Los golpes militares que asolaron América Latina en los años 60 y 70 del siglo pasado han sido caracterizados como “contrarrevoluciones preventivas” (1). Por Silvia Adoue
Se trataba de desarticular la posible resistencia a nuevas formas de dominación que entrarían en vigor, atendiendo a las necesidades del modelo de acumulación del capital que se consolidaría en un par de décadas. Es decir, los principales beneficiados por la interrupción de la continuidad institucional y la instauración de gobiernos militares fue el capital. Las empresas aumentaron sus lucros con las transformaciones en la organización de la extracción de riquezas.
Al terror sobre los territorios y sobre sus propios trabajadores se sumó la transferencia descarada de recursos públicos en forma de subsidios, renuncia fiscal y otras prebendas. Una vez implantadas esas nuevas formas de dominación, se retornó a los gobiernos civiles, sobre los cuales no pesaba la ilegitimidad flagrante que acumulaban los militares.
De todas las dictaduras del período, la brasileña fue la más duradera: de 1964 a 1985. Y el retorno al gobierno civil se realizó, según las palabras del general Golbery do Couto e Silva, ministro de la dictadura, de forma “lenta, gradual y segura”. La Ley de Amnistía, de 1979, operó como un dispositivo que libraba a los represores de responder por los crímenes cometidos durante el “período de excepción” (2) . A diferencia de lo que ocurrió en otros países de la región, no hubo en Brasil lo que se dio en llamar “justicia de transición”.
Recién en mayo de 2012, la entonces presidenta de Brasil Dilma Rousseff instaló la Comisión de la Verdad sobre la dictadura, atendiendo la demanda de “derecho a la verdad” de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, de la Organización de los Estados Americanos. La Comisión de la Verdad realizó una investigación, concluyendo sus trabajos con la entrega de un informe en diciembre de 2014 (3) . El levantamiento de datos fue realizado por medio de 13 grupos de trabajo. Uno de ellos, dedicado específicamente a la represión de los trabajadores y al movimiento sindical. Ese grupo de trabajo (GT), el que llevaba el número 13, tuvo inmensas dificultades para concluir su tarea en ese plazo. El principal problema no era la falta de documentos, sino su profusión y desorganización.
Corriendo contra calendario y con la participación de “investigadores de pies descalzos”, muchos de ellos viejos militantes sindicales, pudieron fundamentar la perspectiva sobre las finalidades del golpe de 1964 que apunta a su caracterización como “contrarrevolución preventiva” y a las empresas como sus principales beneficiarias. Otra singularidad de la dictadura brasileña es el proyecto industrializador que llevó adelante, a contramano de todos los procesos reprimarizadores de las economías de la región. En el período que va de 1964 a 1983, el éxodo rural resultó en la migración de 70 millones de brasileños. La población rural disminuyó de 70% a 15%. Un joven proletariado industrial se formaría en ese período. Y el proyecto de la dictadura pretendía la “modernización con seguridad”.
El GT13 continuó reuniéndose después del cierre de la Comisión de la Verdad, con gran protagonismo del colectivo Intercambio, Información, Estudios y Pesquisas (IIEP), integrado por ex sindicalistas e investigadores de universidades. Tenían no sólo indicios, sino pruebas que precisaban de mayor sistematización, sobre la participación de más de 80 grandes empresas en la represión de trabajadores y comunidades que, en los territorios, resistieron al despojo facilitado por el Estado.
El terror no sólo desarticulaba las organizaciones sindicales, sino que intimidaba para imponer una intensidad aun mayor en la explotación del trabajo. Entre esas empresas, estaba la transnacional Volkswagen. En 2016, el Ministerio Público acogió la acusación contra la empresa, buscando no sólo la divulgación de la verdad histórica, sino también acciones de reparación. El resultado fue un Término de Ajuste de Conducta que, entre otras exigencias, obligaba a la Volkswagen a destinar recursos a la continuidad de la investigación de empresas que participaron de la represión durante la dictadura y a publicar una nota en un gran diario reconociendo su participación en la represión, lo que la empresa no cumplió del todo, ya que, en el texto, se reconocía más como testigo que como culpable.
El Ministerio Público firmó un convenio con el Centro de Antropología y Arqueología Forense de la Universidad Federal de San Pablo (CAAF-UniFesSP) para utilizar los recursos entregados por la Volkswagen. El CAAF elaboró, con la colaboración del IIEP, el proyecto “Responsabilidad de empresas por violaciones de derechos durante la dictadura” que sería llevado adelante por investigadores de diferentes universidades del país. La investigación focalizó primero diez grandes empresas y realizó su trabajo desde 2021 hasta 2023. Las empresas privadas y públicas, de diversos ramos: Companhia Siderúrgica Nacional, Josapar, Folha de S. Paulo, Itaipu, Paranapanema, Fiat, Aracruz, Petrobras, Cobrasma y Cia. Docas de Santos. A comienzos de 2023 se iniciaron también investigaciones contra Belgo Mineira, Embraer y Mannesmann.
El objetivo explícito de esta campaña es de “verdad, justicia y reparación”. En la práctica, esto supone la divulgación de la responsabilidad de estas empresas y la exigencia de acciones de reparación definidas en diálogo con víctimas sobrevivientes, por un Término de Ajuste de Conducta mediado por el Ministerio Público. La ya mencionada Ley de Amnistía, de 1979, ha sido esgrimida sistemáticamente para impedir procesos criminales por delitos cometidos en el marco de la represión dictatorial en Brasil. Es por eso que se trata de exigir la responsabilidad civil y laboral de estas empresas. Los días 5, 6 y 7 de junio de 2023, fueron presentados los resultados referentes a las 10 primeras empresas, y publicada una síntesis de 327 páginas (4) a partir de todo el material probatorio reunido.
Han cambiado los fondos accionarios, los titulares y ejecutivos. La reestructuración productiva llevó a la tercerización de muchos de los servicios. Pero las empresas continúan lucrando a costa de la explotación directa o indirecta de los trabajadores, la expulsión de la población y la degradación de los territorios de extracción. Cabe preguntarse cómo podría sanarse el daño irreparable y permanente que han causado. La acumulación por despojo, la reconfiguración de las relaciones de trabajo, el deterioro del salario como mediación, el aumento de la masa marginal, la reestructuración productiva son algunas de las consecuencias de la acción conjunta de las empresas y el Estado. En el contexto del actual modelo de acumulación, en el que aumenta y se acelera el despojo de los territorios y sus gentes, el terror continúa siendo un dispositivo que no ha sido desarmado, ahora ejercido no solo por acciones ilegales de órganos legales del Estado, sino también por la mano siniestra del Estado, articulada con organizaciones paramilitares, como las milicias y el tráfico ilegal.
En todo caso, el esfuerzo por saber lo que estas empresas han hecho, impedir que sigan mintiendo inocencia es, en sí mismo, un buen comienzo. Alimenta las luchas por la recuperación de los territorios para la vida y califica el combate al capital.
NOTAS:
(1) Ver: FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil. San Pablo: Globo, 2006. Ver también: WALSH, Rodolfo. Carta abierta a la Junta Militar. Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/fullscreen/show/22840
(2) Ver: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6683.htm#:~:text=1%C2%BA%20%C3%89%20concedida%20anistia%20a,de%20funda%C3%A7%C3%B5es%20vinculadas%20ao%20poder
(3) Ver: http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/index.php/outros-destaques/574-conheca-e-acesse-o-relatorio-final-da-cnv
(4). Ver: https://www.unifesp.br/reitoria/caaf/images/CAAF/Empresas_e_Ditadura/InformePublico.pdf
Foto: Abaixo a Repreçao (Abajo la represión). Fuente: La Diaria.
