Por Daniel Mathews/ resumen.cl

Bolivia, el mundo entero, ha despertado asombrado de que un grupo de cooperativistas haya asesinado a golpes a Rodolfo Illanes. No importa que sea o no Viceministro del Interior, que lo era. Tampoco que hubiera ido, desarmado, a buscar soluciones al conflicto, tal como ocurrió. La muerte de una persona a golpes, cualquiera sea su cargo y sus motivaciones, es una clara muestra de la calidad humana de sus torturadores.

El problema es que hay quienes ven en la palabra “cooperativa” una forma de organización solidaria de los trabajadores. Evo Morales mismo pensó que así sería, que se podría desarrollar una especie de “capitalismo popular” entregando las minas a las “cooperativas”. Pero capitalismo y popular son palabras que no cuadran entre si. Lo cierto es que las “cooperativas” son empresas, como cualquier otra, con algo de accionariado difundido, pero que explotan trabajadores, inclusive mujeres y niños en el trabajo minero.

La semana pasada los “cooperativistas” tomaron las carreteras de Bolivia con una exigencia: querían que les permitan aliarse con transnacionales. La exigencia tiene dos problemas. Uno es político. El proceso boliviano se ha iniciado para asegurar la soberanía del país y liberarse de las transnacionales. No se puede permitir que entren por la ventana los que hemos echado por la puerta. El otro es legal. Las “cooperativas” no son dueñas de la mina, son concesionarias, el dueño es el Estado boliviano. Por lo tanto no pueden compartir una propiedad que no es de ellos.

Ante la arremetida de los “cooperativistas”, que tomaron carreteras, agredieron policías, hicieron destrozos con dinamita, el gobierno asumió que era hora de enfrentarlos y apoyarse en los trabajadores. Evo Morales modificó la Ley de Cooperativas para permitir que, en aquellas donde haya personal contratado, pueda haber sindicato. Esa reivindicación mínima de la clase obrera, con siglos de antigüedad y reconocida por la OIT, produjo un nuevo levantamiento “cooperativo”.

Tienen un pliego de 24 puntos a cada cual más grosero. A parte de dar paso a las transnacionales y negar el derecho de sindicalización a sus trabajadores piden dejar de lado la fiscalización por daños al medio ambiente, entrega de nuevas áreas de explotación y cosas por el estilo.

Y la muerte del Viceministro no es su primer acto de violencia. El 23 de agosto el Gobierno decomisó dos vehículos cargados de explosivos; aprehendió a 10 mineros “cooperativistas”, además reportó que un uniformado fue herido a raíz de la explosión de una dinamita. El 24 el reportero Anacleto Mollo denuncio ese mismo día que un grupo de cooperativistas mineros atacó la Radio Andina del pueblo Challuma, en el departamento de Cochabamba, al tiempo de comenzar el bloqueo de la carretera hacia Oruro, y prohibió al personal que transmita esa movilización. El 25 fue el secuestro y asesinato del viceministro Illanes. Hay más de 200 policías heridos.

Toda esta violencia no es casual. Es parte de una política que comenzó apenas llegado Evo Morales al gobierno con el fin de desestabilizarlo y provocar un gobierno de derecha. Pero lo cierto es que a pesar de todo el gobierno boliviano sigue teniendo un respaldo mayoritario aunque gastado por algunos actos de corrupción. Será difícil para los mineros terminar con el proceso iniciado.