[resumen.cl] Recientemente se ha aprobado el proyecto de ley para que profesoras y profesores puedan suspender su evaluación por este año. El texto establece: “Los docentes a quienes les hubiese correspondido ser evaluados en los años 2020 y 2021 y que hubiesen optado por acogerse a la suspensión de su evaluación por aplicación de esta ley, les corresponderá evaluarse durante el año 2022. Los restantes docentes a quienes les corresponda ser evaluados en el año 2022 podrán suspender su evaluación para el año inmediatamente siguiente o evaluarse voluntariamente durante ese mismo año”.
No obstante, para un segmento importante del profesorado, esta medida no les permite acceder a esta posibilidad sin sufrir un perjuicio salarial amparado en el propio Estatuto Docente y en el Ordinario (302) emitido por la Jefa del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), Francisca Díaz Domínguez, a sostenedores/as de establecimientos escolares del país.
Este Ordinario comunica la necesidad de aplicar "lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 50" del Estatuto Docente, lo cual ya ha provocado una baja salarial para docentes pertenecientes a los tramos inicial y temprano del sistema de estratificación profesional. Este artículo hace referencia a la Asignación de Reconocimiento por Docencia en Establecimientos de Alta Concentración de Alumnos Prioritarios, la cual pueden percibir las y "los profesionales de la educación que se desempeñen en establecimientos con alta concentración de alumnos prioritarios [o pobres, sin el eufemismo], y el monto fijo se reajustará en la misma oportunidad y porcentaje que las remuneraciones del sector público". De acuerdo al mencionado inciso cuarto, las y los docentes de los tramos inicial y temprano solo podrán percibir tal monto «hasta por el término de cuatro años desde que nace su derecho a hacerla exigible», condicionando así que se sitúen en un tramo superior para poder acceder a ella y, en consecuencia, se deban evaluar para intentar conseguirlo.
En conversación con Resumen, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz Marchant, indicó que han realizado gestiones en Contraloría, a partir de las cuales esperan que en septiembre el Contralor emita un dictamen que deje sin efecto lo expresado en el Ordinario 302 del CPEIP. Por otra parte, han visibilizado tal situación en el poder legislativo y, en este ámbito, el pasado 31 de agosto se aprobó en la sala del Senado dejar sin efecto tal medida, cuestión que debería ser vista por la Cámara de Diputadas y Diputados a fines de septiembre.
La situación a la que se enfrentan miles de docentes reflota uno de los problemas cruciales del profesorado en el marco de la administración neoliberal: la predominancia de las asignaciones variables en su salario y lo exiguo de la Remuneración Básica Mínima Nacional.
Foto: Profesoras y profesores manifestando su rechazo contra la Ley de Carrera Docente que impuso la estratificación profesional
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