California: una solución oculta
El cuco de la crisis energética con que gobierno y empresarios del rubro alarman a la población y auguran como ineludible si no se les permite instalar sus proyectos, se devela como un grosero chantaje sobre la ciudadanía. En rigor, esos dichos no constituyen más que una amenaza y la crisis un fantasma. No es nada nuevo; se trata del viejo método de la extorsión.
Algo parecido se producía en el Estado de California, Estados Unidos, hace 40 años. Hasta 1974, la demanda eléctrica en California crecía a un ritmo del 7% al año, lo que representaba un índice altísimo e insostenible. Crecimiento que estaba determinado por los planes de desarrollo de las empresas ligadas a la energía y por las demandas de industrias, mineras y agro exportadora. Junto con esto, se daba la característica de sufrir constantes apagones y cortes de suministro que se producían a causa del excesivo consumo. Por otra parte, el 75% de la energía que se generaba se producía en centrales termoeléctricas que operaban en base a petróleo y carbón; el resto se generaba con hidroelectricidad.
En ese cuadro de creciente demanda, las empresas del rubro, augurando una inminente crisis a corto plazo, tenían proyectada la construcción de unas 20 plantas nucleares y termoeléctricas y exigían la creación de una agencia que concentrara el otorgamiento de los permisos de construcción, producción y comercialización de la energía; es decir, chipe libre con una especie de repartidora de mercado para el usufructo compartido entre los monopolios de las utilidades que producía el negocio de la energía.
Por su parte, los grupos ambientalistas, organizaciones sociales de vecinos y consumidores, exigían bajar las tasas de crecimiento del consumo mediante programas de eficiencia en el uso de la energía; terminar con la opción nuclear y termoeléctrica de producción energética mediante el uso de alternativas renovables; evaluar de manera independiente la demanda y el suministro de energía de modo de abaratar los costos para el consumidor final.
Una decisión política
En este escenario, se produce un intenso debate público sobre la cuestión de la energía, en que predomina la posición que aboga por la diversificación de fuentes, el cuidado del medio ambiente y el consumo eficiente. Como resultado de este debate político-social, en 1975 el Estado de California decide la creación de la Comisión de Energía de California, CEC (California Energy Commission) y el inicio de un programa de ahorro de energía y de eficiencia energética. Este programa, impulsado por el gobernador demócrata Jerry Brown, estaba destinado a reducir los costos y reducir los niveles de consumo de energía.
Los objetivos que se proponía la CEC eran convertirse en el único organismo facultado para evaluar la necesidad de construcción de nuevas plantas productoras de energía. Pero, estas evaluaciones serían hechas incorporando valoraciones medio ambientales, ingenieriles y de orden económico. Es decir, deja de ser el mercado y los supuestos de demanda los que determinan las necesidades energéticas.
Junto al objetivo principal, la CEC tenía la misión de realizar evaluaciones bianuales de las necesidades de suministro y de demanda para, según ello, realizar las planificaciones que se desprendieran del diagnóstico. La CEC también estableció normas y programas de eficiencia, programas de fomento de tecnología para el desarrollo de energía renovables (eólica, solar, etc.), programas de desarrollo de tecnologías para regular el suministro y la demanda. Asimismo, se definieron normas de eficiencia para las empresas distribuidoras de energía, normas de eficiencia para la construcción (de viviendas, edificio, etc.), normas de eficiencia de aparatos eléctricos; todos aspectos que tienen que ver con el consumo y ahorro energético.
Resultados tangibles
Ya para 1990 los resultados en la gestión de la CEC eran evidentes. El crecimiento de la demanda se había reducido a un 2% anual; el suministro se había reducido a un 75% en base a los programas de eficiencia energética; y, lo más significativo, no se construyeron nuevas plantas ni nucleares ni termoeléctricas en base a carbón. Esta tendencia se ha seguido manteniendo.
También en 1990, la Comisión de Servicios Públicos de California, CPUC, estableció un impuesto a las empresas monopólicas ligadas a la energía (generación, transmisión y distribución) destinado a crear un fondo de beneficios denominado Cargos de Beneficio Público, PBC (Public Benefits Charge). Este impuesto se traduce en el pago de entre uno a tres centavos de dólar por kilowatt hora como parte de las cuentas mensuales, lo que permite reunir sobre los 300 millones de dólares al año que se destinan a generar normativas y programas de eficiencia energética y eléctrica.
Este impuesto ha ido en beneficio directo de una población de 35 millones de personas, con una tasa de 1,5% de crecimiento anual para un aumento del consumo eléctrico de solo 1,5% en la última década, según datos y registros de la propia CEC.
La CPUC y el fondo PBC, llamado también Fondo Verde, han ayudado a ahorrar más de 118 Tera Watts/Hora (TWH), lo que resulta suficiente para proveer de energía a 18 millones de viviendas por año, rebajando de paso las cuentas de luz en casi 10 billones de dólares, sin rebajar en nada la calidad de vida de los habitantes.
Más beneficios directos
Desde la creación de la CEC, y la posterior creación y gestión de la CPUC y el impuesto PBC, se ha evitado generar más de 18 millones de toneladas de gases de efecto invernadero (CO2) por año; lo que equivale a retirar unos 12 millones de autos de circulación. La aplicación de los diversos programas de ahorro y eficiencia de la CEC, en los primeros 30 años (hasta el 2005), permitió ahorrar 40 TWH y 12 Giga Watts (GW) en tres grandes áreas de trabajo: programas de ahorro, normas de edificación y etiquetado de electrodomésticos.
Durante este período, el consumo eléctrico per cápita en California prácticamente se ha mantenido constante en 35 años, pasando de 6 mil GW a 7 mil GW, en contraste con un incremento del 50% en el resto de Estados Unidos, que subió el consumo de 8 mil a 12 mil GW.
Sin embargo, el “Modelo California” ha permanecido en la oscuridad. Al empresariado estadounidense, o de cualquier lugar, no le resulta grato que un modelo alternativo a su modelo de negocio se muestre eficiente. Por lo mismo es que no solo se han preocupado de ignorar la experiencia californiana sino de darle batalla, tratar de desestabilizarla y hacerla inviable. Mal que mal, ellos siguen siendo los dueños del negocio energético. Es lo que ocurrió, por ejemplo, a comienzos del 2000 cuando las empresas ligadas al negocio intentan crear una crisis provocando apagones e inflando artificialmente los precios basados en el dato global de los altos costos que implicaba la producción de energía; la trampa estaba en que esos costos se generaban en el resto de Estados Unidos (y no en California), se fundaban en la proliferación de plantas nucleares y en el arbitrio del modelo de negocio. Esta artificiosa “crisis” fue oportunamente contenida y derrotada.
Lo que demuestra el modelo californiano es, en primer lugar, que las crisis energéticas que auguran empresarios y políticos a su servicio no son más que extorsiones y chantajes que buscan asegurar las rentabilidades de un modelo de negocio arbitrario y abusivo; en segundo lugar, que es posible definir un patrón o matriz energética alternativo que no solo resuelva los problemas de energía de un territorio sino que se puede hacer con eficiencia y ahorro como premisa básica.
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