[resumen.cl] Ante la propuesta de La India y Sudáfrica, los países de la Organización Mundial de Comercio (OMC) han iniciado este jueves el debate sobre la liberación de las patentes de las vacunas contra la COVID-19, postura que ha cobrado fuerza tras los serios problemas entre las grandes farmacéuticas y varios Estados, llevando incluso a la filtración de los contratos de vacunas.

“En un contexto de evidente tensión entre la fabricación de vacunas y la alta demanda que hay de estas, además de la absoluta falta de transparencia en los contratos que las compañías farmacéuticas están firmando con los diferentes gobiernos, suspender las patentes relacionadas con el COVID daría entrada a más productores y, en este sentido, aceleraría la producción y bajarían los precios”, explica Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras, en artículo publicado este jueves en el periódico del Estado español El Salto.

Varios líderes mundiales, han reconocido que las vacunas han de ser un bien común. Sin embargo como señala la representante de Médicos Sin Fronteras: “Dicen una cosa y hacen la contraria. Incluso en el propio seno de la Unión Europea se están planteando la posibilidad de obligar a algunas farmacéuticas a que compartan su patente con otros laboratorios para acelerar la producción. Esto es lo que estamos pidiendo que apoyen, o al menos que no obstaculicen, en el seno de la OMC”.

Tras la aparición de los primeros contratos firmados entre la Unión Europea y las farmacéuticas, se ha podido conocer cesiones de propiedad intelectual y cláusulas que en nada contemplan la salud pública o criterios de solidaridad, como las que impiden el reparto de los excedentes de vacunas entre terceros países.

Irene Bernal, investigadora del equipo de Acceso a Medicamentos de Salud por Derecho explica a El Salto que “lo que estamos viendo hoy con los problemas de suministro y de falta absoluta de transparencia entre la industria farmacéutica y los estados es muy revelador. La industria farmacéutica recibe millones de euros de dinero público pero oculta los costes de desarrollo de los tratamientos, los precios de venta en cada país o mucha información relevante para la ciudadanía y la rendición de cuentas”.