Hace 2 años 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa desaparecieron. El Procurador Jesús Murillo Karam se apresuró a decir que eran los narcos, el cartel Guerreros Unidos. Es más, señaló que los restos se encontraban en un basurero del barrio de Cocula. Pero el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales no encontró nada ahí. Lo que quedó claro fue que desde el gobierno se quería ocultar algo, que la propia Procuraduría era cómplice de la desaparición.

Por Daniel Mathews /resumen.cl

Y entonces el pueblo mexicano decidió que esta vez no. No se iba a dejar que sigan desapareciendo personas en México. Y, en la esquina de Reforma con Insurgentes, delante mismo de la Procuraduría, se instaló uno de los “plantones” más largos de la historia. Si el 2011 las primaveras árabes o la toma de las universidades en Chile duraron algunos meses, el “plantón de la PGR” ya dura más de un año, desde diciembre del 2014, y no están dispuestos a retirarse antes de que los jóvenes aparezcan.

El “plantón de la PGR” ha ido creciendo poco a poco. Lo primero que se puso fueron algunas carpas, una cocina y una alcancía para poder mantenerse. Luego se comenzó a sembrar el alimento, se armó una biblioteca, aparecieron grupos de música. El grupo los Batallones Femeninos rapea: “yo sólo menstrúo cuatro días al mes, tú eres un idiota todo el año”. El perímetro está rodeado por las fotos de los estudiantes, que apuntan hacia la PGR, acusándola. Los padres se reúnen permanentemente ahí y también acusan. Luego de cada reunión hay conferencia de prensa. Y periódicos como Brecha o La Jornada, de la UNAM, no se cansan de cubrir lo que los padres dicen.

No es un grupo homogéneo. En el informe qua ha publicado Brecha entrevistan a gente desde los 74 años hasta los 20. Tampoco tienen las mismas ideas. Es más bien un sentimiento. Uno de ellos dice: “Aquí somos gente con distintas ideas, no hay una que predomine; hay muchas personas que se acercan, y yo aprendí mucho de otro tipo de luchas. Ninguno de nosotros tiene un parentesco directo con los estudiantes desaparecidos en Iguala, pero sí hay un sentimiento. Si esto nos hubiera pasado a nosotros, ellos, los 43, estarían buscándonos.” –

En agosto, Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y coordinador de las investigaciones oficiales sobre la matanza de Ayotzinapa, renunció a su cargo. El GIEI lo había acusado –apoyándose en evidencias– de diversas manipulaciones. Fue él, señaló el grupo de expertos, quien “plantó” restos humanos en el río San Juan y quien construyó la “verdad oficial” de que los cuerpos de los 43 estudiantes habían sido quemados en el basurero del municipio de Cocula, un relato desmentido por los antropólogos y otros especialistas que han trabajado en el caso. Los padres de los 43 habían cortado el diálogo con la PGR hasta que Zerón fuese separado del cargo y entregado a la justicia.

Los familiares de los normalistas y los grupos de derechos humanos luchan actualmente por la sanción de una ley que tipifique el delito de desaparición forzada adecuándose a los estándares internacionales. La que existe actualmente, presentada por el gobierno de Enrique Peña Nieto en diciembre pasado, si bien recoge algunas de las exigencias de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, excluye de eventuales sanciones penales a integrantes del Ejército y de los cuerpos policiales, y no contempla el armado de un mecanismo nacional de búsqueda de cuerpos de desaparecidos. Por el contrario, atribuye la responsabilidad de las investigaciones a los distintos estados. “Todos sabemos que las entidades locales están permeadas por la delincuencia”, comentaron representantes de colectivos de familiares de desaparecidos.