Por Edmundo Arlt
Con Gabriel Boric a la cabeza del Gobierno se acaba un período anómalo de la historia política chilena. Durante 16 años dos personas prometieron solucionar los problemas endógenos del orden público neoliberal sin alterarlo. Hacía falta un cambio de aceite, no de motor. Sin embargo, ambas fracasaron no una, sino dos veces. Todos esos problemas se acumularon en la Revuelta. El sistema político ante la incapacidad de solucionar todos los problemas simultáneamente, debiendo además protegerse mediante el terror, optó por una tregua en forma de redacción tutelada de una nueva Constitución. El Covid brindó la excusa perfecta para militarizar el país, establecer toques de queda y asegurar la nueva Pax que aún tiene presos políticos en calidad de rehenes. También aseguró realizar la redacción tutelada sin protesta callejera.
Esta tregua está por llegar a su fin. La redacción constitucional comenzará a configurar un texto que muy probablemente, al igual que la Constitución de Weimar, no dejará a ningún sector satisfecho. Lo que es peor, sin ningún liderazgo político que la instaure después una más que probable victoria del “Apruebo”. No hay, por ahora, algo así como un Alessandri instaurando autoritariamente la Constitución de 1925 o una Concertación junto a Pinochet instaurando autoritariamente la vigente. Aunque sea obvio para todo el mundo menos para el sistema político: las constituciones regulan el uso del poder por parte de la política y el derecho, no brindan mejores pensiones, camas hospitalarias, bancos escolares o viviendas. Tampoco altera las condiciones que posibilitan una insurrección armada indígena, la migración de cientos de miles, el comercio ilegal ambulante como única opción de subsistencia o el aumento de la pequeña delincuencia.
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Estos 16 años también demostraron otra cosa: la democracia alcanzada post reforma constitucional de 2005 no es capaz de solucionar democráticamente los problemas que genera el sistema económico. El fisco paga más dinero en pensiones que las AFP; en colegios y universidades privadas que públicas; por camas clínicas que por camas hospitalarias. Sin el dinero fiscal esas empresas simplemente no pueden subsistir. Una expansión de esos servicios sociales, no ya derechos, significa inyectar más dinero fiscal a un sector servicios de un sistema económico incapaz de crecer por sí mismo, devolviendo ese crecimiento al fisco en forma de impuestos.
Gabriel Boric y su alianza de gobierno que cada vez se configura más como una neoconcertación se encuentran ante el siguiente panorama: ser Ricardo Lagos II o Michelle Bachelet III. Si optan por la primera vía, buscarán una alianza intra-élite (“grandes acuerdos”) que se centre en llegar a una Constitución de consenso que permita su instauración vía un esfuerzo conjunto de las diferentes fuerzas políticas. Por su parte, el Gobierno deberá asegurar el Estado de Derecho del orden público neoliberal reprimiendo cualquier oposición tanto en Chile como en el cada vez más insurreccional Wallmapu. Otra imposición autoritaria. De optar por la segunda vía nos encontraremos con un gobierno que apelará a políticas públicas simbólicas de bajo costo económico mientras intenta hacer dos o tres reformas de rango medio.
Es claro que la derecha tiene su salida autoritaria a la crisis en el pinochetismo de Kast. Amenaza constantemente con esa salida al hablar de “cuidar la democracia”, “dar gobernabilidad”, “plan B” o “tener otra salida”. Sea Lagos II o Bachelet III también sabe esa derecha que explotar casos de corrupción es la mejor arma contra la legitimidad de las reformas. Sólo recuerde el MOP-Gate o el Caso Caval.
