipulación financiera de la política.
Para los republicanos, el aporte financiero de las grandes sociedades anónimas es decisivo y les permite sostener su formidable aparato de propaganda, publicidad e información políticamente comprometida. De ahí a que se opongan tenazmente a aprobar la designación de un candidato en reemplazo a Scalia, ya que el partido demócrata se ha comprometido a procurar la revocación de aquel fallo.
Hasta ahora, Barack Obama está proponiendo un candidato moderado, tratando de tranquilizar a la mayoría republicana del Senado. Su propuesta es el juez Merrick Garland. Pero los republicanos parecen decididos a dejar que la designación la resuelva el que sea elegido presidente en las elecciones de noviembre próximo.
Supuestamente, si gana Hillary Clinton, la postulación de Garland sería abandonada y en cambio se buscaría un candidato mucho más liberal y progresista.
Así, pues, una vez más vemos que la justicia y la política no se están entendiendo nada de bien.
En Europa, en tanto, las tensiones sociales y políticas están subiendo de tono cada vez más. Ayer sábado, una marcha multitudinaria, estimada en unas 90 mil personas, ocupó durante varias horas el centro de la ciudad industrial de Hannover, en el norte de Alemania, donde hoy llegó el presidente de Estados Unidos, con el propósito de presionar para la aprobación del Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión, entre la Unión Europea y Estados Unidos.
La marcha de protesta iba encabezada por un enorme caballo de madera, aludiendo a que el Tratado es un caballo de Troya con que Estados Unidos quiere adueñarse de Europa. En Bruselas la cúpula de gobierno de la Unión Europea insiste en declarar que el Tratado será muy favorable para Europa
Pero los sindicatos, los ecologistas, las organizaciones de consumidores, la izquierda y sobre todo los jóvenes, denuncian que ese tratado, redactado en secreto y completamente a espaldas de la gente, es en realidad un pacto que entrega todo el poder a las sociedades anónimas transnacionales.
Los dirigentes del movimiento en contra del Tratado Transatlántico han enfatizado que tanto en Europa como en Estados Unidos se está intensificando el rechazo generalizado que no apunta contra la liberalización del comercio entre Europa y Estados Unidos, sino contra el traspaso de poder a las sociedades anónimas, mediante las cláusulas secretas que se intenta hacer aprobar a espaldas de la gente.
También en Holanda se está produciendo una reacción cada vez mayor de rechazo al régimen de secretismo burocrático del gobierno europeo centrado en Bruselas. De hecho, provocó indignación que el gobierno de Holanda haya hecho caso omiso del referéndum en que más del 60 por ciento de los votos rechazaron aprobar la incorporación de Ucrania a los beneficios financieros y comerciales de la Unión Europea.
Despreciando ostensiblemente a esa potente mayoría, el gobierno holandés resolvió aprobar la moción de Bruselas en favor de Ucrania. Pero el efecto de ese grosero desacato no se hizo esperar, y en estos momentos el mismo movimiento social que pidió el referéndum sobre Ucrania, resolvió ahora convocar a un nuevo referéndum, esta vez con carácter vinculante, o sea, obligatorio, sobre la aprobación o rechazo del Tratado Transatlántico.
Y se da por descontado que, a lo menos en Holanda, el Tratado no será ratificado, y que un proceso similar está incubándose también en Gran Bretaña.
¿Se fija Ud.?... Tan mal como se están entendiendo la justicia y la política, están como divorciándose los intereses financieros de las grandes sociedades anónimas, respecto de los intereses reales de los seres humanos.
Fíjese que la Deustche Welle se publicó ayer una entrevista al diputado Klaus Ernst, del Parlamento Alemán, en que denuncia que la supuesta apertura de los términos del Tratado Transatlántico, para conocimiento de los parlamentarios, no es más que una payasada carente de sentido práctico.
Denunció Klaus Ernst que los congresistas sólo pueden ingresar por un máximo de dos horas, durante las cuales les está prohibido tomar fotografías e incluso tomar apuntes a mano sobre los documentos exhibidos. Tampoco se permite que los parlamentarios hagan preguntas sobre los contenidos del tratado, que, como si fuera poco, están redactados en inglés, en un inglés técnico, jurídico y comercial, tan engorroso, lleno de acrónimos y de siglas, que incluso los traductores profesionales no logran comprenderlo del todo a la primera.
Finalmente, el diputado Klaus Ernst denunció que el supuesto acceso de los parlamentarios al Tratado, no es otra cosa que un truco publicitario para dar la ilusión de que hay transparencia. Señaló que él siente que se le está obstaculizando el ejercicio de su libre mandato como miembro del Poder Legislativo y Contralor de Alemania, y señaló que muchos parlamentarios están viendo la posibilidad de iniciar pasos legales en contra del secretismo.
Y, en relación a la propuesta gemela de Estados Unidos para la cuenca del Pacífico, se ha denunciado que el secretismo es aún peor y contiene compromisos jurídicos que en realidad pretenden entregar gran parte del poder político, judicial y económico a las grandes sociedades anónimas transnacionales.
De hecho, resulta más que dudoso que los parlamentarios chilenos puedan estar capacitados para comprender y analizar los textos que ni siquiera los traductores profesionales europeos consiguen traducir al idioma nacional con facilidad.
La reticencia generalizada respecto de los acuerdos secretos que las naciones tendrán que aprobar sin siquiera conocerlas, se está haciendo tan intensa que incluso en Japón el gobierno teme un rechazo popular, a pesar de que aparece favorecido con liberación de impuestos a sus exportaciones a Estados Unidos.
Tanto es el rechazo, que el primer ministro japonés Shenzo Abe ordenó postergar la discusión del Tratado en el Congreso, hasta después de las elecciones. Es decir, Abe parte de la base de que el rechazo al tratado podría significar la derrota electoral para su partido.
Pero fíjese Ud. que la justicia, inesperadamente, parece estar mostrando ser capaz de desafiar la corruptela política y establecer alternativas jurídicamente más sanas y más justas.
En América Latina el poder judicial está alcanzando un protagonismo creciente. De hecho, el grotesco proceso del domingo pasado en la Cámara de Diputados de Brasil, ahora ha quedado en el pasado. La Corte Suprema aclaró que la Cámara de Diputados no ha juzgado a la presidente Dilma Rousseff, por la sencilla razón de que no tiene facultades para hacerlo.
Lo que se aprobó el domingo pasado fue simplemente solicitarle al Senado que estudie los antecedentes de acusación contra la Presidente, y juzgue sobre ellos ateniéndose a la Constitución y a la legalidad de los procedimientos.
En cuanto a los diputados, la Corte Suprema brasilera, llamada Supremo Tribunal Federal, ya ordenó iniciar las pesquisas de los primeros 316 parlamentarios y políticos, de 24 partidos políticos, involucrados en recibir gruesos pagos procedentes de la gigante petrolera Petrobras.
De los diputados involucrados en ese procedimiento, sólo 7 de los 137 que votaron defendiendo a la presidente, aparecen involucrados. En cambio, sí están involucrados 28 de los diputados que votaron en contra del gobierno.
Aquí en Chile hay dos casos relevantes y recientes de que es el Poder Judicial el que arroja una luz de esperanza.
Según información de prensa, el 10 de enero de este año el señor Juan Taladriz García sufrió un cuadro clínico de extrema gravedad por el que fue ingresado al servicio de urgencia de la Clínica Alemana de Valdivia, donde lo derivaron de inmediato a la Unidad de Cuidados Intensivos.
El 4 de marzo, mientras el señor Taladriz seguía grave y con peligro de muerte, la ISAPRE contratada por él, notificó a la hija del enfermo que sólo mantendrían por una semana más la cobertura adicional para enfermedades catastróficas. Después de una semana, el señor Taladriz no recibiría ningún apoyo financiero y, eventualmente, iba a tener que abandonar la clínica.
La hija interpuso entonces un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valdivia, solicitando que la justicia ordene a la ISAPRE seguir financiando el tratamiento de su padre.
La Corte falló en tiempo record, calificando de ilegal y arbitraria la decisión de la ISAPRE y ordenando mantener la cobertura adicional hasta que el médico tratante lo determine.
El otro caso, según información difundida por Radio Villa Francia, señala que en octubre de 2014 la Corte Suprema falló en favor de la comunidad de Caimanes en contra de la empresa minera de Los Pelambres, de propiedad del grupo Luksic.
El fallo ordenaba restituir el agua del estero Pupío, del que la minera se había adueñado, y que suspendiera toda emisión de contaminantes sobre esa agua y las napas subterráneas. No obstante, la Minera Los Pelambres hizo caso omiso del fallo judicial, lo que llevó a que la comunidad se movilizara bloqueando las vías de acceso.
El 6 de febrero llegó a desalojarlos un destacamento de Fuerzas Especiales de Carabineros. La comunidad, sin embargo, se negó a retirarse dado a que carabineros no tenía una orden de desalojo.
Dos días después, los carabineros regresaron, esta vez con una orden que, asombrosamente, había sido emitida en las oficinas de la empresa. Según denunció el dirigente Cristián Flores, Carabineros señaló que la orden había sido dada por el entonces Ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, y fue firmada por el gobernador Alex Patricio Trigo.
Es decir, según esa narrativa, tendríamos nada menos que el Poder Ejecutivo de Chile se habría hecho cómplice en violar un fallo judicial de la Corte Suprema, y además, comprometiendo el uso de Carabineros, para favorecer al empresario Luksic.
De ser así, tendríamos que Chile no está quedándose atrás en el derrumbe generalizado de nuestra civilización.
Cuando uno se pone a pensar cómo le entregaremos a nuestros niños el andamiaje de conceptos, de paradigmas y valores que les permitan crecer espiritualmente, ser capaces de optar a ser felices y crear felicidad en torno suyo...
¿Cómo podemos hacerlo? ¿Quiénes creen todavía que vale la pena ser honesto, ser sincero, reconocerse uno mismo en los demás y reconocer a los demás en uno mismo?
Hay una mueca de cinismo que asumen esos que confunden ser inteligentes con ser simplemente unos pillos.
¡Hasta la próxima, amigos! Cuídense, es necesario. Hay peligro.
Foto: http://www.lajornadanet.com
