Por Ruperto Concha / resumen.cl
Ayer sábado 5 de enero, la Asamblea Nacional de Venezuela, suspendida de sus funciones por fallo de la Corte Suprema, realizó su primera sesión para elegir su presidente. El elegido fue el diputado Juan Guaido, de la más fiera y derrotada oposición al gobierno socialista que preside Nicolás Maduro.
La sala de plenario sólo estaba a medio llenar, pues no participó ninguno de los diputados gobiernistas además de unos 30 de los propioos opositores. En su primer discurso, el diputado Juan Guaido reiteró su intención de impedir que el presidente Maduro asuma nuevamente su cargo, el próximo jueves 10 de enero, tras su triunfo en las eleccioes del 20 de mayo pasado.
Simultáneamente, en Perú, se reunían los países miembros del Grupo de Lima, que reúne a 14 repúblicas americanas, incluyendo a Canadá y al flamante ministro de exteriores, Ernesto Araujo, del régimen de Brasil, y el viceministro de Exteriores, Maximiliano Reyes, del nuevo gobierno de México, que preside Andrés Manuel López Obrador.
La mayoría casi absoluta de los concurrentes postulaban nada menos que desconocer las últimas elecciones presidenciales de Venezuela, y exigirle al presidente Maduro que no asuma la presidencia y, en cambio, que le entregue el gobierno a la Asamblea Nacional pues según ellos, es el único organismo constitucionalmente válido.
La estrambótica exigencia, en la que lamentablemente Chile participó, no alcanzó la unanimidad requerida, por la negativa de México a lo que calificó como una “irreflexiva intromisión” en la política de un país soberano y hermano.
Como fuere, la frustrada reunión de Lima no llegó a formular ninguna propuesta concreta sobre algún procedimiento para aplicar sus exigencias. En realidad no pasó más allá de una serie de declaraciones rudas que, en muchos casos, sólo esconden timidez.
Desde una perspectiva rigurosamente apegada a los hechos y a los argumentos jurídicos, la posición del Grupo de Lima aparece como un desatino jurídicamente insostenible. Vamos viendo.
La elección presidencial en Venezuela fue convocada con absoluto apego a la Constitución, tal como en su momento lo reconocieron incluso gobiernos europeos hostiles al régimen socialista bolivariano, como es el caso de Gran Bretaña y Alemania.
La crisis entre el Gobierno y la Asamblea Nacional se originó concretamente por el desacato parlamentario a un fallo del Tribunal Electoral, que fue confirmado luego por la Corte Suprema, que revelaba gravísimas fallas en la elección de 6 escaños correspondientes al estado de la Amazonía Venezolana. El fallo exigía que esa elección, la elección de esos 6 escaños, se repitiera.
Aunque esos escaños, de los cuales 2 eran de candidatos gobiernistas, no llegaban a alterar mayormente la mayoría alcanzada por la oposición, la Asamblea simplemente se negó a acatarlo, aduciendo que el Poder Judicial estaba en manos de magistrados afines al gobierno del presidente Maduro.
Es decir, se produjo la situación de que uno de los Poderes del Estado, el Legislativo, iniciaba una rebelión desconociendo a los otros Poderes constitucionales, el Ejecutivo y el Judicial.
En cuanto a la supuesta sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo, quedó absolutamente claro que la designación de los Ministros de la Corte Suprema en Venezuela sigue exactamente el mismo sistema que en Estados Unidos: Los partidos políticos o las organizaciones sociales proponen nombres de magistrados al Ejecutivo, el que, a su vez, los somete a la aprobación parlamentaria.
Y, más aún, una vez designados, los magistrados mantienen su cargo en forma vitalicia, y ya no pueden ser destituidos por razones políticas.
En medio de ese conflicto jurídico, la mayoría opositora intentó ir aún más lejos, y, por su cuenta, en forma absolutamente inconstitucional e ilegal, designó nada menos que a 30 individuos, elegidos entre sus partidarios, como nuevos magistrados del Poder Judicial. Por cierto esas designaciones no fueron reconocidas ni por el gobierno de Venezuela ni por ninguna otra nación.
Luego, en su embestida en su intento de derrocar al presidente Maduro, en una sesión improvisada aprobaron nada menos que la destitución del presidente, por “Abandono de Funciones”. Bajo esa figura, la Asamblea designó una delegación propia como la única legítima para represetar a Venezuela ante la OEA.
El Secretario Gereneral de la OEA, Luis Almagro, se apresuró a aceptar esa delegación espuria, lo que llevó a la decisión venezolana de retirarse de la organización.
Recordemois que ese Luis Almagro, jefe máximo de la OEA, fue denunciado como traidor y expulsado de su partido propio, el Frente Amplio de Uruguay.
Durante el desarrrollo de esta crisis, el presidente Nicolás Maduro convocó reiteradamente a la oposición para iniciar un diálogo que resolviera el entrabamiento de las instituciones del Estado. Pero la cúpula del conglomerado opositor, el MUD, rechazó cualquier acercamiento. Más aún, toda la actividad legislativa se limitó únicamente a arremeter contra los demás poderes del Estado. De hecho, la Asamblea no generó ni una sola iniciativa o proyecto de ley que apuntara a buscar alguna mejora económica para el país.
Finalmente, el 28 de marzo siguiente, la Corte Suprema emitió un fallo aplicando el artículo 336 de la Constitución, declarando temporalmente inhabilitada a la Asamblea, por haber dejado de dictar normas, leyes y medidas indispensables para el cumplimuiento de la Constitución de Venezuela.
Por su parte, el Ejecutivo, encabezado por el presidente Maduro, resolvió entonces convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, para decidir sobre una solución a la crisis, incluso si para ello fuese necesario modificar la Constitución. Como lo establece el artículo 37 de esa Carta Fundamental, el pueblo es el Poder Constituyente, y tiene la facultad de someter a plebiscito cuál será el marco legal en que se conjugarán los poderes y las instituciones del Estado.
El Gobierno, con toda lealtad, invitó a la oposición a presentar candidatos a integrar los 500 participantes que formarían la Asamblea Constituyente, y, con ello, a participar también en la supervisión y control del proceso eleccionario de los nuevos miembros de la Comisión. Una vez más, la oposición se negó a participar. Con ello, por supuesto, se auto-excluyeron del proceso constitucional.
Ya el 29 de julio, la misma BBC de Lontres admitía que la convocatoria a la Asamblea Constitucional es perfectamente legítima en cualquiera democracia del mundo, cuando se trata de modificar las leyes fundamentales.
El artículo 348 de la Constitución establece que el Presidente de la República tiene la facultad de convocar la Asamblea, y también la tiene el Parlamento si reúne 2/3 de los votos. Y establece además que ninguno de los poderes del Estado podrá impedir o incumplir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. La elección de los 500 miembros se realizó con el mismo procedimiento con que antes la oposición había ganado la mayoría en el Legislativo, aplicando los sistemas de verificación y control que fueron aprobados por la Fundación Jimmy Carter, de los Estados Unidos.
Paralelamente, el gobierno convocó a elecciones municipales y de gobernadores de los 23 estados de la República. En esa elección, el 2 de diciembre, se dio un triunfo resonante de apoyo al gobierno. De las 23 gobernaciones, 18 fueron ganadas por los gobiernistas, y de las cinco que ganó la oposición 4 fueron ganadas por el partido ADECO, Acción Democrática.
Tras la elección, el Consejo Nacional Electoral puso de inmediato a disposición de todos la totalidad de las actas de los 39 mil lugares de votación, todas firmadas y aprobadas por los vocales de todas las candidaturas y confirmadas por los inspectores técnicos designados por los partidos de oposición Primero Justicia, Tiempo Nuevo y Voluntad Popular, además de ADECO.
Y cuando, en el seno de la OEA, el secretario Luis Almagro comenzó a lanzar acusaciones de fraude electoral, fue el propio ex Presidente del Legislativo y cabecilla de la oposición, Henry Ramos Allup, el que lo encaró con burla y rabia a Luis Almagro diciéndole: “No vengas tú a darnos lecciones desde tu oficina de Washington.” Y le señaló que fue la propia comunidad internacional la que le exigió a la oposición venezolana establecer diálogo con el gobierno y participar en las elecciones.
Y le agregó: “¿Acaso crees tú que la comunidad internacional es cómplice de ese supuesto fraude, Almagro, que tú dices?
Luego vinieron las elecciones presidenciales del año pasado. Recordemos que la oposición venezolana, con apoyo de Estados Unidos y otros gobierno, habían exigido a Venezuela realizar las elecciones “A la mayor brevedad”.
Pero cuando el gobierno llamó a elecciones, el mismo coro internacional reclamó que el plazo era demasiado corto. Entonces el gobierno accedió a postergar un mes el acto eleccionario, pero la oposición igual se negó a presentar candidato.
El 8 de marzo, el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid al Hussein, exigió que el gobierno invitara a observadores de las Naciones Unidas para supervisar la elección. Pero, fíjese Ud., cuando el gobierno invitó a esos observadores, la misma oposición venezolana pidió que no acudieran observadores de las Naciones Unidas. Eso, porque si acudían tendrían que acreditar que las elecciones habían sido puras y sanas.
Fueron los propios candidatos, incluyendo varios de la oposición, los que por su cuenta invitaron a observadores de las Naciones Unidas, aunque la Secretaría General declinó enviar observadores oficiales, señalando que la elección estaba debidamente organizada y abierta a todos, por lo cual no había razón para enviar inspectores.
Así fue como el presidente Nicolás Maduro ganó su reelección con una enorme mayoría, aunque la participación de votantes fue sólo alrededor del 50%.
Esos son los hechos concretos. ¿Con qué base gobiernos plagados de corrupción y de brutalidad policial, como Perú, Colombia, o Argentina, donde la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, acaba de decretar que la policía está facultada para matar por la espalda a sospechosos que traten de huir, o Brasil, donde eso que llaman “la Cosa”, refiriéndose al gobierno de Jair Bolsonaro, ya anunció que permitirá que cualquier civil pueda tener hasta dos armas personales de fuego, y los uniformados hasta 6 de ellas en un Brasil que hoy tiene el récord mundial de muertes violentas, con casi 70 mil aesinatos anuales…
O Chile, donde la corrupción de las Fuerzas Armadas y la Policía Uniformada aparecen involucradas en gravísimos delitos y fraudes, incluyendo falsificación de documentos judiciales, acusaciones con pruebas falsificadas contra personas inocentes, además del asesinato del líder mapuche Catrillanca y posiblemente el del lonko Mendoza Lebu, secuetrado y torturado hasta la muerte la noche del 31 de diciembre recién pasado.
Resulta admirable la inteligente y serena actitud del nuevo gobieno de México al oponerse a los planes amenazantes del Grupo de Lima contra Venezuela. El viceministro de Exteriores simplemente invitó a sus colegas a reflexionar, a darse cuenta de que no sólo están interfiriendo ilegalmente en la política de un Estado que es hermano y es soberano. Además, con esa hostilidad, están siendo cómplices de un brutal ataque económico contra el pueblo venezolano, contra la gente de Venezuela.
Y eso sin considerar que, por ejemplo, sólo durante el mes de diciembre ya retornaron a su patria 85 mil venezolanos de los que habían emigrado.
La resistencia de la nación venezolana es una señal significativa. Así como fracasó el intento de derrocar al gobierno de Basher Assad, en Siria, aún a costa de cientos de miles de muertos, además de la demolición física del país, resulta también que el régimen socialista venezolano parece que está saliendo adelante, superando su crisis económica y consolidando los planes bosquejados durante la Revolución Bolivariana.
Ahora la “Cosa” Bolsonaro se declaró enemiga de Venezuela, enemiga de Cuba, de Nicaragua, de Rusia y también un poco enemigo de la China, a pesar de que eso lo dice suavecito, porque un tercio de sus exportaciones van a la China.
De hecho, la Cosa Bolsonaro trae fuertes indicios de una intención ya denunciada por la Red Voltaire, como parte de la estrategia de Estados Unidos para consolidar su control sobre América Latina:
Eso incluye iniciar guerras entre países latinoamericanos, lo que demolería todos los proyectos de integración regional concebidos por los gobiernios progresistas o de centro izquierda durante las últimas décadas.
De hecho, en Guyana, este fin de semana se enfrentaba el gobierno ante una moción de censura y, posiblemente, de destitución presentada en su contra por la mayoría del Congreso, que lo acusa de haber vendido a precio vil, a la petrolera Exxon, de Estados Unidos, la prospección y explotación de los yacimientos petrolíferos submarinos en zonas del Atlántico fronterizas con Venezuela.
En los próximos meses, nuestra América Latina tendrá 6 elecciones presidenciales. En El Salvador, un joven recién llegado a la política, Nayib Bukele, de 37 años, ex militante del izquierdista Frente Farabundo Martí, aparece como favorito de las encuestas, frente a la alianza derechista ARENA.
Luego, en mayo serán las presidenciales en Panamá, donde también aparece favorito el Partido Revolución Democrática, que sigue las propuestas del partido MORENA, de México, que venció enj las últimas elecciones con López Obrador. Y en Guatemala, donde aún no se definen las candidaturas, como favorito en las encuestas aparece el movimiento contra la corrupción política y financiera, que encabeza la ex fiscal Thelma Aldana.
En Uruguay, las elecciones presidenciales serán el 27 de octubre, y las encuestas muestran que el Frente Amplio, de centro-izquierda bastante izquierdista, mantendrá su predominio sobre el derechista Partido Nacional, aunque todavía no se han definido las candidaturas.
También el 27 de octubre serán las elecciones en Argentina, donde lo más probable es que se enfrenten el actual presidente Mauricio Macri, y la ex presidenta Cristina Feernández de Kirchner. El desastre económico del gobierno derechista de Macri, que mantiene al país en recesión, con una inflación de más del 40%, hace prever que será derrotado, siempre y cuando el dividido peronismo consiga superar sus divisiones internas.
Y finalmente, en fecha aún no determinada, este año se enfrentarán el presidente Evo Morales con el ex presidente Carlos Mesa, en Bolivia.
Esa campaña todavía no comienza, pero al parecer la reelección del presidente Evo Morales estaría bastante asegurada… aunque esta vez posiblemente no llegue al 60% de los votos, que obtuvo en las elecciones anteriores.
Así, pues, los pronósticos electorales de este año, según las encuestas, sugieren que la llamada marea derechista está perdiendo su fuerza y que otra vez la tortilla dará vuelta de carnero rumbo a lo que algunos llamarían “un socialismo en la medida de lo posible”.
El caso brasilero lo analizaremos más adelante, cuando ya haya hechos firmes, o al menos, más firmes que las promesas y las amenazas de Jair Bolsonaro.
Hasta la próxima, amigos. Cuídense. Es necesario. ¡Hasta la esperanza es peligrosa!
