Familiares y amigos de los muertos y desaparecidos durante la dictadura en Brasil -cuyo inicio cumple 50 año- llevan a cabo una  lucha porque se reconozca a los militantes que sufrieron tal suerte, por localizar sus cuerpos y por desmentir las versiones dictadas desde los gobiernos.

Brasil, 31 de marzo de 1964: militares y civiles iniciaron las movilizaciones para el golpe de Estado contra el presidente João Gulart. Bajo el discurso de la defensa de la democracia y protección contra la “amenaza comunista”, los golpistas instalaron una dictadura en el país y la mantuvieron por 21 años. Al frente del proceso, las fuerzas armadas desencadenaron una guerra contra los ciudadanos involucrados (o permanentemente involucrados) en las más variadas actividades políticas. Para reprimirlos se instaló un extenso y articulado sistema de espionaje y represión, el cual actuó movilizando, simultáneamente, métodos legales e ilegales. Podían detener “sospechosos”, amparados en las leyes de excepción, o simplemente secuestrarlos. A pesar de que el término “desaparecido” está actualmente asociado a la presunción de la muerte de aquellos que, una vez secuestrados, no fueron vistos nunca más, es necesario recordar que todos aquellos que fueron presos de manera ilegal estuvieron momentáneamente desaparecidos hasta oficializar su prisión o muerte. El uso sistemático de la tortura y métodos clandestinos de actuación institucionalizó un sistema de desapariciones que permitió a la dictadura hacer del terror el principal medio de disuasión de los conflictos políticos.

A pesar de la violencia política que caracterizó al periodo, en Brasil, como en todas partes, el pasado es un territorio en disputa. Muchos brasileños prefieren calificar el proceso como una “dictablanda”, operando una matemática perversa según la cual los cerca de 500 muertos y desaparecidos contabilizados, comparados con las otras experiencias autoritarias, surgen como un número menor. Para aquellos que pretenden construir una memoria crítica de los años represivos, se trata de enfatizar que la dictadura brasileña detuvo, torturó, desapareció, persiguió, despidió, censuró, cazo y exilió extensivamente a sus opositores. Se trata de un contingente bastante amplió de ciudadanos perjudicados que hasta hoy no han sido calculados de manera consistente.

En 2014, el golpe cumplió 50 años. Al mismo tiempo, el país acompaña los trabajos de un conjunto de comisiones de la verdad, instaladas para investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en el periodo. Como consecuencia, estamos inmersos, tal vez como nunca, en acalorados debates sobre nuestro pasado. En ese contexto, centenas de actos, marchas, seminarios, debates, actividades culturales y el llamado “escrache” a torturadores se realizan en todo el país. En la ciudad de São Paulo, se realizó un gran acto en el estacionamiento de la Delegación 36 de la policía -que en el pasado fue las instalaciones de uno de los más importantes centros de secuestro, tortura y asesinatos de los opositores políticos del periodo, la temida OBAN (Operación Bandeirantes). La intención del acto fue recuperar simbólicamente esa memoria en el espacio que sirvió a la tortura y el exterminio, resignificarlo como un lugar de homenaje a los que ahí perecieron o sobrevivieron, ocuparlo con carteles y fotografías de muertos y desaparecidos para subrayar la existencia de demandas por el  reconocimiento, la reparación y la búsqueda de los responsables aun pendientes, resumidas en la bandera política: “Memoria, Verdad Y Justicia”.

Entre los diversos actores sociales que hoy movilizan esas banderas se destacan las organizaciones formadas por ex presos políticos o familiares de los muertos y desaparecidos políticos. Conocer a esos militantes posibilita escuchar historias no sólo sobre el dolor de sus pérdidas, sino también sobre su frustración por el hecho de que, a lo largo de estos años democráticos, hay pocos espacios públicos para la exposición de sus sufrimientos. A pesar de la diversidad en términos de clase social, posiciones políticas y hasta de historias de vida, estos militantes se sienten cercanos entre ellos por compartir una trayectoria de resistencia a la dictadura, como dicen, fracturada e interrumpida por la violencia. Pero no sólo es su dolor común lo que los une, sino los esfuerzos que han sido capaces de articular en conjunto a lo largo de estos años para encontrar a los desaparecidos, descubrir las circunstancias de las muertes y exigir justicia; sus historias personales se entrelazan. Para entender su lucha, es necesario acercase a esas historias.

Beth, militante del grupo Tortura Nunca Más de Río de Janeiro, es hermana del desaparecido político Luiz René Silveira e Silva. En los actos a los cuales asiste, al igual que otros de estos familiares, viste una camisa con la fotografía del hermano. En la imagen, observamos un joven de sólo 14 años. Comparada con las demás fotografías, la de René sorprende por ser la de un niño. Beth explica que no tenía otra. Él dejó a su familia para irse rumbo a la región de la Araguaia, al norte del país, donde su partido, el Partido Comunista de Brasil, pretendió implementar un foco guerrillero, y fue orientado a destruir sus fotografías. La madre intentó recuperar una reciente en los registros de la escuela de Medicina que el cursó antes de irse, pero la policía ya había estado en el local y confiscado todo, incluso sus documentos.

Alguna vez, Beth intentó contar cómo era lidiar con ese sufrimiento, con esa ausencia siempre presente. Lo definió como una presencia fantasmagórica. Su madre murió con la esperanza de que René pudiera volver; tal vez estaría sin memoria en algún lugar de Amazonia, en un hospital, en una villa, pero algún día podría acordarse de la vida que dejó y hablar a la casa, intentar volver. Por eso, ella se murió sin cambiar el teléfono de su casa. Beth, por respeto a su mamá, aún lo mantiene. La mamá se murió hace 20 años, sin creer en la muerte del hijo. Beth apunta que, por lo menos, evitó saber las historias que vinieron después: que René murió al ser aventado de un helicóptero, o no, que su cabeza fue cortada, que su cuerpo fue desmembrado o, la historia más absurda de todas: que estaría vivo, trabajando en un banco o como burócrata, llevando otra vida, con otra familia y otro nombre. Ninguna de estas noticias ha sido confirmada.

El resentimiento que Beth tiene con los sucesivos gobiernos democráticos es que los cuerpos pudieron ser localizados para que fueran enterrados con dignidad, además de explicar a las familias cómo murieron. Para Beth, la única manera de vivir con esto es pensar, como le dijo su hija un día, que eso ya pasó. El sufrimiento de él ya se fue, se acabó, el ahora es suyo.

Al igual que su hermano, Beth militaba en el Partido Comunista de Brasil durante la dictadura. Ella no fue para Araguaia y se quedó en Rio de Janeiro, en donde vio a su compañero ser preso y muerto en 1973. Pasó años sin tener ninguna noticia de su hermano, sin siquiera saber para donde fueron él y los compañeros. Fue hasta el inicio de la apertura política que las primeras noticias comenzaron a llegar, dadas por los pocos militantes sobrevivientes. Hasta entonces, la muerte de los guerrilleros empezó a hacerse realidad, aunque de forma incierta.

Criméia Almeida Teles, actualmente integrante de la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos, fue una de estas sobrevivientes de la guerrilla. Después de salir de la región, fue aprehendida en São Paulo, donde la torturaron embarazada junto con su hermana, Amelinha Teles, y el cuñado, en la OBAN; después fue torturada sola en Brasilia. Parió en un hospital militar bajo amenazas constantes, fue cosida sin anestesia y separada del hijo a quien no pudo amamantar. Liberada después de varios meses, tuvo que buscar a sus sobrinos, que vivían con una familia de militares desde que hermana fue detenida. Su compañero y el padre de su único hijo, Andre Grabois, también es un desaparecido.

Las historias contadas sobre la guerrilla de Araguaia por los sobrevivientes, familiares, militares y otros actores son tal vez el ejemplo más extremo del carácter fantástico de las narrativas sobre la militancia y la represión. Los guerrilleros que estuvieron aislados en la selva son personajes de muchas historias de los campesinos de la región que, hasta hoy, hablan de su “encantamiento”. Otras historias atestiguan el uso de napalm por el ejército, la construcción de campos de concentración, el control sobre el flujo de los campesinos por medio de “guías de marcha” y el reclutamiento de indígenas, que algunos dicen fue de forma obligada, para cortar las cabezas de los emboscados. Los muertos y desaparecidos llenan historias tan fantásticas como inciertas. No porque no hayan ocurrido, sino por la violencia excesiva que provoca incredulidad y terror, son narrativas elaboradas en el límite de lo que podemos distinguir como ficción y realidad. Fuerzas fantasmagóricas, como las definió Beth, para quien el hermano desaparecido es del reino de las (in)certezas. Ni vivo ni comprobadamente muerto, una muerte sin pruebas, sin circunstancias, sin cuerpo. Todo sufrimiento imaginado sobre su muerte es asumido por la hermana en vida.

Sin una comprobación material de la muerte, los familiares no pueden iniciar el periodo de luto, cuando la realización de las obligaciones y los ritos con los muertos condensan el tiempo y el sufrimiento, permitiendo la elaboración de la pérdida. Para ellos, el luto está suspendido. Sin noticas sobre la muerte por muchos años, esperan el regreso. Buscan información sobre los detalles de la desaparición y tal vez de la muerte, empezando a convencerse de que tal vez podría haber ocurrido, y luchan para recuperar los cuerpos y conseguir justicia. Procesos semejantes ocurren con los familiares de aquellos que han recibido cuerpos, pero desconocen las circunstancias de las muertes o, algunas veces, los recibieron en cofres sellados y los enterraron sin haberlos visto.

Hay una temporalidad a lo largo de la cual la desaparición se conforma como muerte, y los muertos y desaparecidos políticos se constituyen como categoría central de la denuncia de los familiares. En el lugar del luto surge la lucha. Estrategias individuales y colectivas movilizadas por estos actores para operar la reconstrucción de una realidad social fracturada. Basado en el sufrimiento común, en los lazos de parentesco con los muertos y desaparecidos, pero también en la identidad de militantes que comparten con ellos, los familiares de los muertos y desaparecidos políticos de Brasil se constituyen como una comunidad moral, sujetos del conocimiento, de la denuncia y de estrategias políticas de lucha por reconocimiento. Al mismo tiempo en que la expresión pública de sus demandas, testimonios e investigación son reconocidas como una forma de hacer política, también han logrado constituir a los muertos y desaparecidos como categoría a partir de la cual, la reconstitución de narrativas sobre la dictadura se dirige hacia la búsqueda de responsabilidades.

El parentesco, asociado a la idea de sufrimiento y pérdidas personales, entendidas (y movilizadas) como elementos de la dimensión privada, vuelve moralmente incontestable el derecho de algunos actores a reivindicar públicamente la memoria de los muertos y exigir justicia. Sin embargo, no son sólo los lazos de parentesco, sino la lucha establecida por los familiares que las organizaciones y actores sociales movilizan socialmente para legitimar su actuación, como exigir justicia cuando hacerlo era considerado “locura” y “revancha” y, sobre todo, producir conocimiento y denuncia cuando, aun en el periodo democrático, los asesinatos y las desapariciones perpetradas por la dictadura no fueron vistos como crímenes de lesa humanidad, ni siquiera considerados problemas sociales que demandaran políticas públicas, sino problemas familiares.

A lo largo de estos años, se aprobaron algunas leyes relativas al tema. En 1995, la Ley Numero 9.140, además de crear la figura jurídica de los muertos y desaparecidos políticos, reconocer como muertos a los desaparecidos, proveer indemnizaciones y certificados de defunción a los familiares, creó la Comisión Especial sobre Muertos y Desaparecidos Políticos (CEMDP). Este fue el primer espacio institucional en donde las circunstancias de las muertes y desapariciones, que deberían ser investigadas y comprobadas por los familiares frente a la comisión, se reconocieron “oficialmente”. En el 2001, una comisión similar, la Comisión de Amnistía, fue creada para reparar los daños a los ex presos y perseguidos políticos. Sin embargo, solo hasta 2009, la necesidad de investigar, reconocer y reparar las violencias cometidas en la dictadura fue incluida en el Plan Nacional de Derechos Humanos del país. Hoy, memoria, verdad y justicia son nociones movilizadas no sólo por los movimientos sociales de familiares y sobrevivientes, sino por otros militantes, así como por actores ligados a instituciones del Estado.

Al platicar con los familiares sobre este tema, es común escucharlos reivindicar su protagonismo, afirmando que todo esto se debe a su lucha. A lo largo de los años, ellos se han reunido, organizado, juntado documentos, testimonios y evidencias. A través de sus iniciativas e investigaciones, se abrieron procesos civiles, ya que los procesos criminales no son aceptados por la existencia de la Ley de Amnistía que, en la interpretación de hoy, impide el castigo de los ex agentes del Estado. Se descubrieron fosas clandestinas, se localizaron cuerpos y documentos, se desenmascararon falsas versiones de muertes por balanceras, suicidios o atropellamientos – las versiones preferidas por el régimen para explicar muertes por tortura. Organizados en entidades como los grupos Tortura Nunca Más o la Comisión de Familiares de Muertos y Desaparecidos Políticos, estos militantes constituyeron a los muertos y desaparecidos políticos como una categoría clave de sus narrativas sobre el periodo, comprendieron su actuación como una militancia contra el olvido y una disputa por la memoria de la sociedad, en la que los homenajes, como los que hoy sse realizan por los 50 años del golpe, son parte esencial de la consolidación de las biografías tanto de los muertos y desaparecidos como de los propios familiares y sobrevivientes.

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http://desinformemonos.org/2014/04/en-brasil-el-pasado-es-un-territorio-en-disputa/