El bukelismo endurece su régimen en El Salvador con nuevas medidas represivas: la detención arbitraria de la abogada Ruth López y la aprobación de un impuesto del 30 % a las donaciones internacionales recibidas por organizaciones civiles, reforzando así el blindaje autoritario del gobierno de Nayib Bukele.
El régimen encabezado por Nayib Bukele en El Salvador ha optado por desplegar una ofensiva contra voces críticas a su administración.
Durante las últimas semanas, el bukelismo ha corrido aún más el cerco de la represión material e institucional, realizando dos acciones concretas que dan cuenta de aquello.
La primera, guarda relación con la detención de la reconocida abogada Ruth López Alfaro, abogada de la organización Cristosal, que ha documentado casos de vulneraciones durante el régimen de Bukele. Asimismo, la abogada ha presentado denuncias y entregado luces respecto a indicios de corrupción que involucran a Presidencia. En este contexto, el pasado domingo fue detenida bajo acusaciones sobre las que no han presentado pruebas alguna.
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Ya en 2022, Cristosal -junto a la ONG Human Rights Watch- publicó un informe donde se «documenta violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción, que la Asamblea prorrogó ocho veces y se encuentra vigente al momento de la redacción de este informe», los cuales incluyen detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y torturas, además de negligentes procesos como muertes bajo custodia policial.
Pero este no es el único batatazo que Bukele emprende en total impunidad. El 13 de mayo, Presidencia anunció la Ley de Agentes Extranjeros, mediante la cual «impondrá un impuesto del 30 % sobre las donaciones que reciben las organizaciones de la sociedad civil», señala el medio salvadoreño El Faro.
Una semana después, el 20 de mayo, la propuesta fue aprobada por la Asamblea Legislativa, donde el bukelismo domina mediante la presencia del partido Nuevas Ideas. Esto, limita profundamente el apoyo que puedan recibir organizaciones que, por años, han acompañado a comunidades y monitoreado los procesos políticos que se han desarrollado en El Salvador.
Esto último, ha sido una lógica con progresivo auge en América Latina, donde se ha desarrollado una escalada de discursos contra las organizaciones de la sociedad civil, como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG).