El Cabildo Ciudadano de Chillán Viejo, presidido por el Alcalde de la comuna, Felipe Aylwin y el presidente de BioBio Orgánico, Guillermo Riveros, acordó el sábado 2 de abril demandar a los parlamentarios asumir nuevas indicaciones al proyecto de ley sobre transgénicos que se tramita en el Senado (Moción de Bioseguridad), ahora referidas a  una moratoria total a la introducción de los transgénicos en Chile, y al etiquetado de los alimentos transgénicos importados.  Al mismo tiempo, la propuesta paralela del cabildo a este planteamiento de rechazo a las indicaciones del gobierno que buscan legalizar esos cultivos – desde electores de una zona netamente campesina con la mayor producción orgánica y agroecológica del país - es  fortalecer desde todos los ámbitos y quehaceres, el desarrollo de la agricultura orgánica y agroecológica para lograr la soberanía alimentaria, asegurar el derecho de los productores a escoger sus cultivos,  preservar el libre acceso a la semilla,   y garantizar a los consumidores la opción de  comer alimentos sanos, culturalmente apropiados, y libres de plaguicidas y transgénicos.

Representantes de sindicatos campesinos,  productores(as) orgánicos, biodinámicos, de la permacultura; organizaciones de consumidores y comercio justo; profesionales de la salud, apicultores, dueñas de casa, periodistas, portuarios, profesores, maestras de yoga, estudiantes y ambientalistas; jóvenes y adultos mayores, acordaron hacer presente estos acuerdos a los legisladores de la zona y en especial a la senadora Ximena Rincón, de la vecina región del Maule. El lunes 4 de abril – último día en que se pueden presentar indicaciones a esta ley en el senado – la  senadora  entregará en La Moneda un petitorio junto a miembros de la sociedad civil convocados por el mismo tema. Entre las indicaciones que el Cabildo pide incluir para sustituir las indicaciones del gobierno, está solicitar que los términos de referencia de las licitaciones públicas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas JUNAEB incluyan como requisito el origen no transgénico de los alimentos o  la procedencia de países donde esos cultivos no estén autorizados. Ello sería coherente- se comentaba en los pasillos- con la campaña nacional que desarrolla el gobierno por alimentos sanos publicitada en la televisión, ya que actualmente la dieta de escolares incluye soya transgénica importada de Argentina y no se ha logrado nunca que una municipalidad acepte abastecerse al menos parcialmente con productos locales producidos en forma sana. En el cabildo se denunció la actuación del alcalde de El Carmen que ha negado esa posibilidad. Se mencionaba que en países como Bolivia, Ecuador o Venezuela la agricultura orgánica cuenta con apoyo estatal que asegura alimentación sana para los menores abasteciendo a los comedores con esos productos.

Lo nuevo en Chillán Viejo

“Abro las puertas de Chillán Viejo para construir ese mundo, para refundar un nuevo país, en conjunto con ustedes desde esta comuna que es la cuna de la Patria, pero también la cuna de lo nuevo, de un mundo diferente que queremos para todos, en el cual se respete las semillas que Dios puso aquí, para lograr que lo natural siga existiendo”, expresó el alcalde Aylwin (independiente) al inaugurar el cabildo, mientras Guillermo Riveros abría el debate dando la bienvenida a todos y especialmente a los representantes de las federaciones Ñuble y Ranquil. Por primera vez  se unían en un frente común los productores orgánicos y biodinámicos con  los pequeños productores campesinos que practican la agroecología y defienden la soberanía alimentaria, hasta ahora ausentes en el incipiente debate sobre transgénicos.

En el cabildo sostuvo el edil chillanvejano: “Necesitamos la unión de todos para impedir el avance de los transgénicos, porque detrás de este proyecto sólo hay ambiciones personales para aumentar la exportación. A los grandes intereses económicos representados por las transnacionales, no les interesa cuidar nuestro patrimonio. Los que estamos aquí estamos tomando conciencia de los posibles efectos de esta tecnología, estamos haciéndonos más conscientes de lo que sucede con nuestras vidas, con nuestro cuerpo y con la sociedad por la forma que estamos viviendo y alimentándonos, que no se corresponde con el mandato de la naturaleza. Hoy estamos fijando una ruta para el futuro, para impedir que de los cultivos transgénicos se pase a la autorización de mutaciones genéticas para lograr la selección de personas, a partir de criterios como qué es o no hermoso y qué es lo mejor para hacer negocio. ”

Al mediodía el alcalde había  compartido  impresiones en la feria de productores orgánicos, donde degustó jugos de arándonos,  compró vino orgánico para su señora y recibió de obsequio el libro “Chile: La Semilla Campesina en Peligro”, de Lucía Sepúlveda. Así los vecinos y las productoras agroecológicas del sector Rinconada de la comuna de El Carmen, de la Federación Campesina Ñuble, y miembros de la Unión comunal de Juntas de Vecinos de Chillán conocieron a un alcalde vegetariano y defensor de los derechos de los animales, que impulsa la plantación de árboles nativos en las calles y escuelas de su comuna y está dispuesto a convertir Chillán Viejo en una comuna agroecológica que apoye decididamente la producción limpia y se convierta en un referente para otras municipalidades del país.

Intervinieron en el cabildo ciudadanos provenientes, de diversas comunas de Ñuble, Linares, Concepción y Talcahuano así como representantes  de redes y organizaciones que van desde las regiones  de Valparaíso y Maule hasta el sur de Chile,  luego de informarse sobre el proyecto de ley que el gobierno impulsa y cuyo debate se iniciaría esta semana en la Comisión de Agricultura del Senado. El debate se extendió al proyecto de ley de privatización de la semilla nativa –o Derechos de Obtentores Vegetales- también en discusión en el Senado. A las documentadas  presentaciones relativas al impacto de los transgénicos en la agricultura campesina, a cargo de Gabriel Riveros (Federación Campesina Ñuble); en la apicultura, de Patricio Ortiz (CET Sur), y en el comercio, desarrollada por Héctor Ramírez (Gaia),  siguió un análisis del proyecto del gobierno, las indicaciones sustitutivas a la Moción de Bioseguridad, presentado por Lucía Sepúlveda (Alianza por una Mejor Calidad de Vida).

El proyecto “express” del gobierno

El proyecto de gobierno fue descrito como una vía rápida o express para la aprobación de los transgénicos en medio de la desinformación ciudadana y sin garantías de protección a la biodiversidad, violando el derecho ciudadano a saber y beneficiando solamente a las autoras/beneficiarias del proyecto, las transnacionales productoras de semillas transgénicas (Monsanto, Syngenta y DuPont/Pioneer) y de plaguicidas que acompañan ese paquete tecnológico. La iniciativa deja las decisiones sobre autorizaciones (artículo 27) en manos  del Servicio Agrícola y Ganadero SAG, un servicio sin competencia ni capacidad instalada para una tarea nacional de esa complejidad y trascendencia. Incoherencias como el hecho de que la ley enuncie como objetivo (artículo 1) la regulación de los alimentos transgénicos y en cambio sólo contenga un etiquetado voluntario sujeto a sanciones para los alimentos no transgénicos (artículo 17),  provocaron la hilaridad de la concurrencia.

La ley implícitamente respalda el criterio de la “equivalencia sustancial” de los alimentos transgénicos con los convencionales, una teoría añeja, sin respaldo científico, desechada en los países europeos con que Chile comercia, donde el etiquetado de los transgénicos es obligatorio. También se aludió al “Sí pero No”, para graficar que el articulado del proyecto sostiene que no habrá cultivos transgénicos en centros de origen de especies o en áreas protegidas, pero en las líneas siguientes habla de que el SAG sí podrá autorizarlos discrecionalmente en casos excepcionales; o que se suprima de la antigua Ley de Medio Ambiente (Nº19.300) la Evaluación de Impacto Ambiental para los transgénicos, pero nada se diga de la nueva Ley de Medio Ambiente que mantiene esa medida. Se calificó como una farsa el tipo de participación ciudadana contenido en el proyecto, sin acceso asegurado a la información sobre la autoevaluación de riesgo del proponente (conflicto de interés), ni a las características del transgénico o al lugar en que se localizarán los cultivos (artículos 7,10 y 15). También hubo críticas a que la ley no se refiera al riesgo de contaminación irreversible de cultivos orgánicos y convencionales por los transgénicos ni contemple compensaciones por ello, y se llamó la atención al hecho de que se impone de hecho la coexistencia entre ambos tipos de cultivos, opción que se ha demostrado como imposible en España, México o Canadá (caso de la linaza) donde la coexistencia ha sido sinónimo de contaminación encareciendo los costos de los productores convencionales y orgánicos. Todo ello constituye, según se expresó, un pésimo negocio para Chile tanto por la amenaza a la biodiversidad y a la salud de las personas como por los efectos económicos,  dado el peso de las exportaciones de la agroindustria, que perderán su denominación de origen como país libre de transgénicos, por ejemplo en el caso del vino y la uva de mesa.

Curadoras de semillas

Concluyeron los presentes asimismo en la Casa de Cultura chillanvejana que los proyectos analizados constituyen una amenaza a nuestro patrimonio genético custodiado por los campesinos y especialmente por las mujeres rurales e indígenas,  y a la salud de las personas por el mayor uso de plaguicidas que acompaña estos monocultivos, como ya se ha visto en Argentina. Jacqueline Arriagada, de Quillón, dirigenta de ANAMURI, intervino a nombre de la Red de Mujeres Protectoras de la Biodiversidad relatando que como parte de la resistencia que llevan adelante contra estas leyes, están realizando escuelas de curadoras de semillas. Aludió a la experiencia vivida en Brasil donde las mujeres presentes en la cumbre de los pueblos paralela a la Conferencia de las Partes COP 8, lograron que se mantuviera la moratoria a la semilla Terminator, una semilla estéril que las transnacionales trataban de imponer. Sostuvo finalmente que aquí es necesario construir una alianza campo-ciudad para que el movimiento social tenga también esa fuerza e imponga en los hechos la moratoria. “Tenemos que volver a mirarnos, y sumar fuerzas” dijo la dirigenta que garantizó que las mujeres seguirán manteniendo la semilla en poder de los pueblos originarios, los campesinos y campesinas, y la compartirán con quienes ellas decidan.

-- Lucía Sepúlveda Ruiz

www.periodismosanador.blogspot.com

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