[resumen.cl] Luego de seis meses de investigación, el Senado brasileño aprobó un informe que establece que el ultraderechista presidente Bolsonaro, y otros altos funcionarios de gobierno, cometieron nueve crímenes diferentes en relación a su desastroso manejo de la pandemia que tiene al país en el tercer lugar de muertes en el mundo con más de 600 mil, por lo que ahora será remitido al Poder Judicial.
Una comisión del senado brasileño investigó a Jair Bolsonaro, señalando que se le imputen al menos nueve delitos, entre ellos "crímenes contra la humanidad" y favorecer una "epidemia", discurso negacionista antisanitario que está asumiendo toda la ultraderecha a nivel iberoamericano.
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El informe redactado por el senador Renan Calheiros, contiene graves acusaciones contra Bolsonaro, varios de sus ministros y otras autoridades del Gobierno, empresarios vinculados al oficialismo y activistas de la ultraderecha negacionista.
La comisión comenzó a funcionar el 27 de abril y desde entonces celebró 67 audiencias, en las que ha escuchado el testimonio de casi un centenar de personas, incluidos ministros y altos funcionarios de gobierno, así como documentos electrónicos.
Tras seis meses de trabajo, la instancia concluyó que el gobierno federal expuso "deliberadamente a la población al riesgo concreto de infección en masa", por lo que pide la imputación judicial de Bolsonaro y otros 67 funcionarios, incluyendo varios ministros, exministros y así como tres hijos del mandatario.
Finalmente, la tarde de ayer martes 26 la comisión del Senado aprobó por amplia mayoría el informe que acusa al presidente Jair Bolsonaro de haber cometido nueve delitos diferentes por siete votos contra cuatro. La votación concluyó con un minuto de silencio en memoria de los más de 606.000 muertos por la Covid-19 que lleva Brasil.
Bolsonaro, fue acusado de nueve delitos: epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, uso irregular de fondos públicos, incitación al delito, falsificación de documentos, charlatanismo, prevaricación, crimen contra la Humanidad y crimen de responsabilidad.
Según Calheiros, han sido constatadas numerosas irregularidades, que van desde la imposición en la red de sanidad pública de remedios sin eficacia comprobada contra la Covid-19 hasta fuertes sospechas de corrupción en la negociación de vacunas.
"Vimos delitos aterradores y barbaridades inhumanas, desprecio con el dolor y escarnio con la vida; las atrocidades cometidas por este Gobierno no se olvidarán, nosotros no las olvidaremos, el caos del Gobierno de Jair Bolsonaro entrará en la Historia como el escalón más bajo de la indigencia humana y civilizatoria", criticó.
También se hallaron graves indicios sobre una red de activistas de ultraderecha que, en supuesta coordinación con funcionarios del Ministerio de Salud y de la propia Presidencia, difundieron información falsa sobre la pandemia, minimizando su gravedad.
En este sentido es que apuntan a que además de un "deliberado atraso" en la compra de vacunas, "se comprobó la existencia de un gabinete paralelo [que asesoraba al gobierno], la intención de inmunizar la población mediante el contagio natural, se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimularon las medidas no farmacológicas".
La comisión no tiene las atribuciones para presentar denuncias al Poder Judicial, pero su informe será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos.
Por su parte, Bolsonaro desestimó el informe del Senado asumiendo una postura similar a la de Donald Trump en cuanto a plantear que todo se trata de una jugada de la izquierda para destituirlo. Cabe de estar que la ultraderecha está asumiendo un discurso negacionista de la pandemia a nivel iberoamericano, promoviendo la falta de medidas de control sanitario, vacunación y de promoción de salud, llevando a cientos de miles de personas a la muerte y a consecuencias graves tras enfermarse.
Por su parte, el informe ahora será remitido a las instancias judiciales que pueden presentar denuncias contra Bolsonaro y el resto de señalados, como la Procuraduría General de la República, las fiscalías de los estados y la Corte Penal Internacional, con sede en la ciudad holandesa de La Haya.
