[resumen.cl] Sigue avanzando la temida “detención por sospecha” en la Cámara de Diputados. Este martes por la tarde y hoy miércoles es el turno de la Comisión Constitución quien evalúa las consecuencias de la aprobación de la Comisión de Seguridad Ciudadana a la indicación que amplía las facultades de las policías en el control de identidad.
Una verdadera orquestación mediática es la que estamos presenciando. El director de la pieza es el Ministro del Interior Jorge Burgos y tiene como objetivo que se implementen las medidas que amplíen las facultades de las policías para el control de identidad. Se ha creado un falso dilema para que esta indicación avance, presentando la idea de que las policías no tienen este tipo de facultad. Lo cierto es que el control preventivo ya existe, las policías tienen las atribuciones para realizarlo.
Es el artículo 85 del Código Procesal Penal el que permite a las policías tener la autonomía en el control de identidad, lo que significa que no necesita de alguna orden judicial para realizar el procedimiento. “Durante este procedimiento, sin necesidad de nuevos indicios, la policía podrá proceder al registro de las vestimentas, equipaje o vehículo de la persona cuya identidad se controla, y cotejar la existencia de las órdenes de detención que pudieren afectarle. La policía procederá a la detención, sin necesidad de orden judicial y en conformidad a lo dispuesto en el artículo 129, de quienes se sorprenda, a propósito del registro, en alguna de las hipótesis del artículo 130, así como de quienes al momento del cotejo registren orden de detención pendiente.” Los artículos 129 y 130 se refieren a si la persona es sorprendida en un delito flagrante.
¿Qué más se pretende ampliar las atribuciones a las policías? Se está a un paso de aprobar la detención por sospecha, una de las herramientas más brutales de la dictadura contra las poblaciones y quienes se oponían al régimen de Pinochet. La alarma entre los movimientos está encendida debido a que la iniciativa se interpreta como una política dirigida contra la movilización social en un escenario donde el gobierno ha renunciado a las supuestas “reformas” que supuestamente nos darían una país más justo, donde se escuchan las demandas de la población.
Mucho se ha discutido sobre las cifras de delincuencia, al punto de que algunas han sido cotejadas, resultando cifras contrarias a un supuesto aumento de la delincuencia. La clave en este tipo de iniciativas del gobierno apuntan al concepto de “percepción de inseguridad” de la población chilena. En esta percepción influyen una serie de factores que no necesariamente tienen que ver con la realidad y por lo general, tienen mucho que ver con emociones básicas de las personas como el propio miedo. Programas sobre procedimientos policiales, la forzosa interpretación del “conflicto” mapuche y los conflictos por los derechos sociales como delincuenciales, la utilización de noticieros centrales como un escenario donde se presenta la delincuencia, durante 15 minutos y más, de una forma hasta morbosa, configuran parte de los factores que inciden en esta percepción.
Nadie puede negar la brutalidad de lo sucedido con Pablo Ramírez, cajero del Servipag rociado con bencina y encendido por un par de delincuentes que intentaban quitarle el dinero recaudado, a lo que se negó. Lo que es cuestionable es que este caso sea lo que sucede habitualmente en el país: cualquier persona con un curso básico de argumentación reconocería esta teoría como falaz, pues su error consiste en tomar el caso particular como generalidad -es decir, una falacia por generalización. Nadie cuestionó por qué el cajero no entregó la recaudación: ¿en qué condiciones laborales se encontraba como para arriesgar su vida y no entregar el dinero? Eso es un simple ensayo para entender como el escenario se utilizó para justificar la mentada “agenda antidelincuencia”.
Lo llamativo de esta agenda antidelincuencia -además de su manifiesto clasismo, en el que se habla solo de los delincuentes menores y no los del congreso- es su carácter represivo. No hay consideraciones sobre los posibles factores que gatillen la delincuencia, entre ellos precisamente los factores socioeconómicos en nuestro país, uno de los países con mayores desigualdades del mundo. Al igual que cuando se habla de la imitación de los proyectos educativos de Finlandia y Holanda y sus excelentes resultados, se omite que estos países tienen de los mejores índices GINI del mundo. El índice GINI mide los niveles de desigualdades en el ingreso. Mientras más cerca de cero, es mayor la equidad y al contrario, mientas más se acerca a 1 mayor es la inequidad. Chile alcanza en esta medición cerca del 0,60; mientras que en Holanda y Finlandia ronda el 0,30.
No hay mención en las palabras de la clase política a las condiciones de vida de quienes delinquen, a el documentado apartheid educativo chileno, las frustraciones de la niñez, las ausencias de padres por causas laborales, las extensas y mal pagadas jornadas laborales, las características de sus círculos sociales, sus condiciones deficitarias en vivienda y sus barrios, las oportunidades y un largo etc.
Pero a gran parte del gobierno y la derecha chilenas parece no importarle en absoluto, se meten al bolsillo décadas de investigaciones para que sean las policías quienes resuelvan un problema social para el que no están capacitados, porque su labor represiva no busca terminar con el problema, sino con sus consecuencias. El gobierno y la clase política confunden deliberadamente el síntoma con la enfermedad.
