[resumen.cl] Chiguayante, Hualpén, Talcahuano, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz y Concepción volverán a cuarentena este sábado desde las 06:00 horas, sumándose a Lota y Coronel, las cuales iniciaban hoy la medida. Sin embargo, la decisión no es acompañada por una política de Renta Básica Universal que la haga sostenible y certera.
El mismo día en que Coronel, Lota y Contulmo retrocedían a cuarentena, el Ministerio de Salud anunció que siete comunas del Gran Concepción también lo harán a partir de este sábado.
Las comunas en cuestión son Chiguayante, Hualpén, Talcahuano, Penco, Hualqui, San Pedro de la Paz y Concepción, las cuales entrarán en cuarentena a partir de las 06:00 horas del próximo 6 de marzo.
La medida se implanta en un contexto donde el Informe Epidemiológico N°98 del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) cifra en 3.941 los casos activos de Covid-19 en el Biobío, con un 97% de las camas UCI de la región ocupadas.
Asimismo, el escenario se encuentra cruzado por el retorno a las clases presenciales que ha impulsado el Ministerio de Educación a nivel nacional, lo cual ya ha significado la activación de cuarentenas preventivas tras la presencia de contactos estrechos al interior de algunos establecimientos.
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Lejos de impulsar medidas que permitan realizar cuarentenas dignas, el Gobierno aún no considera la importancia de establecer una política de Renta Básica Universal (RBU) para paliar los costos que trae consigo esta forma de confinamiento.
Pese a que la evidencia internacional enfatiza en esta política para asegurar la subsistencia de la población, eliminando la necesidad de exponerse a contagios, la clase política no ha impulsado acciones estructurales que hagan llevadera esta situación. Por el contrario, se ha priorizado la entrega de bonos parcelados y el retiro de los ahorros previsionales de las y los trabajadores.
En este contexto, una Renta Básica Universal, vale decir para todo el mundo, sin postular, y suficiente, con un monto no inferior a $450 mil pesos, la cifra que el mismo Estado de Chile define como la línea de la pobreza (para una familia de cuatro personas), continúa siendo una política no tratada por el Gobierno de turno, pese a su urgencia.
